IU pide de nuevo al Supremo que investigue a Juan Carlos I por las presuntas comisiones del AVE a La Meca

Izquierda Unida (IU) ha solicitado al Tribunal Supremo que reabra la querella presentada contra el rey emérito y que se archivó el año pasado por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya reabierto la pieza del caso Villarejo sobre este asunto e imputado a la empresaria Corinna Larssen.

IU, el Partido Comunista de España (PCE) y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, firmantes de la querella interpuesta en diciembre de 2018 contra Juan Carlos I, han presentado un nuevo escrito ante la Sala de lo Penal del alto tribunal asegurando que, “a la vista de la sucesión de nuevos e importantes acontecimientos”, “sí podrían tomar cartas en el asunto”.

Así, hacen referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo para aclarar el reparto de 80 millones de euros en comisiones que, según Larssen, se habrían repartido entre otros el rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

También, a la decisión acordada la semana pasada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, de reabrir la pieza número 5, denominada ‘Carol’, de la macrocausa ‘Tándem’, para investigar si la ex amiga de Juan Carlos I contrató al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, por lo que le ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 8 de septiembre.

La querella presentada en 2018, y que ahora se pide reabrir, se dirigía contra don Juan Carlos y otras siete personas, entre ellos Larssen, Villarejo; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el empresario Juan Villalonga por un total de 13 delitos que incluían organización criminal, malversación o tráfico de influencias.

Audio de una conversación

Los hechos se amparaba en el audio de una conversación que tuvo lugar en Londres en 2015 entre Villarejo, Villalonga y Larssen en la que ella apuntaba que el rey emérito tenía dinero en Suiza, utilizaba testaferros para enmascarar propiedades en Marruecos y había cobrado comisiones por su intermediación en la adjudicación del AVE a La Meca a una UTE española.

El Supremo, tras imponer una fianza de 12.000 euros a los querellantes para poder personarse como acusación popular, acordó inadmitir esta querella al entender que los hechos ya fueron investigados en la Audiencia Nacional y que se archivaron por falta de indicios de criminalidad.

Sin embargo ante la reciente reapertura de esta causa, IU y el PCE consideran que el argumento que empleó entonces el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena ―ponente del auto por el que se inadmitió la querella―, ya no es válido.

Si la base para que el Supremo acordara el archivo de la querella era “lo investigado en su momento” por la Audiencia Nacional, ahora, teniendo en cuenta que ha estado “aflorando diversa información incriminatoria en relación a los hechos objeto de la querella”, se debería reabrir, explican las formaciones políticas en un comunicado.

Así, los querellantes advierten en su escrito que el Supremo debe abrir una investigación porque “pese a lo avanzado de las investigaciones y al acervo probatorio e indiciario recopilado, aún no se ha interpuesto acción penal alguna por parte de la Fiscalía, corriendo sin embargo los plazos de prescripción de los posibles delitos cometidos”.