Joaquim Bosch: “La inviolabilidad del rey es una figura difícilmente admisible en un Estado democrático y de derecho”

“Hay un problema de corrupción política, pero no vivimos en un país corrupto en su conjunto”. Esta es la tesis principal que defiende el juez Joaquim Bosch, que se ha puesto a bucear, analizar y buscar soluciones para este problema, que hunde sus raíces en el sistema franquista, en la obra La patria en tu cartera.

Bosch apuesta durante esta entrevista por poner medidas para frenarla antes de que se produzca: más transparencia, organismos de control, menos cargos de confianza, otro sistema electoral. Siempre mirando los ejemplos de países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Suecia. Y tiene claro que hay que hacer reformas para acabar con figuras jurídicas como la inviolabilidad del rey y los aforamientos a los políticos. No pueden tener ni trato diferente ni tribunales específicos, sostiene de manera firme. 

Sin olvidar lo que está pasando en la Administración de Justicia: es “lamentable”, en su opinión, la situación del actual Consejo General del Poder Judicial y denuncia la “colonización” de los partidos. Responde que nunca le han intentado comprar directamente con dinero para que dictara una sentencia, pero advierte de que las presiones a los magistrados existen y se hacen con “sutiles formas”.

¿Es España un país corrupto?

España no tiene una corrupción sistémica como la que puede haber en otros países con corrupción en la administración pública, las fuerzas armadas, la Policía y los políticos, pero tiene serios problemas de corrupción política, sin equivalencia en otros países europeos. Por tanto, sí que hay un problema de corrupción política, pero no vivimos en un país corrupto en su conjunto.

En el libro se refleja la tesis de que la corrupción la cometen principalmente en España las altas esferas políticas y no en la calle, ¿por qué lo hacen los políticos cuando deberían ser los ejemplos para los ciudadanos?

Hay una conexión muy importante de la corrupción de la democracia con la que hubo durante el franquismo. Los problemas actuales son responsabilidad exclusiva de los gobernantes democráticos y de la propia ciudadanía, no podemos culpar a Franco de los problemas que tenemos ahora. Pero no podremos entender la corrupción estructural de nuestro país si no sabemos de dónde viene y cómo se forjó y desarrolló. Para eso hay que conocer bien lo que pasó en la dictadura, en gran parte la corrupción ha acompañado la configuración de los grandes partidos políticos y la financiación. Y ha continuado con los mecanismos institucionales de la dictadura en los que era muy fácil corromperse y que existiera impunidad. Obviamente, si se pasa de una dictadura a un sistema democrático, la corrupción no puede ser igual. Hubo continuidades en las formas de corromperse y en que esas formas pasaron a encajar en la actuación de los partidos políticos. Por ejemplo, las redes clientelares del franquismo en gran parte pasaron a ser las redes clientelares de los partidos políticos.

Habla de corrupción “generalizada” en el franquismo, ¿cómo era el sistema ideado por el dictador?

Era una dictadura con rasgos equivalentes a las dictaduras del mundo: un poder único centralizado sin elecciones libres, sin periódicos, sin derecho a la información y expresión, sin jueces independientes y separación de poderes. Es imposible en un régimen así que se pueda denunciar la corrupción, que se pueda juzgar o criticar en un Parlamento. Desde el caudillo, que se enriqueció gracias a la corrupción, hasta muchos de sus ministros, cargos militares, sectores empresariales y todos los tejidos medios y locales. Durante cuarenta años la corrupción penetró ampliamente en ámbitos que conocemos bien: la construcción, el turismo, la adjudicación de obras públicas… Si nos fijamos, son rasgos que luego continuaron en democracia. Es una ingenuidad pensar que una corrupción tan extendida de cuarenta años se acabara de un día para otro después de la muerte del dictador. Tuvo inercias muy importantes y el sistema democrático primero no pudo cortarlas y luego no supo o no quiso.

¿Cómo se acaba con la corrupción?

Igual que lo han hecho los países que tienen niveles más bajos. Ha salido el ranking de Transparencia Internacional, y una vez más países como Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda o Alemania, siguen liderando los indicadores internacionales contra la corrupción. Acabamos con ella con mecanismos principalmente de prevención, que son más importantes que los de castigo, porque cuando castigamos la corrupción ya hemos llegado tarde. Que no sea tan fácil adjudicar contratos públicos a los amigos y a tramas corruptas, que haya organismos de control interno de vigilancia de la corrupción y no tantísimos cargos de confianza de los partidos que difícilmente van a alertar. También con medidas de protección a los denunciantes de corrupción, con infraestructuras éticas, con una mayor democratización de las fuerzas políticas, con un sistema electoral que permita castigar a los corruptos y especialmente con un sistema sólido de separación de poderes que deje de lado la colonización de los partidos políticos de los órganos de supervisión del propio poder político.

Habla de separación de poderes, ¿hay corrupción en la magistratura?

En España la corrupción está especialmente instalada en el ámbito político, y la hay en otros ámbitos pero a niveles inferiores afortunadamente. También en los países más avanzados democráticamente hay corrupción pero en niveles bajos. El problema de la Justicia no es de prácticas corruptas internas, sino de falta de medios, de instrumentos, de jueces y de limitaciones en la independencia judicial.

¿Cuál es el ejemplo más paradigmático de la corrupción en España?

Dos casos paradigmáticos que no son idénticos, pero sí complementarios: Gürtel y los ERE. La problemática de corrupción que representan ha llegado a niveles máximos. En Gürtel porque, como dicen los hechos probados en la sentencia inicial, no estamos ante un caso aislado y puntual, sino ante un sistema de corrupción institucional, que conecta la tesorería de uno de los principales partidos del país con toda una trama de sobornos para conseguir adjudicaciones públicas. Esto es una magnitud que nos tiene que preocupar porque afecta a los cimientos de la democracia y de nuestro sistema institucional. Es un tema muy grave. El caso de los ERE, no es una trama de sobornos pero nos muestra todo un tejido estructural y clientelar con la finalidad de mantener el poder y con una de las características de la corrupción, utilizar instrumentos públicos en beneficio privado. Demuestra que hay una continuidad de estructuras clientelares parecidas al franquismo: los recursos públicos se dedicaban a los incondicionales al régimen y a las personas vinculadas a los ganadores para ofrecerles puestos de trabajo y subvenciones con el fin de mantener la cohesión de un sistema de poder.

¿Sale gratis la corrupción para los partidos?

Hay dos etapas muy marcadas de la percepción ciudadana de la corrupción. Tuvimos una primera, en los primeros años de democracia, muy conectada con los comportamientos sociológicos del franquismo. En los años ochenta, en la Comunidad Económica Europea se sorprendían de que España era el único país europeo que no ponía como primera virtud de los políticos la honradez. Es muy significativo. Estaba asumido que los políticos podían robar y formaba parte de las instituciones. Costó cambiar las percepciones. Los medios de comunicación a finales de los ochenta empezaron a hacer investigaciones muy profundas, hubo más conciencia. A partir de 2007, con la crisis económica, la indignación ciudadana percibió que la corrupción era una de las causas del desastre económico. En las encuestas del CIS cada vez se ha visto más que la corrupción ha sido uno de los principales problema del país para la mayoría de la sociedad. Sí ha habido cambio.

Hablaba de Gürtel. Al juez Baltasar Garzón le costó su puesto aquella investigación. ¿Qué se debe aprender de eso?

Dictó una serie de resoluciones que llevaron a una condena por prevaricación, que puede ser discutible jurídicamente. De hecho, Garzón la llevó a varios organismos, entre ellos a la ONU, que ha planteado una serie de objeciones jurídicas a cómo se planteó. Es un caso concreto con singularidades, pero lo cierto es que todos los jueces que han participado en casos importantes de corrupción han tenido que soportar presiones enormes y grandes dificultades en sus investigaciones. En el caso Filesa, el magistrado Marino Barbero tuvo enormes presiones que le llevaron a dejar su puesto de magistrado del Supremo. Un caso bastante singular, renunció voluntariamente porque no acepta ser presionado. El juez instructor del caso Naseiro, Luis Manglano, tuvo enormes presiones y ataques por ejercer dignamente su trabajo.El juez José Castro, del caso Nóos, también denunció todo tipo de actuaciones para presionarle. José Ricardo de Prada, juez del caso Gürtel, tuvo que soportar que le llamaran filoterrorista. Han sido constantes las embestidas contra los jueces que investigan la corrupción, vienen de antisistema desde dentro del propio sistema. Cargos políticos que forman parte del sistema democrático que no aceptan la separación de poderes y que haya investigaciones.

El ex jefe del Estado está ahora mismo siendo investigado por la Fiscalía por los casos de supuestas comisiones por el AVE a la Meca, las tarjetas black y sociedades offshore. ¿Es el rey Juan Carlos un corrupto?

Hay investigaciones en marcha y tendremos que estar al resultado de las mismas. Ha habido incluso reconocimientos de hechos realizados por el propio emérito, que reconoció haber defraudado a Hacienda varios millones de euros y lo ha hecho por escrito a la Agencia Tributaria. Está claro que es una conducta muy poco ejemplar. Así lo ha dicho su propio hijo, el actual jefe del Estado. Es la razón que se esgrime para que en estos momentos no esté en el país, esa falta de ejemplaridad. Tendremos que ver cómo concluyen las acusaciones de tipo penal. Mi impresión es que hay que conectar todas estas acusaciones con la figura de la inviolabilidad. Con precedentes históricos muy importantes, como lo que ocurrió con Alfonso XIII o con la regente María Cristina de Borbón, que también estuvieron implicados en acusaciones muy serias de corrupción. 

Y es que la inviolabilidad es una figura difícilmente admisible en un Estado democrático y de derecho. El jefe del Estado en una sociedad democrática, sea una república o monarquía parlamentaria, puede tener determinadas formas de protección, pero deben ser proporcionadas y muy vinculadas al ejercicio de sus funciones. No tiene sentido que un jefe de Estado pueda delinquir en ámbitos ajenos al cargo que desempaña y no tenga ninguna consecuencia jurídica. Es una invitación a cometer delitos y deteriora gravemente las instituciones que la ciudadanía pueda creer que hay impunidad y no igualdad ante la ley. Deberían producirse reformas de figuras como la inviolabilidad. Creo que la Jefatura del Estado debería actuar con la misma transparencia que otros órganos del Estado. Esto implica rendir cuentas, que conozcamos los ingresos del jefe del Estado y su patrimonio exactamente igual que lo hacemos con un concejal o presidente del Gobierno. No tiene sentido que haya una opacidad injustificada con el jefe del Estado, no puede explicarse por razones divinas. Las razones de un trato diferente deben ser de tipo democrático y de justificación. En esos ámbitos la Jefatura del Estado debe mejorar, en transparencia, en rendición de cuentas y en recortes de figuras no justificadas como la inviolabilidad. Probablemente si la Jefatura del Estado hubiera tenido esas características, no estaríamos ante problemas como los que ahora tenemos.

Hay que detenerse en otra figura: la del aforamiento a los políticos. ¿Hay que acabar con eso?

Supone una protección jurídica injustificable y desproporcionada. No tiene sentido que todos los miembros del Gobierno, los diputados, los senadores, los parlamentarios autonómicos y los presidentes y consejeros autonómicos tengan un tribunal especial para ellos. Tienen que ser los ordinarios, no puede haber tribunales específicos para políticos. Es una desigualdad ante la ley que no tiene una justificación suficiente y, además, genera presiones conocidas para la configuración de los tribunales que juzgan a políticos. Esto explica batallas como la del control por el Consejo General del Poder Judicial porque decide los nombramientos de esos tribunales especiales. Todas esas presiones no se deben a un mero interés político, sino porque configura tribunales donde se juzga a los aforados. Los aforamientos españoles, ni de lejos, tienen equivalente en algún país democrático del mundo.

El GCPJ lleva caducado desde hace tres años, ¿hace daño a la Justicia?

Enorme a la credibilidad de las instituciones judiciales. Pero, una vez más, es importante conocer la historia de nuestro país. Tras la muerte de Franco se intentó buscar una configuración del sistema judicial equivalente a los países democráticos europeos, que configuraban sus sistemas de magistratura con un sistema mixto (mitad nombrado por el Parlamento y la otra por los jueces de manera interna). Esto fue aprobado así en 1980 por los cuatro principales partidos estatales. En el 85, con la mayoría absoluta del PSOE, se decide cambiar la situación porque se constata que todavía había una magistratura muy implicada con el franquismo que estaba intentando obstaculizar, no las reformas socialistas, sino incluso antes a las de UCD. ¿Qué pasó? El tiempo demostró que quizá el remedio fue peor que la enfermedad. Se optó por un reparto de cuotas entre los partidos que ha ido deteriorándose que ha desembocado en auténticas batallas campales por el control de cúpula judicial, como la que tenemos ahora con un Consejo caducado y sin perspectivas a corto plazo de que se solucione. Mi reflexión es cómo es posible que tengamos debates tan intensos en el Parlamento y en los medios sobre este tema y no jamás por la falta de medios de la Justicia en este país. Lamentable.

¿Le parece Enrique Arnaldo una persona digna de estar en el Tribunal Constitucional?

Se han publicado todo tipo de informaciones sobre datos de la trayectoria profesional y de vínculos de Arnaldo que no parecen que se configure como candidato idóneo para el Constitucional. Pero forma parte de los mismos mecanismos de colonización partidista de muchas instituciones. Deberíamos apostar por sistemas de configuración de altos tribunales con mecanismos abiertos, con transparencia, con informes de organismos independientes y con una decisión del Parlamento en conciencia en función de los méritos y los informes. Si los partidos se reparten por cotas sus propios candidatos, es evidente que así no se va a elegir a los mejores. 

¿Está actuando el Consejo General del Poder Judicial como un órgano político contra el Gobierno con casos como el informe de la ley de vivienda? ¿Qué está pasando? ¿Se está excediendo en sus funciones?

El actual CGPJ fue configurado por el exministro Gallardón en 2013 en función de los intereses de su partido en aquel momento. Es lamentable que un órgano que responde a las características políticas de aquel periodo siga ejerciendo en funciones y actuando, en muchas ocasiones, como correa de transmisión políticas, a veces en sintonía con el propio partido que lo configuró. Por tanto, muchas de las valoraciones de este Consejo deben interpretarse en clave política, no tanto como órgano aséptico y neutral, sino como un órgano fuertemente contaminado desde el poder político. Es una razón más que nos lleva a configurar nuestro consejo de la judicatura de una manera que no dañe a las instituciones.

Hay otro debate muy interesante que es el propio acceso a la magistratura: si está suficientemente democratizado o acceden principalmente personas con alto nivel adquisitivo, son muchos años estudiando en los que te tiene que mantener tu familia. ¿Hay que resolver esta situación?

El sistema de acceso facilita que puedan quedar fuera opositores con ingresos económicos insuficientes de familia de clase trabajadora, de sectores que son mayoritarios en este país. Sin los recursos suficientes es muy difícil acceder a la judicatura. Se pueden plantear medidas muy necesarias como las que hemos pedido en Juezas y Jueces para la Democracia como que se aprueben becas. Pero en última instancia sería positivo abrir una reflexión sobre cómo se accede para que efectivamente no haya sesgos socioeconómicos. Lo más positivo siempre sería que la judicatura, desde una perspectiva sociológica, sea lo más parecida al país. A veces no vemos las cosas cómo son, sino cómo somos. 

¿Le han intentado corromper alguna vez?

A mí como juez nunca. En la judicatura, las presiones en líneas generales son mucho más sutiles. Es el propio sistema el que estructuralmente las genera. Consisten en que cualquier juez sabe perfectamente que sólo llegará al Supremo si tiene el aval o la no oposición de las fuerzas políticas. Al mismo tiempo, un juez sabe perfectamente que el que ha investigado la corrupción ha tenido problemas. Eso le puede pasar factura. Al mismo tiempo, los jueces obedientes con el poder y que están en sintonía saben que pueden subir más rápidamente. Es una forma indirecta de que se pueda facilitar la corrupción. A mí directamente no ha venido nadie a ofrecerme dinero para que dicte una sentencia.

El Ministerio de Justicia lo lleva la jueza Pilar Llop y en la Consejería del ramo en Madrid lleva las riendas Enrique López, otro magistrado. ¿Le veremos en alguna institución o fichado por algún partido?

He recibido diversos ofrecimientos. En su momento la exministra Dolores Delgado me ofreció ser secretario de Estado, y el presidente valenciano, Ximo Puig, me ofreció ser consejero. Hay fuerzas políticas que me han planteado propuestas, pero siempre he considerado que mi papel está en el juzgado, intentando tutelar los derechos fundamentales. Y, además, con independencia para reflexionar y escribir libros como este. Me siento cómodo como estoy.