"Inusitado", "antidemocrático", "un escándalo": Estupefacción entre los diputados a la espera del TC

A las 9 ha comenzado el Pleno del Congreso de los Diputados. A las 10 empieza el Pleno del Tribunal Constitucional. Poder legislativo. Poder judicial. Tan lejos y hoy, sin embargo, tan cerca.

Porque el Constitucional decidirá en apenas unas horas qué sucede con la votación de dos enmiendas cuya tramitación ha sido recurrida por el PP mediante un recurso de amparo y a través de una medida cautelarísima con la que pretende frenarlas.

Dos enmiendas a la reforma de la sedición con las que el Gobierno pretende modificar la ley del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional

Cosas de la vida, será el Constitucional, con varios magistrados con mandato caducado, quien decida sobre una votación sobre el Constitucional.

Lo hará en un pleno inédito, reunido a una velocidad también inédita —en apenas 24 horas—, que mantiene al Congreso a la espera de lo que salga de la sala de los jueces.

Y que ha molestado a muchos diputados. Hasta Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos y cuya oposición a la reforma del Gobierno es total, ha criticado la posibilidad de que el Constitucional pueda anular una votación en el Congreso.

“Nadie recuerda una situación semejante, procesalmente hablando”, ha dicho antes de entrar al Pleno a los periodistas. “Un recurso de amparo tiene como objeto velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales”, ha recordado Bal, de formación jurista, “pero que el resultado de una medida cautelar pueda ser la suspensión en la tramitación de una ley del legislativo es algo inusitado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Se trata de “una maniobra sin precedentes” para Patxi López, portavoz del PSOE, quien considera “francamente preocupante” la “deriva” de la derecha, tanto política como judicial.

“Se intenta impedir que este Congreso, donde reside la soberanía popular, haga su trabajo. Que los diputados no hagamos aquello para lo que nos han elegido. Es un salto cualitativo que lo único que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando”, se ha quejado.

López cree que “lo lógico” sería que el Constitucional se pronunciase sobre la ley “una vez que el Congreso ha hecho su trabajo y ha legislado”. Lo contrario, considera, “sería una intromisión del poder judicial en el legislativo”.

Tampoco daba crédito un veterano en esta Cámara, el catalán Ferrán Bel. “Es un escándalo que el Constitucional nos pueda decir qué podemos votar y qué no”, ha considerado.

“Los parlamentos son sagrados y que el Constitucional nos pueda decir con carácter previo qué es lo que podemos votar o no, me parecería una situación sin precedentes y gravísima, espero que no se produzca”, ha agregado.

Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha asegurado que “estamos ante una situación de emergencia” y que es “la amenaza más grave a la democracia desde el 23F”.

Íñigo Errejón, de Más País, considera “un absoluto escándalo” que el Constitucional “se atreva” a decirle a los diputados qué es lo que pueden discutir o no. “No hay autoridad por encima de la soberanía popular, desde luego no la de un organismo con las mayorías caducadas”.

Errejón ha pedido “defender el Congreso, que es defender la soberanía popular” y, de hecho, ha adelantado que el voto de su formación será a favor de la reforma del Gobierno “en defensa del Congreso de los diputados”. También ha instado a los partidos de derecha a posicionarse en favor de la Cámara Baja y le ha recordado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “que la soberanía nacional está aquí dentro, no en Génova”.

Los dos partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, están tratando de frenar la votación con la presentación de dos escritos en los que reclaman al Constitucional que no decida a favor del recurso del PP.

En el escrito de Unidas Podemos, según ha explicado Asens, se ha presentado además un incidente de recusación contra dos magistrados, entre ellos su presidente, González-Trevijano.

La formación morada ha pedido que se escuche, además de al PP, a Unidas Podemos como parte implicada en el asunto recurrido.

“Es anómalo que el Constitucional participe de una decisión que le incumbe a él directamente”, ha dicho Asens.