Imputan por homicidio a la directora de una residencia que no derivó a una anciana a un hospital
Es la primera consecuencia de la llamada Marea de Residencias de familiares contra gestores de asilos y responsables políticos de la Comunidad de Madrid.
Varios familiares de la Marea de Residencias, que denuncia la precaria situación de los asilos en la Comunidad de Madrid, han comenzado una cruzada en los juzgados contra directores de residencias y contra los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Justicia, Enrique López, y la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ahora, la primera de esas demandas logra sus frutos y se ha imputado por homicidio a la primera directora de una residencia, que no derivó a una anciana a un hospital.
Según ha adelantado la Cadena SER este lunes, es la primera vez que un juzgado cita como investigada a la responsable de uno de estos centros. El juez de instrucción del juzgado número 50 de Plaza de Castilla pide cuentas a la directora de la Gran Residencia, identificada como R. M. M. G., y tendrá que declarar el día 26 de febrero de 2021.
El auto, sostiene la SER, responde a la querella presentada por la hija de una residente, Vicenta C. M., cuya madre falleció el 27 de marzo en la residencia pública sin haber sido derivada a un hospital. Según lo descrito por el juez en el auto, “conforme a lo dispuesto en el artículo 299 y concordantes de la citada ley procesal, es procedente acordar la incoación del oportuno sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causas y las responsabilidades pecuniarias que se deriven” cuyos hechos “revisten caracteres de presunto delito de homicidio”.
Primero hay que saber “si hay responsables” en las oficinas del asilo y, después, “saber si hay más responsables a parte de los directos, de la directora de la residencia”. “Si hay responsabilidades mayores del consejero de Sanidad, del consejero de Justicia o de la propia presidenta de la Comunidad”, detalla Carlos Vila, el abogado.
Está por ver, explica, si esa falta de traslado “fue una decisión suya, si fue una decisión que tomaron porque tenían esos protocolos de la Comunidad de Madrid que decían que no se podía derivar o si tuvieron contacto con el consejero de Sanidad o con algún personal técnico de la Comunidad de Madrid que les dijera cómo tenían que actuar”, indica la información.