Juan Carlos I ordenó en Zarzuela "crear una estructura" para ocultar dinero saudí en Suiza, según el abogado Canónica
El presunto testaferro del rey emérito cuenta ante el fiscal helvético las directrices que recibió para gestionar cerca de 100 millones.
El rey Juan Carlos ordenó “crear una estructura” desde Zarzuela para gestionar y resguardar en Suiza los cerca de 100 millones que recibió procedentes de Arabia Saudí, según declaró ante la Fiscalía helvética el abogado Dante Canónica, presunto testaferro del monarca.
La Justicia suiza y española sospechan que el montante es una comisión ilegal por la adjudicación a un consorcio empresarial español de las obras de alta velocidad entre Medina y La Meca; el conocido como ‘AVE del desierto’. Antes de la declaración del letrado, la propia examiga del rey Juan Carlos, Corinna Larsen, reconoció también ante la Fiscalía suiza que recibió 65 millones de euros de Juan Carlos I “por gratitud y amor”. Ese movimiento de dinero hacia la cuenta de Larsen fue el hilo del que tiró el fiscal suizo Yves Bertossa.
Según ha adelantado este lunes El Español, Canónica recibió instrucciones en el despacho del monarca en palacio para crear un entramado con el que ocultar una “importante donación” que iba a recibir del rey saudí. El fiscal suizo considera que el rey emérito se apoyó en Canónica, su gestor Arturo Fasana y la banca Mirabaud para llevar a buen puerto esta operación y dejar a buen recaudo el montante de la supuesta comisión.
Según la información de El Español, el abogado detalló en su declaración los viajes de Arturo Fasana a Washington y a Basilea, así como las instrucciones de Juan Carlos I para que este se encontrara con el embajador saudí en EEUU. El representante árabe en suelo estadounidense fue quien hizo el papel de intermediario en la transferencia de los 100 millones de dólares desde Arabia Saudí al bolsillo del rey emérito.
Canónica asegura que conoció al rey en su despacho de la Zarzuela en 2008. En aquel encuentro, Juan Carlos I, siempre según su versión, le explicó que iba a recibir la donación, pero que desconocía la cantidad. “[El rey] Preguntó si existía la posibilidad de crear una estructura para recibir esta donación. Le respondí que era importante que supiéramos la cantidad y que también era importante crear una estructura totalmente transparente, es decir, que Juan Carlos I apareciera como beneficiario efectivo”, relata el abogado colaborador de Fasana, quien dice que advirtió al rey de que esta operación mediante una estructura opaca no se podría llevar a cabo puesto que el banco de Ginebra, al recibir esta cantidad, comenzaría un proceso conocido como due dilligence, es decir, un escrutinio sobre la procedencia del dinero.
La donación, no obstante, se terminó activando, según informaciones previas sobre el caso, en una cuenta de la Fundación Lucum. El fiscal suizo pone en duda que esta sociedad fuera creada de forma “totalmente transparente”. Tanto Canónica como Fasana, ambos investigados, aparecen en esta sociedad como presidente y secretario.
Según las palabras de Canónica ante el fiscal, ambos le pidieron al rey que garantizara que este dinero no procedía del cobro de una comisión, aunque el fiscal Yves Bertossa cree que procede de la operación del AVE a la Meca. Canónica explicó al fiscal que tanto él como Fasana se reunieron con el embajador saudí en EEUU y este les advirtió de que el dinero que su reino iba a dar a Juan Carlos I era un “pure gift” [regalo puro] y les avanzó una horquilla que iba de entre los 20 a los 100 millones de dólares.
Al finalizar aquel encuentro, Fasana y Canónica abrieron la Fundación offshore Lucum, cuyo primer beneficiario era el rey emérito y en la que el actual monarca figuraba como segundo beneficiario —sin su conocimiento, según Zarzuela—. Hubo una segunda reunión entre Fasana y el embajador en la que se trasladaron los datos de la cuenta de dicha sociedad en el banco Mirabaud.
“Fue entonces cuando descubrimos la cantidad exacta de la donación. Llamamos a Juan Carlos I, que se quedó atónito al saber la cantidad que se había pagado. Pronunció una frase como ’¡Oh Dios mío! Han sido muy generosos”, explicó Canónica al fiscal sobre la reacción del rey.
El papel de Corinna Larsen
En el marco de esta causa sobre los fondos del anterior jefe del Estado, Bertossa tomó declaración a Larsen el pasado diciembre en calidad de investigada, al igual que a los presuntos testaferros Arturo Fasana y Dante Canónica Bertossa cree que los 65 millones de euros que fueron transferidos desde la cuenta de Lucum a otra de Larsen en 2012 proceden de los 100 millones que recibió supuestamente Juan Carlos I de una comisión por la construcción del AVE, según publicó el diario ginebrino Tribune de Genève el pasado marzo y que obligó a la casa real a cortar la asignación anual al monarca y a su hijo, el rey Felipe VI, a renunciar a la herencia de su padre.
Según detalló el medio suizo, Juan Carlos I estuvo durante un tiempo sacando dinero de la cuenta suiza hasta que en 2012 la cerró una vez el país helvético endureció sus leyes antiblanqueo. En ese momento el monarca repartió el dinero que quedaba entre dos de su exparejas: 65 millones para Corinna Larsen y 2 millones para Marta Gayá.
Sobre una posible maniobra por parte del antiguo monarca para ocultar esa cantidad a través de la empresaria alemana, la expareja de Juan Carlos I señaló al fiscal, según El País, que “en ningún momento [el rey emérito] dijo que quisiera deshacerse de ese dinero. Ignoro si había declarado estos activos al fisco español. Había oído hablar vagamente de una amnistía fiscal en España, pero como no vivo en ese país no conozco los detalles”.
El presunto testaferro Dante Canónica corroboró la versión que ofreció Larsen: “Me acuerdo de que Juan Carlos I quería transferirle sus activos de manera irrevocable. No creo haberle dicho a Corinna que el rey lo hacía para deshacerse de sus activos”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió desde el pasado 8 de junio la investigación sobre el papel del rey Juan Carlos en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de las obras de la línea de alta velocidad que conecta las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudí. El Ministerio Público español aprecia indicios de delito fiscal y blanqueo cometidos por el monarca tras aceptar supuestamente esa comisión de casi 100 millones de euros que ha llevado al monarca al ojo del huracán.
