La intrahistoria del ingreso mínimo vital: luchas internas en el Gobierno, reuniones clave entre Sánchez e Iglesias y el ‘aliado’ Escrivá

Sobre las cuatro de la tarde del pasado 11 de noviembre Pablo Iglesias llegaba a La Moncloa. España, de resaca electoral. Una reunión secreta convocada por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Y en poco más de una hora nacía el primer Gobierno de coalición tras la II República. Apenas lo sabía un diminuto grupo de personas.

Y en aquel encuentro en el palacio presidencial que marcaría el futuro de la España reciente ya se puso sobre la mesa una promesa que sería un hipotético emblema de la legislatura: aprobar un ingreso mínimo vital, según fuentes conocedoras de la reunión. No marcaron los dos líderes fechas concretas. Pero esta novedosa ayuda verá finalmente su plasmación en el Consejo de Ministros de este 29 de mayo.

Supone un hito que llegará a unas 840.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas. Iba en el ADN de Unidas Podemos desde su nacimiento y el PSOE ya lo recogía en su programa electoral de 2016. Pero nadie esperaba hace unos meses que llegara tan pronto. La razón: su aprobación se ha precipitado ante la crisis económica provocada por el Covid y el aumento de personas en situación de extrema necesidad. Una historia de negociaciones, desencuentros y reconciliaciones dentro de un Gobierno de coalición que nunca pensó que viviría esto.

“Desarrollaremos un ingreso mínimo vital como prestación de la Seguridad Social. Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido por la prestación a hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”. Así quedó negro sobre blanco aquel primer acuerdo de Sánchez e Iglesias en el programa de gobierno hecho público a finales del año pasado. Detrás de aquel párrafo estaba la negociación que habían protagonizado especialmente María Jesús Montero y Félix Bolaños, por parte socialista, y Pablo Echenique e Ione Belarra, del lado de los morados.

Tras días de nervios y conversaciones in extremis con ERC, el Congreso paría una difícil investidura en enero. Fotos, flashes, titulares de Gobierno progresista. Nadie prestaba atención a los escasos teletipos que llegaban esos días desde Wuhan (China). Hasta que apenas dos meses después una frenética curva de muertes y contagios azotaba a España. Un estado de alarma y una situación a la que nadie se había enfrentado.

Despidos, Ertes, desplome económico y la Gran Reclusión. En aquellos primeros días del estado de alarma, el Ejecutivo preparó un gran paquete de ayudas al que se denominó “escudo social”.Todo ello con un fuerte debate en el seno del Consejo de Ministros con varias facciones distanciadas. Una ortodoxia con óptica bruseliense contra una escuela a favor de mayor endeudamiento para lanzar más ayudas sociales. Frente a frente, especialmente, Nadia Calviño y Pablo Iglesias.

Entre las ayudas pensadas para el primer tramo de la legislatura no estaba esa renta mínima. Pero al llegar este drama, Pablo iglesias planteó la posibilidad de acelerarla ante la situación económica que se abría. Pero otra parte del Gobierno no lo veía y calculaban que se tardaría meses en aprobar -principalmente por una coordinación con las autonomías y su posible trámite parlamentario-. Se quedó fuera del primer escudo social.

En el Gobierno se van abriendo dos familias para los temas presupuestarios desde el primer momento. Por un lado, la ortodoxia de Nadia Calviño encuentra alianzas con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y los titulares de Hacienda, María Jesús Montero, y de Agricultura, Luis Planas, en tanto que Iglesias tiene a su lado a los responsables de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Consumo, Alberto Garzón. Pero también en este camino se encuentra con aliados inesperados como José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y un supuesto halcón financiero. También suma a socialistas como José Luis Ábalos y Reyes Maroto.

Son las primeras medidas económicas en el shock del mes de marzo. Pero las tesis de Iglesias no logran imponerse en el tema del ingreso mínimo y se encuentra, según fuentes conocedoras del proceso, con que no tenía visos de prosperar en un segundo paquete del escudo social. La ayuda dependería del Ministerio dirigido por Escrivá, pero era una cuestión básica para la Vicepresidencia de Derechos Sociales. El líder morado entiende que los plazos pueden demorarse pero que ese ritmo no se corresponde con lo que está pasando en la calle, donde ya había gente que no podía pagar en los supermercados. 

Se plantea entonces otra batalla dentro del Gobierno. El propio Iglesias presiona para que vaya al Consejo de Ministros una renta temporal, mientras se aprueba la definitiva, y que sirva para estos meses. Otras facciones del Ejecutivo creen que el ‘morado’ están filtrando a los periodistas información sobre una medida que no le compete y que está dejando al margen a otros ministerios que deberían opinar por el gasto que supone, como Economía y Hacienda. Una lucha en la que también entró la CEOE despechada, según fuentes gubernamentales, después de una reunión por videoconferencia para hablar de la renta mínima entre Iglesias, Escrivá y Díaz con los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), a la que no se llamó a los empresarios.

La tensión se agravaba durante los primeros días de abril. Con versiones contradictorias, como la de Iglesias pisando el acelerador diciendo que llegaría en días, mientras la titular de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba tras un Consejo de Ministros que era competencia de Escrivá y que tardaría meses. A la vez Escrivá rechazaba la idea de una medida temporal y subía la temperatura durante una entrevista en la Cadena Ser , en la que reconocía que se había enterado por los medios de una supuesta rueda de prensa para presentar la renta. Su idea era una renta que perdurara y que su aprobación fuera más bien en septiembre Los que habían sido aliados las semanas anteriores, ahora se veían en mitad de un fuego cruzado y con resonancia pública.

La crisis que se estaba viviendo dentro del Ejecutivo se tuvo que solucionar con una reunión al máximo nivel: Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Frente a frente a mitad de abril, con un Gobierno de coalición lleno de tensiones. Los dos saldrían de esta cita con un acuerdo: a finales de mayo se aprobaría esa renta. En aquellos días la relación entre Iglesias y Escrivá sufrió un bajón, pero según comentan fuentes de los entornos de los dos políticos la relación ahora es “muy buena” y han trabajado perfectamente respecto a esta medida. Otras fuentes del Ejecutivo indican que Iglesias quería ir siempre muy deprisa y anotarse tantos que no le correspondían, lo que provocaba malestar en otros sectores del Ejecutivo que se quejan de enterarse antes por los medios y con una iniciativa que les afectaba también.

No obstante, desde todos los sectores del Gobierno se pide no hablar de vencedores ni vencidos en cada una de las medidas y llaman a entender las diferencias y sensibilidades que hay dentro del primer Ejecutivo de coalición entre PSOE y UP. Desde esa luz verde, arrancaría un proceso más técnico con los equipos de Seguridad Social, Derechos Sociales y Hacienda. Con dos cerebros en la sombra principalmente para todos los flecos: Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y persona de máxima confianza de Iglesias, y Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por parte de Escrivá.

Con los equipos técnicos afinando para tenerlo todo listo ya este mes, se agendó la semana pasada una reunión final entre Sánchez e Iglesias, con la renta mínima como principal tema. Una cita que se produce con otro incendio no esperado entre los dos socios: el día antes se firmaba el pacto con Bildu y horas después el PSOE matizaba el acuerdo. Los dos líderes se ven a solas horas después de que Iglesias haya dicho que lo “firmado obliga”. Una minicumbre que se saldó con la idea de rebajar la tensión interna, restablecer los puentes con los agentes sociales, aunarse para que el Gobierno aguante toda la legislatura y la confirmación de llevar la semana siguiente el ingreso mínimo vital.

La confirmación final de la fecha de la renta llegaba apenas 48 horas después, en la habitual rueda de prensa del presidente el sábado. Han sido estos últimos días escenario para cerrar flecos técnicos y comunicativos. Asimismo, se ha trabajado de manera discreta para lograr un acuerdo con el PNV antes del Consejo para transferir la gestión de este ingreso al País Vasco y Navarra.

La mayoría del Ejecutivo encara con mucho orgullo esta medida en unos días muy difíciles y saben que está llamada a ser uno de los emblemas del Gobierno progresista. Muchos defienden una iniciativa que para parte de la derecha se considera una “paguilla” y en el Ejecutivo recuerdan algunos que ahora es defendida por personajes como el papa Francisco y el exministro de Economía del PP Luis de Guindos, cargo actualmente en el Banco Central Europeo. Un ingreso mínimo en su nombre, pero máximo para millones de españoles.