'Impeachment' a Bolsonaro: las acusaciones de la oposición para echar al presidente de Brasil

Le ebullición que estos días viven las calles de Brasil, con protestas masivas contra el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, salta ahora a las instituciones. Tras meses en los que la oposición más progresista se ha dejado las manos firmando iniciativas para pedir un juicio político que lo destituya -hasta 121 recursos han presentado ya-, varios antiguos aliados del presidente se han caído ahora del caballo y han tomado conciencia de que su tiempo ha acabado, de que no puede estar más en el poder.

Todos juntos, en una iniciativa “supraideológica”, como la llaman, van a presentar este miércoles una macropropuesta de impeachment en la Cámara de Diputados para pedir su cese por al menos una veintena de acusaciones, que van desde la corrupción en la compra de vacunas, el descontrol y la inacción en la pandemia de coronavirus, a declaraciones autoritarias, pasando por favoritismos familiares o amenazas a jueces y parlamentarios.

Bolsonaro está en horas bajas, con la popularidad por los suelos, apenas al 24%-, con el 57% de los ciudadanos pidiendo su marcha, con una sangría de de ministros dimitidos por escándalos encadenados, con toda la cúpula militar yéndose en desbandada y unos datos de paro, pobreza y contagios desatados. Eso, sin contar con que ahora planea sobre él la sombra de Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente, libre ya de la prisión, que planea volver al palacio presidencial de Planalto en las elecciones del año que viene, aupado sobre unas encuestas inmejorables.

Y, aún así, el mesías sigue teniendo importantes y decisivos apoyos que podrían dejar el juicio político apenas en una pataleta. Quedan semanas de enorme tensión política en Brasil.

El “superpedido”

La petición que hoy se eleva a la Cámara de Diputados ha costado mucho. Hasta hace poco, se entendía como un ataque partidista de un flanco del hemiciclo. Ahora se han “desilusionado” con Bolsonaro algunos de sus aliados del Partido de la Social Democracia Brasileña y ha habido escisiones en el Partido Social Liberal y de ahí le ha llegado oxígeno a las formaciones más progresistas, las que empezaron tirando del carro. Lo intentaron en abril, fue apenas un conato, pero la oposición popular de las últimas semanas ha sido el pegamento definitivo. Hasta nueve partidos se han unido.

Los motivos para tratar de derrocar al presidente, en el cargo desde enero de 2019, son variados. El diario Folha de Sao Paulo ha desvelado que, con seguridad, la iniciativa citará los “fracasos y omisiones” de Bolsonaro en su gestión de la pandemia, que han convertido a Brasil en uno de los países con peor incidencia y con menos medios para atajarla; su “apoyo y participación” en una manifestación antidemocrática en defensa de la dictadura militar, en 2020; las acusaciones del exministro de Justicia, Sérgio Moro de presunta interferencia política en la Policía Federal de Brasil, cuando el presidente supuestamente despidió al jefe policial y falsificó su firma digital para poder retirarle el cargo, todo para poner “a un amigo de la familia”; y el choque con la cúpula de los tres Ejércitos (Tierra, Aire y Armada), que ha llevado a la dimisión de los principales mandos.

La gota que ha colmado el vaso

El último escándalo que ha echado gasolina al fuego popular y estará recogido en ese capítulo de despropósitos sobre la Covid-19 tiene que ver con las vacunas. Se han producido acusaciones de corrupción contra su gabinete y su partido en la compra de las vacunas indias de Covaxin. Todo viene de una factura de 45 millones de dólares por tres millones de dosis de dicha vacuna, de un encargo hecho al laboratorio indio Bharat Biotech. Esa factura cae en las manos de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud del país, y despierta sus sospechas. Había algo raro: no aparecía el nombre de Madison Biotech, la firma singapureña que la envió y que parece ser que era una fachada.

Miranda se negó a firmar la factura hasta tener las cosas claras. Como ha explicado en una comisión de investigación parlamentaria sobre el coronavirus, es mucho dinero, parte de una compra por 300 millones de dólares en total. Y además le chocaban los precios: Bolsonaro había rechazado anteriormente ofertas de vacunas más baratas y efectivas y esta la estaba pagando a 15 dólares la dosis, cuando su precio de venta general era de 1,34 euros.

El alto funcionario comenzó a recibir una presión “atípica y excesiva”, dice, para que diera luz verde al papel, pero diversas quejas más sobre la falta de oxígeno o de camas en los hospitales brasileños llevó a que, finamente, la operación de las vacunas se cancelara.

Pero Miranda estaba inquieto y habló con su hermano, Luis, diputado partidario de Bolsonaro. Hablaron con el presidente y este dijo que pondría en caso en manos de la Policía. Eso nunca pasó. De ahí que el lunes de esta misma semana tres senadores hayan puesto una demanda ante la Corte Suprema para que se investigue si el presidente  cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar esas sospechas de corrupción en la compra de Covaxin.

Bolsonaro se escuda en que le resulta imposible saber “lo que ocurre en cada ministerio” y que confía en sus ministros. “No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”, declaró el mismo lunes. Lleva ya cinco ministros de Sanidad en su mandato...

Ya no es Bolsonaro hablando de “gripezinha”, animando a ser “hombres fuertes” frente al virus, renegando de las mascarillas, promoviendo actos multitudinarios y asistiendo a ellos, abogando por no respetar las cuarentenas... Es supuesta prevaricación. Actuar mal a sabiendas. Palabras mayores.

¿Puede caer Bolsonaro?

Que prospere el impeachment no es sencillo. Una cosa es que Bolsonaro esté perdiendo apoyos políticos y populares y otra es que no tenga red. Primero, tras la presentación del documento por parte de la alianza de partidos, el presidente de la Cámara de Diputados tiene que aceptarlo y dar inicio al proceso de destitución. Ahora mismo preside el hemiciclo Arthur Lira, su amigo.

El principal dirigente de lo que en Brasil se conoce como el centrão, el gran centro, un grupo de partidos de caciques territoriales, sin ideología clara, que ofrecen su apoyo parlamentario al mejor postor, a cambio de cargos con abultados presupuestos. Lo que convenga más en cada momento. Lira ha rematado recientemente una jugada con la que ha evitado fugas que ya se estaban produciendo al bando antiJair: ha dado entregar unos 500 millones de dólares a 300 legisladores para que hagan obras en sus distritos, a cambio del voto a los proyectos del Gobierno.

El próximo paso consiste en la creación de una comisión especial de la Cámara para analizar la denuncia. Está compuesta por 65 diputados titulares e igual número de suplentes, que representan a todos los partidos en forma proporcional a las respectivas bancadas. Tras recibir la notificación de la Cámara, el presidente tiene un plazo de 10 sesiones plenarias –con presencia de un mínimo de 51 diputados cada una– para presentar una defensa por escrito. Cumplido el plazo, independientemente de que haya recibido o no una defensa escrita del presidente, la comisión especial tiene cinco sesiones más para emitir su parecer, para decir si recomienda o no la continuación del proceso de destitución.

El pronunciamiento de la comisión es entonces enviado a la Cámara de Diputados para ser sometido a votación. Esta debe llevarse a cabo en el plazo de 48 horas y es nominal. El proceso de impeachment sólo seguirá adelante si cuenta con la aprobación de por lo menos dos tercios de la Cámara, 342 del total de 512 diputados. El presidente actual, según la prensa local, lleva días moviéndose intensamente con diputados de ese centrão y haciendo promesas para garantizarse el respaldo necesario. De no obtener ese apoyo, la petición será archivada y Bolsonaro permanecerá en el cargo.

Hasta ahora, Brasil sólo ha pasado por dos procesos de este tipo: en 1992, contra Fernando Collor de Mello (renunció antes de la votación final) y en 2016 contra Dilma Rousseff (perdió y fue apartada del Gobierno durante 180 días).

Las protestas siguen

Las grandes manifestaciones en la calle se multiplican y, de nuevo, se ha programado una “quedada masiva” para el 3 de julio. Los ciudadanos protestan por los niveles de paro, del 15%, o los de pobreza, con 58 millones de brasileños que corren el riesgo de no comer por falta de dinero. Dice Bolsonaro que él “es el mesías” pero no hace “milagros”, que no ha sido “culpa suya” que el coronavirus haya golpeado fuerte. Respuestas, pocas. Hasta ha rechazado -se dice que siete veces- una oferta de Pfizer para suministrarle vacunas pronto.

Se le han ido cuatro ministros de Sanidad, los de Medio Ambiente, Defensa y Exteriores, algunos titulares de carteras se vacunan en secreto para no “enfadarlo”. “Se quedan los mejores”, se defiende.

Para tratar de congraciarse con los ciudadanos, se le ocurrió ofrecer Brasil como sede para la Copa América de fútbol, después de que lo rechazasen Argentina y Colombia por los riesgos que lleva aparejado un evento con tantas personas, en plena pandemia. Le salió mal: la gente no se ha puesto feliz por poder ver fútbol, sino que se ha indignado porque, de nuevo, se pone en riesgo su salud olvidando que van ya 18,5 millones de infectados y 515.000 fallecidos.

“Impeachment y vacunas. Balones no”, decía una pancarta en una de las protestas de Río. Este miércoles toca ver si ese juicio político da, al menos, un primer paso.