Josep Bou: "Más de 2.500 empresas han dejado Cataluña por el procés"

Josep Bou tiene 12 apellidos catalanes. Y esta no es una comedia española. Más bien, se espera que no sea una tragedia. Josep es el hijo de Jaime, el fundador de las panaderías Bou, una empresa familiar que da empleo a más de cien trabajadores desde mediados del siglo pasado. Hace tres años que preside, además, Empresaris de Catalunya, una patronal que dio a luz para contrarrestar la mala imagen del procès sobre la economía regional.

Atiende a El HuffPost desde un Ave, el tren que conecta Barcelona con Madrid en menos dos horas y 49 minutos. Usa 30, media hora exacta, para responder a las preguntas y lo hace en un tono de pesadumbre y extrema preocupación, después de que, calcula, "2.625 empresas hayan abandonado Cataluña a cuenta del procès". La última, Oryzon, la biotecnológica que el martes decidió trasladar su sede a Madrid, lo que fue recibido con subidas del 15% de sus acciones en Bolsa.

Oryzon ha sido la última empresa en abandonar Cataluña.

La inseguridad jurídica es lo peor que puede ocurrirle a Cataluña. 2.625 empresas han dejado la región a cuenta del procès. Unas 8.000 se han ido en estos últimos cinco años frente a las 5.000 que se han instalado en la región en el mismo periodo. El goteo de empresas que se deslocalizan es constante. Nos jugamos el pan.

El martes coincidieron una huelga general y un paro de país en la región. ¿Cómo ha caído en el empresariado catalán?

¿Una huelga pagada? Jamás he visto eso. Lo del martes fue una huelga política, no había reivindicaciones laborales mediante. La gran empresa de Cataluña es Seat y no fue a la huelga. Ni uno solo de mis empleados ha querido tampoco parar este martes. Todos los polígonos industriales de la región hemos trabajado. Todos. De huelga, por lo tanto, nada, es un movimiento orquestado desde el nacionalismo catalán con un objetivo muy claro: crear un clima de inseguridad en las calles y presionar al orden institucional .

La huelga ha tenido principalmente impacto en el entorno de la Generalitat. Deporte, cultura, todo lo que está dominado por el independentismo. La Caixa, la Seat, las grandes empresas, insisto, no han parado. A ver si de alguna manera se deciden a convocar elecciones. Empiezan a hablar y a dialogar y encuentran puntos de acuerdo. Cataluña no se merece esto, no nos merecemos este Gobierno.

¿Qué significa para los empresarios catalanes? ¿Para la economía regional?

Tienen miedo. Hay temor. No es muy ostensible. Digamos que denota cierta resiliencia. Prefieren no hacer comentarios. Hay quienes figuran como simpatizantes, no como socios de la asociación.

En este momento no tenemos datos del impacto pero la inversión extranjera está parada. Eso no quiere decir que los inversores extranjeros se vayan a retirar, porque nos protege el entorno europeo pero sí sabemos por nuestros asociados que los hoteles y restaurantes han sufrido cancelaciones o no han tenido reservas, tras el clima de tensión desde el fin de semana.

Los empresarios quieren que se llegue a acuerdos, que se dialogue, que se pacte, pero en estos momentos no se puede hacer nada, absolutamente nada. El mundo nacionalista, desde el quiere llegar a acuerdo que están fuera de la ley y no es posible acordar nada fuera de la ley. El Gobierno de la Generalitat tiene que volver a la senda del Estatut y de la Constitución.

Precisamente, todo contra lo que está el actual Gobierno de la Generalitat.

Incluso estamos de acuerdo en que las cosas se pueden hacer mejor y proponemos que, si, que se redacte una nueva ley de financiación autonómica. Sin olvidar nunca que el concepto de nación lleva dentro el de solidaridad, el ser solidarios con otros que tienen menos PIB. Y esto ha funcionado.

Es en lo que sostienen aquel antiguo mensaje de Espanya ens roba (España nos roba), una soflama que ha calado hasta el tuétano del movimiento soberanista.

Precisamente, en este momento eso es falso. Madrid es la autonomía más solidaria de España. Nunca nos hemos sentido discriminados fiscalmente. Cataluña recibe 9.000 millones al año del Fondo de Liquidación Autonómica, el FLA, y del pago a proveedores. En estos momentos, recibimos más que damos. Somos la autonomía que más recibe.

Tenemos una deuda de 77.000 millones. La Generalitat entraría en suspensión de pagos y en quiebra si el Estado no estuviera detrás. Hemos caído al nivel de Albania y Rumanía, en cuanto a calificación crediticia de nuestra deuda. Lo que es más grave: la decisión de Standard &Poor's de mantener el rating de España en aprobado raspado. Este problema nos cuesta dinero. Los expertos dicen que, al menos, 2.000 millones y, si persiste, se perderán más de 7.000 millones a medio plazo para el conjunto de la economía española. Eso es lo que se deja de abaratar nuestra financiación.

Precisamente, el presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico alegan que en su relación económica con España Cataluña pierde 16.000 millones de euros anuales.

Algo conocemos a Puigdemont. Es separatista de cuna, un catalán que cree que el resto de España le roba... Es un fanático. Y no lo digo por falta de respeto sino porque le he escuchado frases que no pueden salir de la boca del presidente de todos los catalanes. A la mitad de los catalanes nos ha abandonado.

¿Cree que el Gobierno de la Generalitat va a llegar hasta el final? ¿Cuáles son esas últimas consecuencias?

Las últimas consecuencias las veremos en dos o tres días. Quizá el día 6 den el golpe definitivo haciendo una declaración unilateral de independencia, lo que significará una desconexión. Esperamos que el Gobierno de la nación y en defensa del Estado ponga los medios necesarios para defender a la nación.

¿A qué medios se refiere?

A los artículos 155 y 116 y a la Ley de Seguridad Nacional. Las tres normas se pueden aplicar. Pero hay que actuar ya. Para aplicar el 155 son necesarios cuatro o cinco días, y no vamos a estar suspendidos en el aire hasta que la declaración sea anulada. Por fortuna, tenemos constancia de que el Estado de derecho ofrece garantías para todos.

Habla de golpe. ¿De golpe de Estado?

Cataluña está en manos de los antisistema. Es así. No hay negociación posible porque no se puede negociar bajo presión y bajo chantaje.

De aquellos polvos, estos lodos. El Estatut, el boicot a los productos catalanes...

Boicot. Esa era una palabra que desconocíamos hasta que llegó la Òmnium Cultural con el "compre estos productos catalanes" y el "no compre estos otros productos catalanes". La campaña Compreu, no compreu de boicot a los productos etiquetados en español. Yo fabrico pan, fabrico productos catalanes. Con el boicot empezaron ellos. Y el Estatut de 2006 era un Estatut-Constitución inviable. Hubo que promover un recurso de inconstitucionalidad. En aquel momento, la posibilidad de recurso previo no existía. Y eso lo alargó todo. Tampoco fueron tantos los artículos modificados: 14 entre más de 200. Pero esto generó frustración entre los nacionalistas. Ese millón y pico de catalanes, el 36% que votó sí al Estatut, se siente frustrado. Además, cualquiera otra redacción conllevaría más control, más leyes y menos libertad que el actual.

Si se reformara la Constitución. ¿Qué pediría Josep Bou? ¿Más centralidad o más autogobierno?

Cualquier tipo de inestabilidad jurídica perjudica a los mercados, al crecimiento, al PIB. Si decrece la economía, habrá más desempleo, porque el PIB y el paro van de la mano. Los que pierden, y los más débiles, siempre son los trabajadores. El Govern se está equivocando en el plano económico.

Este no es el momento de tocar la Constitución. Los partidos separatistas saltarían sobre ella como hienas y la podrían dinamitar. Entiendo de todos modos que hay aspectos modificables en la Constitución, como la sucesión en la Corona por géneros, y otras que son inamovibles.

Solo apoyaremos una reforma de la Constitución: aquella que vaya dirigida a fortalecer la nación que nos apoya a todos, que vaya encaminada a dar más bienestar social a los españoles. Desagregar el Estado no es bueno ni para los catalanes ni para el resto de España. Este ya es un país muy descentralizado. El catalanismo conserva sus pilares. El concepto existe. Ir más lejos sería enfrentarse con la mayoría.

Pero se está yendo más lejos todavía.

Hace décadas que se veía venir. Desde tiempos de Jordi Pujol, aunque la aritmética parlamentaria lo ensombreciera. Y así las cosas hace tres años que un grupo de empresarios decidimos unirnos para alertar de las consecuencias negativas de esta política. Desde entonces se lo hemos transmitido a varios ministros, también al señor Rajoy.

¿Se han sentido atendidos?

Madrid no se ha portado mal con Cataluña, simplemente no se ha portado. Han llegado tarde. Les avisábamos de lo que se enseñaba a los niños en las escuelas, una educación sectaria y nacionalista, les hemos trasladado la desafección y el odio imperantes... Los nacionalistas han hecho proselitismo y pedagogía hasta encontrarnos con un 47,8% de aceptación cuando en los setenta no representaban ni el 8%. No eran capaces, porque en este grupo la gente honrada es multitud, pero los han intoxicado.

Uno se podría quejar, uno tendría derecho a autodeterminarse, si España fuera un Estado opresor y faltaran libertades. Cataluña es, por muy poco, la que tiene el mayor PIB de Europa. Ni es una región pobre, ni falta de derechos ni abandonada. Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación no es aplicable a Cataluña.

¿Cómo es el empresario catalán?

Hay dos tipos: uno es el tradicional, que tienen empresas que van de hijos a padres, y otro es el emprendedor de nuevo cuño. Y es que en Cataluña el empresariado es muy importante, tenemos una fuerte esencia mercantilista, muy arraigada en el pueblo catalán. De hecho, los empresarios catalanes hemos llegado a poner a nuestra región en el primer puesto de España y ahora mismo el PIB catalán está al mismo nivel del de Madrid. Los empresarios hemos hecho crecer esta región pero lo hemos hecho con mano de obra andaluza, extremeña y murciana, entre otros emigrantes.

Preside la asociación de empresarios unionistas. ¿Qué tal se lleva con sus colegas del Cercle Catalá de Negocis, los secesionistas?

Conozco a Albert Pont. He estado con él en varias ocasiones, pero preferiría no dar nombres. No sé que empresarios son estos, creo que dos, subvencionados por la Generalitat. Nosotros no tenemos subvención alguna. Somos empresarios.

Pero simpatizarán políticamente con algún partido.

Ni milito en ningún partido político ni tengo interés político alguno. En la Junta casi todos somos apolíticos. Defendemos la unidad de mercado y la unidad de España. No vamos a abandonar esta idea que tanto nos interesa y tanto bien nos ha hecho. En el año 1978, el PIB per cápita de Cataluña estaba en en 2.400 euros; en 2017, está en 25.000 euros. Los datos hablan: nos ha ido muy bien siendo España.