Irene Montero, centro de todas las críticas por la ley del 'sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, está siendo el centro de las críticas políticas tras sus duras palabras contra los jueces por las rebajas de las penas a agresores sexuales que se están produciendo en aplicación de la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’, que rebaja algunos tipos delictivos.

Al día siguiente de conocerse los primeros casos, Montero aseguró que los jueces no están “cumpliendo la ley” y achacó este hecho a “los estereotipos y el machismo” que hay, a su juicio, en la judicatura.

Palabras que han provocado la reacción enérgica del estamento judicial, desde el caducado y en funciones Poder Judicial, que respondió en un comunicado a la ministra tildando de “intolerables” sus “ataques” a los jueces.

Pero este jueves se le está haciendo mucho más largo de lo que fue ayer domingo a la titular de Igualdad, que ve cómo muchos, incluidos socios tanto en el Gobierno como en el Parlamento, se muestran críticos tanto con sus palabras como con la ley, que reclaman mejorar.

Asociaciones de jueces y fiscales

Lo hacen asociaciones de jueces, que incluso reclaman su dimisión. Como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI) o la Asociación Francisco de Vitoria. La primera, mayoritaria en la carrera judicial, expresa en un comunicado su “más enérgico rechazo” a las “descalificaciones vertidas contra los jueces” por Montero

“En un Estado de derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional”, señala la APM.

Añade esta asociación que “la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el poder judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que en toda la UE reclama el valor Estado de derecho”.

“Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y de igual modo con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal”, asevera la APM.

Desde el Foro Judicial Independiente también piden la dimisión de la ministra “dada la gravedad de las acusaciones vertidas” y “para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad”. Considera esta asociación que la reacción de Montero es “injusta y pueril” y creen que “desde el Ministerio de Igualdad debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria también ha exigido la dimisión de la ministra por atribuir “una aplicación torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Carrera Judicial”.

Más prudentes se muestran desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que sí han pedido “contención” a la ministra de Igualdad, a la que reclaman que no se precipite culpando a los magistrados de una situación de “transitoriedad normativa” que necesita de un tiempo para que juzgados y tribunales fijen criterio.

La ley, recuerda esta asociación, ha entrado en vigor muy recientemente y ha supuesto “importantes cambios de planteamiento”, por lo que ha pedido “tiempo” para que los juzgados y tribunales vayan resolviendo los casos planteados y estableciendo criterios unitarios de aplicación en aquellos aspectos que puedan dar lugar a distintas interpretaciones, también en el caso de las revisiones.

En este sentido, ha instado a mantener la confianza en la actividad de los tribunales y dejarles desempeñar su labor. “No es razonable instar a la reforma de una ley que aún no ha tenido un mínimo recorrido práctico”, ha subrayado.

Cree la asociación que esta situación de “transitoriedad normativa” era esperable y forma parte de la normalidad democrática, por lo que reclama a Montero que no se “precipite” culpando a jueces y juezas.

También muy molesta está la Asociación de Fiscales, que ha tildado de “extrema gravedad” el “ataque injustificado al poder judicial” de la ministra. En un comunicado, esta asociación expresa su “más enérgica repulsa ante las inaceptables manifestaciones de dirigentes políticos en relación a las resoluciones judiciales dictadas en aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual”.

“El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley”, añade. “Reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen”, afirman.

Hasta un juez de Podemos, como es el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, apartado temporalmente de su profesión, ha negado que los jueces que revisan condenas actúen por machismo y ha defendido que “están haciendo escrupulosamente su trabajo”. “Puedo garantizar que no hay ni un solo juez ni una sola jueza en España al que le pueda resultar satisfactorio rebajar la condena de un abusador o de un agresor sexual (...), eso es absolutamente impensable”, ha afirmado Yllanes este jueves.

Aunque ha eludido pedir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que rectifique su acusación de machistas contra los jueces, el vicepresidente balear ha expresado su disconformidad con esas “generalizaciones” que no llevan “a ninguna parte” y sitúan “a un poder del Estado en una situación muy comprometida”. “La cuestión de la revisión de sentencias cuando hay un cambio legislativo es una cosa absolutamente habitual, y que forma parte del trabajo de los tribunales de justicia. Si alguien que representa o defiende a una persona que ha sido condenada por una ley y entiende que un modificación legislativa es más favorable para su defendido presenta una petición ante los tribunales, los tribunales no tienen otra salida que hacer su trabajo, que es revisar la sentencia”, ha insistido.

Miembros del Gobierno

También miembros del Gobierno se han pronunciado sobre las declaraciones de Montero y sobre lo que está sucediendo con la ley.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también juez de profesión, ha asegurado que a la hora de dar luz verde el anteproyecto el Gobierno tuvo en cuenta “el conjunto de informes” remitidos y ha recordado que fue aprobado por las Cortes Generales, que es en quien reside la potestad legislativa “en los términos que nos consta”.

El ministro del Interior ha destacado que “la voluntad y el espíritu de la ley es responder de la forma de mayor entidad ante cualquier atentado a la libertad sexual, con las máximas consecuencias, más que la ley anterior”. Por ello, ha propuesto esperar a que “los tribunales puedan interpretar las resoluciones que se vienen dictando al amparo de la nueva norma”. “Esperemos a que la Fiscalía o los tribunales superiores establezcan una doctrina clara; es lo necesario para poder actuar y, si es necesario, en su caso hacer las modificaciones oportunas”, ha aseverado.

Sobre las palabras de la ministra y otros miembros de su departamento a los jueces, Maslaska ha opinado que “en el poder judicial, como a cualquier otro poder, hay un principio sustancial que es respetar las resoluciones judiciales”.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha subrayado que los miembros del Gobierno deben “ser muy escrupulosos en el respeto al poder judicial” aunque haya “decisiones judiciales que pueden no gustarnos”.

“Como hay gente a la que no le gustan las decisiones que toma un Gobierno o las leyes que aprueba un Parlamento”, ha afirmado a los periodistas. Por ello, el ministro ha pedido “conjugar la libertad de expresión y de opinión con el respeto a la separación de poderes, que es la base de nuestra democracia” y ha insistido en que las decisiones de los jueces y tribunales merecen el “respeto” del Gobierno.

También se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha manifestado la preocupación del Ejecutivo por la rebaja de penas y ha recordado a los jueces que deben interpretar las normas “conforme a su espíritu”.

Eso sí, ha expresado su “absoluto respeto a los jueces y magistrados en su desempeño” tras las críticas de la ministra de Igualdad. “Los jueces son los que tienen que interpretar las normas y hacerlo conforme también a su espíritu y yo confío en que esto va a ser así”, ha agregado.

Los socios del Gobierno

Hasta los aliados parlamentarios del Ejecutivo ponen en duda que todo esté bien en la ley del ‘sólo sí es sí’ y reclaman que, si es necesario, se hagan retoques a la norma para mejorarla y evitar la rebaja de penas en el futuro.

Desde ERC se muestran “de acuerdo en la posibilidad de que se modifique la ley para asegurar una correcta interpretación”, informa EFE.

Recuerdan en el partido republicano que ya advirtieron en el debate en Comisión que esto podría suceder y presentaron dos enmiendas que avisaban sobre la posible disminución en grado de la pena, de forma facultativa en atención a la menor “entidad del hecho” en agresiones sexuales.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, también ve bien que el Supremo unifique criterios y “corrija” la “equivocación por parte del Parlamento de no haber previsto en el texto de la ley una Disposición Transitoria que no dejara margen a los jueces”.

El portavoz nacionalista vasco apuesta por hacer un “retoque” de la ley si es necesario porque la situación “merece una reflexión”.

Además, ha pedido “moderación” a la ministra Montero por sus declaraciones contra los jueces para “no convertir todo en una especie de batalla ideológica”.

Desde EH Bildu, su diputado Óskar Matute también se ha mostrado a favor de evitar fisuras en la ley. “Si hay juristas que señalan que puede haber fisuras o puntos de fuga en esa ley que no permita lo que el feminismo tanto ha peleado y combatido y que no puede ser salvaguardado como se merece, pues que se mejore”, ha dicho en rueda de prensa en el Congreso tras defender que la nueva norma “es una ley de mejora cuantitativa y cualitativa para la dignidad en la vida de las mujeres”.

Por su parte, JxCAT ha pedido la comparecencia de Irene Montero en el Congreso para que dé explicaciones sobre la ley y se ha mostrado partidaria de que “si hay cualquier fisura que pueda dar pie a que un juez pueda llegar a interpretar sentencias y a reducir penas de agresores sexuales esto se tiene que cubrir”.

Dos barones socialistas

A todas estas críticas se han unido las de dos barones socialistas. Por un lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha exigido a la ministra Montero que rectifique sus manifestaciones y le ha reclamado “un poquito de humildad”.

“Yo no soy muy amante de establecer dimisiones automáticas en plena refriega política. Lo que ha hecho es muy grave”, ha apuntado García-Page en la COPE. “Yo intentaría exigir una rectificación, sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado”, ha agregado.

A juicio de Page, “no puedes estar instalado en una especie de soberbia intelectual que necesita todo el día, para autoafirmarte, cavar una trinchera”, ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha.

En su opinión las generalizaciones “no son propias” de un ministro o una ministra, porque son “muy simplistas y muy malas” y ha instado a “arreglar cuanto antes” la situación que se está produciendo con la ley.

El otro dirigente regional socialista crítico es Javier Lambán, presidente de Aragón, que ha evitado pedir expresamente la dimisión de Montero asegurando que él “no es quién” para hacerlo.

El dirigente aragonés considera que la aplicación de la ley, salvo que se demuestre lo contrario, es “muy grave” y está surtiendo “efectos absolutamente contrarios a lo que es la voluntad de los legisladores”.

A su juicio, si ha habido varios jueces que han hecho una interpretación determinada de esa ley, “casi con toda seguridad quiere decir que la ley ofrece resquicios que dan lugar a ese tipo de interpretaciones”, toda vez que ha añadido tras reconocer que no es jurista que “el remedio desde el punto de vista legal es bastante complicado”.