Illa cree que el 'fondo complementario' del Govern catalán se ajusta a la legalidad
El Gobierno dijo que vigilaría si el decreto para cubrir a 40 ex altos cargos por la promoción exterior del procès es legal.
El PSC echa un capote el Govern de Pere Aragonès en Cataluña. El jefe de la oposición en el Parlament, el socialista Salvador Illa, considera que el ‘fondo complementario’ creado por la Generalitat para cubrir a lo ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por haber promocionado el procés en el extranjero se ajusta a la legalidad.
“La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros con los que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad”, ha apuntado en una entrevista en Rac1.
El grupo PSC-Units ha solicitado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que dictamine si el decreto ley aprobado por el Ejecutivo catalán se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Constitución Española.
Illa ha defendido este gesto porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el “ruido” generado en torno al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT).
“Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución”, ha resuelto.
El lío entre el Tribunal de Cuentas y el independentismo catalán
La pipa de la paz de los indultos a los condenados del procès parece haberse apagado por culpa del Tribunal de Cuentas y los 5,4 millones de euros que reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat por usarlos de manera irregular en la promoción en el extranjero del soberanismo catalán.
El independentismo se ha levantado contra el tribunal y pide al Gobierno que frente la liquidación a la que tienen que hacer frente los funcionarios soberanistas. Mientras, como respuesta, la Generalitat aprobó la seman pasada el fondo de 10 millones para cubrir a los afectados y evitar que sean embargados.
El problema es que la Generalitat ha ideado un decreto al que el Ejecutivo ya le ha puesto el ojo por si incumple la ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es meridiano: en caso de que no se ajuste a derecho, lo recurrirá. Aunque su exministro de Sanidad parece tener claro que el fondo cumple la ley.