Hoy más que nunca, memoria y educación democráticas

Ya ha pasado casi medio siglo desde la muerte del dictador. Su legado es verdaderamente negativo. Protagonizó una insurrección militar que derivó en una guerra civil y una posterior dictadura que supuso fusilamientos, cárcel, torturas y exilio para miles españoles. Acabó con el régimen democrático de la Segunda República y lo sustituyó por una dictadura basada en los principios del nacionalcatolicismo, que fue acompañado de un retroceso intelectual, científico, cultural, que nos alejó del progreso y bienestar del resto de países europeos, unido al aislamiento internacional de profundas repercusiones socioeconómicas. 

Gracias al proceso de transición pacífica, hoy España se encuentra entre las veinte democracias plenas del mundo, como así lo confirman diversos organismos internacionales. Obviamente, nuestra Transición no fue perfecta, y quizá por miedo a posibles involuciones democráticas no se prestó suficiente atención a las víctimas de la guerra y de la dictadura. La memoria democrática cumple con la función de cerrar las heridas del pasado, superar nuestras diferencias y que experiencias tan trágicas no se repitan en el futuro. La ley de memoria democrática de 2007 permitió sacar al dictador del Valle de los Caídos, borrar de los callejeros los nombres de los golpistas, entre otras actuaciones. Sin embargo, pese a los esfuerzos, todavía permanecen miles de personas enterradas en las cunetas sin identificar y continúa pendiente la rehabilitación de las víctimas de la dictadura. A éstas y otras justas demandas de las asociaciones de víctimas del franquismo pretende atender la nueva ley de memoria democrática propuesta por el Gobierno de Sánchez, que previsiblemente se aprobará durante el primer semestre del año que viene.

La memoria democrática no sólo es cuestión de justicia, también constituye un mecanismo de defensa de la democracia frente a sus enemigos. De hecho, en países con experiencias totalitarias como, por ejemplo, Alemania, la memoria democrática y la educación en valores democráticos son una auténtica política de Estado. La historia europea ha demostrado que las democracias pueden ser derrocadas, especialmente durante periodos de graves crisis económicas. La ultraderecha de todos los países europeos, incluido el nuestro, es consciente de esta circunstancia y está utilizando instrumentos como el revisionismo histórico, la difusión masiva de falsedades y la estigmatización de diferentes grupos para erosionar nuestra democracia. Que el Ayuntamiento de Madrid por decisión de Vox, PP y Ciudadanos haya retirado el nombre de las calles y otras simbologías como placas de Indalecio Prieto y Largo Caballero, dos altos representantes de la democracia española, supone un ataque a todas y cada una de las funciones que desempaña la memoria democrática. ¿Cómo se va a entender la democracia si se equipara a sus legítimos representantes con los golpistas que vulneraron sistemáticamente los derechos y establecieron una dictadura?

Dado el auge de la ultraderecha en el mundo y el contexto de crisis económica, hoy más que nunca, las nuevas generaciones de españoles deben conocer las consecuencias de los movimientos totalitarios en Europa, y en singular de la dictadura franquista en España, así como educarse en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, como establece el artículo 27.2 de la Constitución española.