Ignacio González Vega (Jueces para la Democracia): “El Gobierno quiere controlar la Fiscalía y, después, los tribunales”

España asiste en las últimas semanas a un culebrón en el que se mezclan fiscales, miembros del Gobierno, jueces y dirigentes políticos. En estos días ha tenido que renunciar Manuel Moix a su cargo de Fiscal Anticorrupción por tener una sociedad en Panamá, mientras que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han sido reprobados por el Congreso de los Diputados.

Todo ello salpicado por los nuevos nombramientos en la Audiencia de Nacional de Concepción Espejel y Enrique López. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, cree que el Gobierno está intentando controlar la Fiscalía primero y, posteriormente, tribunales como la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante los casos de corrupción en los que está implicado el Partido Popular.

Este magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid pide en esta entrevista en nombre de esta asociación de jueces de corte progresista que se pongan más medios para luchar contra la corrupción y que acaben las "presiones" desde el ámbito político. Y avisa: "Hay una estrategia en los nombramientos de los jueces".

Ante los casos que estamos viendo en los que se entremezclan el mundo de la Justicia y política, ¿puedes los ciudadanos confiar en su Justicia?

La verdad es que los gobernantes lo están poniendo un poco difícil y están poniendo a prueba a los ciudadanos. Las últimas decisiones sobre los nombramientos en la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es una forma de poner a prueba la confianza que tienen los ciudadanos.

El último gran escándalo ha sido el de el ya ex Fiscal Anticorrupción Manuel Moix y su sociedad en Panamá. Y, además, el Fiscal General del Estado, Manuel Maza, defendió su conducta. ¿Cómo se digiere eso?

Es difícil de entender para cualquier persona normal y es, cuanto menos, éticamente censurable que el Fiscal Anticorrupción tenga una sociedad offshore y al mismo tiempo tenga que perseguir a ciudadanos que tienen sociedades offshore para eludir el pago de impuestos.

¿Y qué le pareció que Maza durante la comparecencia en la que anunció la renuncia de Moix dijera que no había motivo para cesarle y lo defendiera?

No puedo comprender cómo se puede defender a una persona que trata de eludir el pago de tributos y que Maza hiciera ese alegato.

¿Debe dimitir el Fiscal General del Estado?

Primero, debe dar explicaciones ante el Congreso. Y si no resultan convincentes sus palabras, entonces debe dimitir. Primero hay que darle la oportunidad de que se explique ante nuestros representantes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está reprobado por el Pleno del Congreso. ¿Tendría que dimitir también al no contar con el apoyo mayoritario de la Cámara Baja?

También estaban reprobados Moix y el Fiscal General del Estado. La verdad es que el señor Rajoy debe tener muchos motivos para sostener al señor Catalá. Puede ser que tenga que dimitir porque la mayoría de los representantes han votado contra él.

¿Qué sensación cree que tiene la ciudadanía cuando lee la filtración de un mensaje de Catalá a Ignacio González en el que le dice "ojalá se cierren pronto los líos"?

En ese tema los jueces debemos ser especialmente cuidadosos. Estamos hablando de filtraciones del sumario, parciales y que pueden ser interesadas. Tenemos que ser rigurosos y hasta que el sumario no sea público debemos esperar.

¿Está intentando el PP presionar a la Justicia ante todos los casos de corrupción que tiene en los tribunales?

Eso parece. Lo que sí se percibe es una estrategia de controlar primero los nombramientos en la Fiscalía y las piezas claves, particularmente Anticorrupción. Y, después, en los tribunales de Justicia y en la Audiencia Nacional.

¿Cómo se puede evitar ese intento de control? ¿Cómo se puede frenar?

Sobre todo, con la institución del Consejo General del Poder Judicial, que sea fuerte y no acepte las injerencias de los partidos políticos. Los nombramientos deben seguir los principios de mérito y de capacidad, no de afinidad política. Aquí se ha mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial, que se prefiere a una persona por su afinidad política que por su ejercicio en la función.

Hablemos de la magistrada Concepción Espejel, apartada del caso Gürtel por su afinidad con el PP y ahora nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Por qué ha sido elegida?

Parece ser que por afinidades políticas. Una persona, como Enrique López, que ha sido recusada hasta en tres ocasiones por su afinidad con el PP, es inaceptable que pueda ser nombrada presidenta de esa Sala de lo Penal.

El responsable más directo del nombramiento sería el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. ¿Tiene que dimitir?

El señor Lesmes tiene que dimitir. El cometido esencial del CGPJ es garantizar la independencia de los jueces y el mantenimiento de la separación de poderes. Las pretensiones que puedan tener el Ejecutivo o el Legislativo deben ser totalmente rechazadas para evitar estos intentos de control de los tribunales del partido del Gobierno.

Se da también la situación de que el juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción de Púnica y Lezo, pasa ahora a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, como había solicitado. ¿Se puede permitir que estos dos casos, de tal calado público y político, se queden ahora sin ese juez en mitad del proceso?

No se van a quedar sin juez. El juez titular (Manuel García Castellón) está en Italia y va a venir ahora al número 6. La cuestión está en que en las filtraciones del sumario se habla por parte del expresidente de Madrid Ignacio González de que vuelva el juez titular. Parece ser que lo han conseguido. Un juez que estaba en Roma ganando un dineral vuelve parece ser no por petición propia, sino más bien obligado a ello.

En los últimos meses se han producido extraños movimientos en la Fiscalía, como los que tenían que ver con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. ¿Qué está pasando? ¿Qué juego de poderes hay detrás y tienen que saber los ciudadanos?

La Fiscalía es una pieza fundamental en el poder judicial. Lo primero, es la que tiene que velar por la independencia de los tribunales. El poder político ha empezado primero por controlar la Fiscalía y el círculo se cierra con el intento de control de los tribunales de justicia.

¿El Gobierno quiere controlarlos?

El Gobierno quiere controlar la Fiscalía, especialmente la de Anticorrupción, y el siguiente paso es controlar los tribunales de Justicia. Controlar la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y en el futuro el Tribunal Supremo.

¿Qué les hace falta a los jueces para poder destapar toda la corrupción que hay en España?

Faltan medios para poder luchar contra la corrupción y sobran injerencias de los partidos y del Ejecutivo y menos presiones. Hay que evitar que el Gobierno y los partidos nombren a los jueces que llevan estos asuntos.

¿Cree que los políticos se han dado cuenta de la percepción que tienen los ciudadanos de la Justicia en estos casos de corrupción?

Pues sí. Para empezar, según el CIS, la corrupción es el segundo problema, después del paro. Los ciudadanos no son indiferentes ante el problema de la corrupción y más en un periodo de crisis económica.

¿Somos un país corrupto? ¿O somos un país con unas élites corruptas?

Somos un país con un nivel de corrupción muy importante en las élites gobernantes. No tengo pruebas para decir que sea toda la clase gobernante. Sí hay pruebas evidentes de que hay unos niveles de corrupción inaceptables en la clase gobernante.

¿Cree que están aprendiendo algunos políticos con lo que se está viendo e irá disminuyendo el grado de corrupción?

Ojalá fuera así. No tengo una bola de cristal, pero ojalá. La corrupción se combate cuando hay una voluntad decidida y hasta ahora el Gobierno no parece que la tenga.

El mayor desafío institucional que tiene ahora el Gobierno es el independentismo catalán. ¿Qué le parece que lo lleve todo a los tribunales y judicialice esta cuestión? ¿Les están pasando a los jueces la pelota?

Sí, eso es lo que se llama judicialización de la política. Es tan mala la politización de la Justicia como la judicialización de la política.

¿Cuál es el estado de ánimo de los jueces?

En general, hay malestar en la carrera judicial. No hay inversión en Justicia y los jueces están bastante desanimados. No se hacen reformas para poner la Justicia del siglo XIX en el siglo XXI, lo que causa un gran desánimo dentro de la carrera.