Migrante, sin papeles y sin ingresos en esta crisis: "No sabía si en el hospital me iban a atender"
Si la pandemia se ceba con los más vulnerables, los migrantes indocumentados están en primera fila: carecen de trabajo, ayudas, visibilización y red de apoyo familiar.
Ocho semanas ha estado Rafael sin trabajar. Ocho semanas en las que ha visto cómo se iban agotando sus ahorros mientras sus ingresos permanecían a cero. Rafael (nombre ficticio) llegó a Madrid hace más de un año desde Perú con un objetivo muy claro: “Trabajar, completar el tiempo que piden para tramitar la documentación, homologar mi título de Turismo y Hotelería, estudiar más y poder trabajar en lo que sé”, cuenta.
De todo eso, de momento sólo ha podido hacer lo primero. Apenas dos meses después de su viaje, encontró trabajo en una churrería de Madrid, por el que cobraba 700 euros mensuales por 30 horas semanales. Con eso, podía pagar los 300 euros de alquiler de piso y mandar algo a Perú todos los meses. Justo cuando se cumplió un año de su estancia, llegó el coronavirus, cerró la churrería y él volvió a la casilla de salida, pero esta vez con menos ahorros de los que trajo.
“Tenía unos cuantos ahorros con los que he aguantado hasta mayo, pero he tenido que pedir más ayuda por ahí para poder seguir. Más que nada, me importaba pagar el piso”, explica el joven de 30 años. Se trata de un piso subalquilado, en el que normalmente viven tres personas pero ahora están seis, y cuya propietaria se negó a aplazar o rebajar el pago del alquiler. “Yo tampoco podía decir nada, tenía algo de dinero guardado, así que lo pagué para estar tranquilo”, cuenta Rafael.
La “ayuda” a la que refiere vino de parte de los Servicios Sociales de Madrid. “Como estoy de voluntario en la Cruz Roja, me dieron unos números de teléfono del Ayuntamiento a los que podía llamar si necesitaba algo. Ya sólo tenía dinero para pagar el piso, así que llamé. Eran de Servicios Sociales, me preguntaron por mi situación; les dije que no encontraba trabajo por ningún lado, que llevaba más de un mes sin ingresos y que era la primera vez que pedía ayuda. Les dije que no tenía documentación, tomaron mis datos, me pasaron a la asistenta social y a la siguiente semana se comunicaron conmigo y me explicaron las modalidades de ayuda”, recuerda.
Le dijeron que podía recibir comida en el día o esperar un poco más y obtener un vale de productos en el supermercado Alcampo. Él eligió esta opción. “Después de dos semanas y media me llamaron para decirme que podía ir a Alcampo, que mi nombre estaba registrado y podía hacer la compra por un valor de 75 euros”, relata. “Había cosas que se podían comprar y otras que no, pero al menos tengo para 15 o 20 días de comida”.
Entretanto, Rafael tuvo otro susto que le recordó, una vez más, su desamparo. La mujer que le alquila el piso dio positivo en coronavirus a finales de marzo. “Pucha, ¿y ahora yo qué hago si estoy infectado?”, se preguntó. A ella la hospitalizaron porque tenía principios de neumonía y él, como el resto de compañeros de piso, empezó a mostrar síntomas “como de una gripe, malestar, dolor muscular, y fiebre y tos un día”. “Me imagino que sería el virus, pero pude aguantarlo. Tomé pastillas un par de días, bebí agua caliente y se me pasó”, cuenta.
En esos días que notó los síntomas no podía quitarse de la cabeza qué iba a hacer si la cosa empeoraba. “Lo que más me preocupaba era que no sabía si en el hospital me iban a atender o no al no tener documentación”, confiesa.
El virus se fue, pero el problema económico seguía ahí. A principios de mayo, su jefe volvió a contactar con él para comunicarle que iba a abrir de nuevo la churrería sólo los fines de semana para recogida en el local, y que contaba con él. “A los demás trabajadores les ha dado de baja porque pueden cobrar del Estado, y nos hemos quedado solos él y yo. Yo le ayudo, él me ayuda y ambos nos ayudamos”, dice Rafael. Pero eso no le da para mantenerse. Desde hace una semana, “dependiendo de las horas, cobro 35 o 40 euros por día”, explica. Si trabaja ocho días al mes, no le da ni para pagar el alquiler. Según sus cálculos, podrá “estar por acá a lo menos para junio hasta que se mejore todo”. “Creo que hasta entonces aguanto con lo que tengo”, confía.
Esperar “que se mejore todo pronto” es lo único que le queda a Rafael. Mientras, las organizaciones de derechos humanos piden la regularización de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular durante la pandemia, una cifra que, según sus cálculos, asciende a 600.000 personas en España. Hasta 900 colectivos han exigido al Gobierno esta medida de forma urgente, entre ellos varios grupos parlamentarios, como IU, Compromís, ERC, CUP y Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia.
Diego Fernández-Maldonado, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y Mohamed El Gheryb, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), se encuentran entre los defensores de esta medida excepcional como respuesta a la crisis del coronavirus y para mayor beneficio colectivo, teniendo en cuenta la falta de mano de obra en el sector agrario ante la escasez de temporeros extranjeros por el cierre de fronteras.
“Estas personas quedan fuera del sistema de muchas maneras”, señala Fernández-Maldonado. “Como trabajaban de forma informal, han dejado de tener ingresos y las medidas de choque que está llevando a cabo el Gobierno no se les aplican. No hay ningún rastro de su último vínculo laboral ni de su existencia a nivel administrativo. Además, muchas personas migrantes no tienen lazos familiares en el país que les puedan servir de red de apoyo”, explica. “Su penuria es mucho mayor que la del resto”, corrobora El Gheryb. “No tienen trabajo, ni ayudas, ni visibilización”, apunta.
Como abogado, a Fernández-Maldonado le cuesta dar respuesta a todas las consultas de ámbito jurídico, psicológico y social que recibe el Servicio Jesuita a Migrantes, que estos días atiende a los migrantes a través de WhatsApp, Facebook y correo electrónico de forma gratuita. “Muchos tienen dudas sobre si les pueden echar de su habitación por no poder pagar el alquiler, si pueden salir a trabajar aunque sea de forma irregular porque no les queda otra, qué pasa si la Policía les para por la calle, si les pueden devolver a su país…”, enumera.
“Para un abogado, este momento supone todo un quebradero de cabeza. Hay muchas incertidumbres y, aunque uno tenga un criterio jurídico bastante establecido sobre una situación, no estamos seguros de qué va a hacer exactamente el Gobierno, y dar consejos rotundos en una situación sin precedentes resulta complicado”, reconoce. “Lógicamente, tenemos a profesionales trabajando en todas las medidas que sí ha dictado el Gobierno, pero en algunas siguen quedando cosas en el aire”, cuenta.
Por lo pronto, SJM ha presentado un decálogo de medidas urgentes para combatir la irregularidad administrativa de las personas migrantes durante la pandemia, entre las que propone flexibilizar los criterios para la concesión de renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo, o que se otorguen autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales y de interés público.
“También hemos pedido al Gobierno que paralice todos los procesos sancionadores por la Ley de Extranjería para que las personas migrantes que llevan dos meses encerradas en casas, como nosotros, puedan salir en la desescalada con cierta tranquilidad y vayan a hacer la compra sin problema, a pasear con sus hijos o al centro de salud. Muchas veces, estas personas evitan realizar actividades básicas de la vida diaria por miedo, ante la fuerte presencia policial en las calles. Y es inaceptable”, lamenta Fernández-Maldonado.
“Se está destruyendo mucho empleo en sectores con mucha ocupación de personas migrantes, y esto las lleva a una situación irregular, a la exclusión social, a la búsqueda de puestos de trabajo informales, a la pérdida de derechos laborales, explotación y situaciones que dan lugar a vulneraciones de derechos humanos”, asegura. “Los que ya estaban en situación irregular seguirán encontrándose con los mismos obstáculos burocráticos para regularizarse, con el añadido de las dificultades laborales y sociales actuales; los que estaban en situación regular van a tener dificultades para continuar en su proyecto migratorio”, resume Fernández-Maldonado.
Por ello, desde SJM piden “una medida parecida a la que ya ha adoptado Portugal: que se concedan todas aquellas autorizaciones [de residencia] que estén en trámite y que no sean manifiestamente infundadas”. “Así, por un lado, adoptas un enfoque prorregularización como Estado y, por otro, liberas toda esa bolsa de solicitudes que llevan meses y años acumulándose”, explica el abogado.
También hace referencia a esta medida del Gobierno portugués Mohamed El Gheryb, de ATIM. Su organización, con más de 20 años de experiencia trabajando con migrantes marroquíes en España, sabe bien de lo que habla. “En España ya ha habido procesos de regularización entre los años 1991 y 2005”, señala El Gheryb.
El presidente de ATIM saluda la actitud de “diálogo” del Gobierno español y gestos como el cierre de los CIEs, pero considera que el Ejecutivo necesita demostrar más “valentía”. “Sabemos que son sensibles a este tema, y entendemos que es difícil en estas circunstancias, con una oposición y una extrema derecha tan feroces, pero ahora el Gobierno tiene que pasar a los hechos”, defiende. “Incluso Italia, que estaba peor que nosotros, va a abrir un proceso de regularización”, exclama El Gheryb.
Efectivamente, Italia se plantea regularizar a unos 200.000 migrantes para evitar que se echen a perder las cosechas, escasas de mano de obra ante las limitaciones a la movilidad que impiden la llegada de temporeros extranjeros. De momento, lo que ha hecho el Ejecutivo español es extender el periodo de estancia a extranjeros que quieran trabajar en el campo y emitir permisos de trabajo a personas acogidas a sistemas de asilo.
En este sentido, las organizaciones agrarias han creado bolsas de empleo a las que ya se han apuntado decenas de miles de personas en España, para así facilitar su contratación por parte de los empresarios.
Uno de los que se ha apuntado es Rafael, quien, consciente de que la desescalada en Madrid será lenta, está dispuesto a aprovechar cualquier opción. “Ya me he inscrito para trabajar en el campo y hace cuatro o cinco días me llegó un correo”, cuenta. “No sé si me van a ayudar con el tema de la documentación, me dijeron que sí; de momento, he metido mis datos y han aceptado mi solicitud”, explica. Para este joven, el campo es una buena alternativa “mientras se arregla la situación” en el sector servicios. “Si me incluyen comida y alojamiento, me iría un par de meses, no tendría nada que perder”, asegura. “Al fin y al cabo, tengo que buscarme la vida por ahí, a ver qué hay”.
