Joaquim Bosch: "Tenemos menos libertad ahora que en los 80"

Cada vez que Joaquim Bosch tuitea, sus reflexiones en la red social son compartidas por miles de personas. Este magistrado y portavoz territorial de Jueces para la Democracia no ha tenido reparo en dar su opinión en cuanto a temas jurídicos como la cadena perpetua, el polémico juicio de La Manada o la corrupción de los partidos políticos.

Entre 2012 y 2016 fue elegido miembro del Secretariado y Portavoz Nacional de Jueces para la Democracia y posteriormente ha sido nombrado portavoz territorial en la Comunidad Valenciana.

Fue una de las voces más críticas con la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón y su reforma legal de la Ley del Aborto y actualmente pone de manifiesto la poca voluntad política que hay para acabar con problemas como la corrupción en España.

Con el caso de Diana Quer, la polémica de la prisión permanente revisable ha vuelto a estar sobre la mesa. ¿Cree que es útil?

La cadena perpetua —aunque se le llame prisión permanente revisable, que es un eufemismo— es una pena inconstitucional porque nuestra Constitución dice que las penas deben estar orientadas a la rehabilitación y reinserción social de los condenados. También prohíbe las penas inhumanas y degradantes. Por eso la cadena perpetua está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que es un tipo de condena que se fundamenta sobre todo en instintos de venganza, más que en ideas racionales de Justicia. Históricamente la venganza fue la primera manifestación del Derecho Penal pero, en tiempos modernos, esto va dejando paso a otras configuraciones penales.

Además, esta pena es innecesaria en España. Estamos en los niveles más bajos de muertes violentas en el mundo, tenemos el código penal más duro y los niveles de cumplimiento en prisión más largos de Europa. Por eso, ni es una pena constitucional, ni es necesaria, ni eficaz.

La prueba es que, en los países que aplican estas penas de tipo vengativo como EEUU, que también tiene la pena de muerte, tienen niveles de delincuencia más altos que España. Aquí tenemos 6 muertes violentas al año por millón de habitantes y en EEUU, 50.

¿Cree que hay una doble vara de medir en la Justicia española? Por un lado, tenemos al rapero Pablo Hásel a quien la fiscalía le pide 3 años de prisión por una canción y unos tuits y, por otro, al partido del Gobierno enjuiciado por numerosos casos de corrupción.

Más que doble vara de medir, digamos que lo que ocurre es que las leyes están orientadas en diferentes sentidos.

Por un lado tenemos una corrupción ampliamente instalada en el sistema y una delincuencia política organizada de gran envergadura que no se ha improvisado ni ha sucedido de una semana para otra, sino que es el resultado de muchas acciones y omisiones del poder político. Esto se explica por la falta de prevención, por la posibilidad de que se muevan millones de euros de manera sencilla en la administración sin controles suficientes, por falta de medios para perseguir estos delitos y por unos castigos que no son proporcionales a la gravedad de los hechos. Si tenemos una corrupción de tantas dimensiones es porque ha habido falta de voluntad política de luchar contra ella.

En cambio, en otras actuaciones se observa todo lo contrario: hay un interés desmesurado en actuar y ello está posibilitado porque hay unos tipos penales que son muy amplios, ambiguos y confusos que dan lugar a interpretaciones dispares.

Lo que hay ahora mismo en España son unas tensiones jurídicas importantes en determinados tribunales por seguir manteniendo un sistema de libertades o por endurecerlo limitándolo aún más. Tenemos menos libertad en nuestro país ahora que en los 80 o los 90.

Antes, los chistes de Carrero Blanco eran especialmente aplaudidos en su época y hoy en día te pueden llevar a la cárcel. Históricamente ha habido infinidad de revistas satíricas que han hecho fotomontajes o viñetas criticando la religión y hace poco, un chaval ha sido multado por colgar una foto de Cristo con su cara en Instagram.

¿Está politizada la Justicia en España?

Digamos que hay dos niveles que son muy diferentes. Uno es el de los jueces de base que hemos accedido a través de una oposición a nuestras plazas judiciales y ahí no existen interferencias del poder político. Nunca he visto que un juez dé un trato de favor a un alcalde o a un cargo político de un partido al que ha votado. Esto no existe y, además, no tendría por qué hacerlo. No le debe ningún favor y la obligación de todos los jueces es aplicar el reglamento jurídico. Todos los jueces tenemos ideología, pero a la hora de aplicar las leyes esa ideología no influye en las decisiones.

En cambio hay otros tribunales y organismos en nuestro país a los que se accede a través de pactos de cuotas entre los partidos políticos. El Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ahí la forma de acceso es que las principales fuerzas políticas se reparten en "tantos magistrados los defines tú y tantos los pongo yo", esto no lo pone en la ley pero en la práctica funciona así. Y esto facilita más las presiones. Hace poco se ha publicado (y no ha sido desmentido) que el presidente del Gobierno y otras personas del Gobierno están llamando por teléfono y presionando al Tribunal Constitucional con decisiones que va a tomar. En los juzgados ordinarios, la regla general es que esto no ocurre.

Otro nivel muy importante es que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, que premia con cargos en determinados tribunales y castiga con sanciones, fuera neutral. Pero le ocurre lo mismo que al Constitucional: se lo reparten por cuotas los partidos políticos. Y esto sí que puede provocar interferencias en la marcha de los asuntos. El CGPJ, por ejemplo, está integrando tribunales que llevan asuntos de corrupción. Y ahí sería fundamental que no hubiese ninguna sospecha en las actuaciones.

Y ¿no hay ningún organismo que pueda parar esas interferencias?

El Consejo de Europa lleva cinco años seguidos, a través del informe Greco, reprochando de manera casi desesperada al Estado español que no cumpla los estándares europeos sobre separación de poderes . Entre otras cosas, lo que reprocha o critica es que esté bajo el control del poder político. En otros países europeos este organismo es elegido mayoritariamente por los jueces. También critica que se pueda acceder a determinados tribunales sin criterios objetivos de mérito y capacidad y que sea por influencia del poder político. Se podría cambiar pero, para eso, las fuerzas políticas deberían reformar las leyes y cambiar sus propias actitudes de repartirse las instituciones a partir de cuotas.

Todos los días nos levantamos con un nuevo caso de corrupción. ¿Cuánta financiación ilegal tiene que haber para que se ilegalice un partido?

Hay una reforma del Código Penal por la cual se puede condenar a un partido político. Antes de muchos casos de los que salen ahora, no se podía. Se condenaba a las personas pero no al partido. Con esa reforma hecha sí que se puede condenar a una formación e incluso acordar la suspensión de sus actividades o su disolución. Pero claro, esto no se podría acordar en los casos de la primera etapa de la Gürtel porque no estaba en vigor esta norma.

Para acordar esto no basta con episodios de corrupción que afecten a organizaciones en su ámbito territorial, sino que se tendría que probar que toda la organización en su conjunto es una organización criminal y que toda se ha financiado ilegalmente.

Lo que parece claro es que no ha habido un control por parte de la dirección del partido para evitar que todas estas actuaciones se produjeran. Me parece muy llamativo que cuando aparecen escándalos de este tipo se eche la culpa al tesorero como si los otros dirigentes del partido no supieran que se estaba ingresando de manera irregular millones de euros. Grave sería que los dirigentes supieran cómo se financiaba ilegalmente el partido. Pero me parece igualmente grave que se mirara hacia otro lado y que un partido pueda financiarse sin que lo conozca nadie de la dirección.

Esto nos debe llevar a una reforma de la financiación de los partidos y de sus normas de transparencia porque son cosas que se deberían poder conocer. Pero todo esto forma parte de una corrupción sistémica muy instalada en nuestras estructuras institucionales y que requiere de reformas muy importantes.

Este lunes, varias asociaciones de mujeres han ido a denunciar las injusticias judiciales en algunos casos de violencia de género. ¿Es la justicia a veces machista? Por ejemplo, en el caso de La Manada el juicio fue muy polémico y usted mismo dijo en Twitter que no hacía falta saber derecho para determinar que había agresión sexual.

Sí, me refería a que, en el caso de La Manada hay una valoración de hechos, de qué es lo que ocurrió. Para eso no hace falta saber Derecho, por eso en los jurados los integrantes no lo han estudiado. En el caso de La Manada hay muchas pruebas, vídeos, declaraciones de testigos, informes policiales... Y ahí creo que con las pruebas no es complejo valorar lo ocurrido.

En ese tipo de supuestos, los tribunales deben ponderar principios diferentes pero muy importantes en un Estado de Derecho: la protección de las víctimas, el derecho de defensa y el de presunción de inocencia. En estos ámbitos, el mismo tribunal debe hacer una valoración para salvaguardar los derechos de las partes. Mi impresión es que los tribunales, en líneas generales, sí que protegen a las víctimas. Y, en los supuestos de que haya casos de que los órganos judiciales traten de manera desconsiderada o irrespetuosa a las víctimas, está abierto el sistema de recursos y las quejas correspondientes.

Durante las últimas semanas se han conocido varios casos de abusos sexuales por parte de menores de edad, asesinatos en Bilbao... A muchos de ellos no se les puede imputar por la edad... ¿Por qué cree que está pasando esto? ¿Hay un repunte en la violencia entre los jóvenes?

Los repuntes son puntuales pero, en líneas generales, la delincuencia de menores en nuestro país no tiene una incidencia alarmante. Es verdad que cuando ocurre algo como esto, es lógico que los medios informen y que la sociedad se escandalice pero no debemos pasar al alarmismo sino analizar cada caso completo y ver por qué se ha producido.

La solución no puede ser inventarse castigos para estos menores. Hay que ver el origen del problema y, en los casos de menores, siempre hay problemas sociales, educativos o de marginación social. Y, al contrario de lo que creen determinados mitos populares, en España hay un nivel de reincidencia muy bajo en el ámbito de los asesinatos y en el de la violencia sexual, entre el 5 y el 10%.

Lo que es cierto es que, cuando se produce una reiteración del delito, los medios informan porque se escandaliza la sociedad y parece que todo el mundo reincida. Es un error pensar que el castigo en solitario sea la solución perfecta. En absoluto. El castigo llega tarde y, por tanto, de lo que se trata es de asegurarse que quien ha delinquido no lo vuelva a hacer a través de las medidas de reinserción. En los últimos años se ha recortado bastante en los programas para menores o de intervención social y tendríamos que ver qué conexión puede guardar con los delitos cometidos por menores.