El Informe de Defensor del Pueblo ataca el protocolo de Madrid para no hospitalizar ancianos con covid

“Si los residentes no van al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia. Ante la no derivación a los hospitales se debían medicalizar las residencias, algo que no ocurrió en todos los territorios durante los dos primeros meses de la pandemia, o sucedió tarde o de forma insuficiente”. El Informe Anual 2020 del Defensor del Pueblo condena de forma tajante la decisión llevada a cabo por gobiernos regionales como el de Madrid de no hospitalizar a los internos en centros de mayores sin ni siquiera reforzar las condiciones de estas instituciones.

Sin mentar directamente a Ayuso o a su gabinete, el texto de Francisco Fernández Marugán, que ostenta el cargo de forma interina desde 2017, hace referencia al protocolo que se conoció en la Comunidad de Madrid y que circulaba en marzo.

Como adelantó El País, varios correos internos remitidos desde organismos sanitarios autonómicos a la Consejería de Políticas Sociales recomendaban excluir de los hospitales a los ancianos internos en residencias. Aunque la presidenta negó haber dado tal indicación, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitió que se envió “por error” un borrador del protocolo que incluía esta ‘recomendación’... pero que no era definitivo.

No todos los casos lo aconsejaban

El Defensor del Pueblo sí admite que en circunstancias de pacientes “muy frágiles con una enfermedad infecciosa grave” los expertos en geriatría y medicina interna no siempre consideran que el ingreso hospitalario sea lo mejor. En estos casos, “tiene que garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida, con suficiente personal médico y de enfermería cualificado y entrenado, y con la medicación y el instrumental adecuado”.

El responsable del órgano constitucional incluye que en los momentos de decidir qué pacientes eran priorizados para recibir una atención urgente, “lo ético y exigible es singularizar clínicamente las decisiones de esta naturaleza, aplicadas a cada paciente, aun en una situación extrema de agotamiento de los recursos”. “Para decidir hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad o la discapacidad”, añade de forma contundente.

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En un amplio texto que destaca luces y sombras en la gestión inicial del covid, Fernández Marugán reconoce que hay comunidades que sí cumplieron y otras que no, aunque en todas llegaron tarde los EPI y las pruebas diagnósticas”, antes de destacar a Asturias como una de esas que acertaron con sus medidas en la primera ola.

El foco en las residencias privadas

El Defensor del Pueblo sostiene que muchas de las instituciones que no actuaron conforme a los requerimientos sanitarios eran centros de gestión privada: “Falló la atención sanitaria, pero también falló la propia organización de las residencias, poniéndose de relieve los problemas estructurales del modelo de atención a los mayores, en manos mayoritariamente de entidades privadas”. “Lo anterior refuerza la necesidad de abordar una revisión del modelo residencial geriátrico en su conjunto”, añade.

Ante la externalización de las residencias de tercera edad, Fernández Marugán ve como obligación de las comunidades “revisar los requerimientos a cumplir

para prestar la atención residencial y efectuar un control mucho más

estrecho del funcionamiento de estos centros asistenciales”.

Pese a las críticas, el informe admite la falta de información y conocimiento sobre el virus en los primeros compases de la pandemia, algo que “se dio en toda la sociedad en enero y febrero”. Entre las consecuencias de esto, “que en las residencias no se adoptaran medidas de prevención ni se almacenara material de protección, salvo algunas pequeñas excepciones. Tampoco se exigió por las administraciones competentes”.