James Rhodes, sobre la Ley de Infancia: "Es una ley de puta madre"
"¡Viva España!"
El pianista James Rhodes, quien sufriera abusos en su infancia y una de las personas que más ha luchado por la aprobación de la ley de protección a la infancia que ha sido aprobada este jueves en el Congreso, se ha mostrado “agradecido” y “positivo” por lo que considera “una ley de puta madre”.
“Es una ley en la que tanto PP como PSOE están de acuerdo. España es el primer país que va a aprobar una ley así, ¡viva España!”, ha expresado el músico.
“Me ha costado mucho, el precio ha sido tan fuerte, casi me mata, pero al final vale la pena”, ha asegurado.
Rhodes se ha dirigido a los políticos para decirles que “piensen en sus hijos”. “Les ruego que no demoren más el proceso que ya más de 12 años es una barbaridad”, ha puntualizado.
Según los datos de Save The Children, cada año se denuncian más de 38.000 casos de violencia a la infancia, y en casi uno de cada dos casos de abuso sexual que se denuncian la víctima es un menor. No obstante, calculan que esto es solo “la punta del iceberg” pues “la mayoría” de la violencia queda oculta en el ámbito familiar.
“Si ocurre en el ámbito familiar decimos que son cosas de familia; en el colegio, que son cosas de niños. Si vemos a un hombre levantar la mano a una mujer se nos revuelve algo, pero contra un niño no sentimos la misma repugnancia”, alerta su director, Andrés Conde.
En cuanto a las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, ha destacado que se han introducido “avances muy importantes”, como que todos los niños deban ser escuchados en los procedimientos que les afecten, que se establezcan entornos seguros, la especialización de los profesionales, o los mecanismos adaptados, seguros y confidenciales para denunciar.
No considerar a los funcionarios agentes de la autoridad
Sin embargo, considera que hay “espacio de mejora” y cree que deberían introducirse algunas enmiendas como la de eliminar la consideración de los trabajadores de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad porque “podría desequilibrar la balanza” entre la administración y los niños y sus familias, ya que ser agente de autoridad proporciona la presunción de veracidad.
“No es lo mismo agredir a un agente de autoridad que a cualquier persona. No queremos decir que las familias tengan que agredir o que esté bien, pero en una situación tan compleja en la que se debate si el niño debe salir de la familia, la tensión que hay puede hacer que haya un gesto feo o una mala palabra por parte de los progenitores”, ha explicado Perazzo.
Por otro lado, lamentan que no se vaya a votar este jueves una mejora que consideran muy importante, pero que esperan que a su paso por el Senado se vuelva a tener en cuenta, como es que la obligación de recurrir a la prueba preconstituida ―que se pueda grabar el testimonio de la víctima menor para evitar su revictimización―, se amplíe hasta los 16 años, frente a los 14 años que se proponen en el texto.
Igualmente, ha destacado el avance introducido en el texto sobre la violencia obstétrica, que era una petición de las organizaciones de infancia, y ha destacado que, con respecto al primer borrador “se ha reforzado mucho el lenguaje”.
Sobre la petición de que el plazo de prescripción de abusos sexuales a menores empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 40 años en lugar de 30, como recoge ahora el proyecto, Save The Children apuesta por “ampliar cuanto más se pueda” ese plazo aunque confía en que con las “facilidades” que pone la nueva ley, “no haga falta y las víctimas se sientan realmente seguras” para denunciar antes.
Acerca del argumento de algunos grupos políticos para votar en contra (PNV) o para abstenerse (ERC y EH-Bildu) en la votación del dictamen en Comisión, que afirmaban que había invasión competencial, la ONG de infancia considera que no la hay y destaca que, en cualquier caso, estos grupos parlamentarios están “conformes con la urgencia” de esta ley. Tanto VOX como PNV han rechazado la ley en el Congreso este jueves.