Hospital Isabel Zendal, ¿corrupción institucional?

Europa pierde anualmente unos 56.000 millones de euros como resultado de la corrupción en los sistemas sanitarios, según los cálculos del EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network), a los que se suman los últimos informes sobre el coste del fraude en la sanidad: la corrupción y el fraude social suponen entre el 3 y el 10% de los gastos en sanidad. En todo el continente, abunda la bibliografía y análisis sobre corrupción sanitaria e incluso los organismos que la persiguen y regulan. Por ejemplo, en un estudio en Italia, los resultados mostraron que la corrupción institucional juega un rol negativo en la provisión eficiente de las infraestructuras sanitarias. Sin embargo, en España, hablar de corrupción institucional sin vincularla a la corrupción individual es todavía un espejismo, pero no por ello deja de convivir con nosotros como un lastre de nuestra sanidad.

Los teóricos de la corrupción (Thompson, Warren, Miller, Lessig,…) diferencian la corrupción individual de la institucional, a la que definen como: la situación donde es el entorno institucional donde se generan los conflictos de interés y se promueven los comportamientos que sistemáticamente comprometen los propósitos institucionales. La corrupción individual está relacionada con ganancias personales. La corrupción institucional es definida en el contexto político referida a la ganancia política. La ganancia política se torna en corrupción institucional si socava el principal o principales propósitos de la institución.

En este sentido, no es ningún secreto que el Partido Popular tiene la fea, y de dudosa moralidad, costumbre de utilizar la contratación pública y las infraestructuras como  mecanismos a través de los cuales saquear las arcas públicas y agujerear el bolsillo de los madrileños y madrileñas para dar contratos a sus amiguetes o inflar la caja B de su partido. Durante décadas, los Aguirre, González y Cifuentes han esquilmado cada servicio o bien público que ha caído en sus manos, no han perdido ni una sola oportunidad de corromper el sistema y retraer dinero que tendría que ir dedicado al bienestar de la ciudadanía para engordar los balances de cuentas de algunas pocas empresas.

Conociendo sus antecedentes, sabiendo que forma parte de su ADN, ¿quién podría pensar que iban a resistirse a no aprovecharse de una de las áreas que la Comisión Europea define como una de las áreas más vulnerables de ser corrompidas? El sistema sanitario es, de nuevo, un objetivo predilecto además de la mayor parte del pastel presupuestario. Llevan haciéndolo desde los hospitales hipoteca de Aguirre y la llegada de la pandemia y la consiguiente  generalización del uso del contrato de emergencia les ha dado la coartada perfecta para pisar acelerador de su máquina de opacidad y corrupción institucional.

El Hospital Isabel Zendal tiene todos los ingredientes para acabar siendo materia de algún sumario judicial. Pero mientras tanto, lo que podemos asegurar sin temor a equivocarnos, es que la corrupción institucional ha vuelto a socavar los propósitos de nuestra sanidad para desviarlos a los propósitos de un partido político. Estamos siendo testigos, en riguroso directo, de la enésima operación de pillaje que sorprendió hasta al mismísimo Pablo Casado que, atónito durante su visita al hospital fantasma, tuvo que preguntar por unos quirófanos que no están ni se les espera. Unos quirófanos que existen antes en cualquier caja de playmobil que en los planes de Ayuso para su proyecto estrella para la maltrecha sanidad madrileña.

Las cuentas públicas se ponen a temblar cuando escuchan a alguien del Gobierno de la Comunidad de Madrid hablando de milagro pues sabemos que se refieren a una copia barata del milagro de los panes y los peces pero en lugar de multiplicarse el alimento son los sobrecostes, las mordidas, los contratos a dedo a familiares, amigos o donantes de la caja B lo que proliferan cuando ellos están al mando. Lo vimos en IFEMA donde pagamos 56€ por la lavandería frente a los 3.3€ que cuesta en los hospitales, 50€ diarios a cargo de la restauración de cada paciente, 9.285€ por el traslado de material recorriendo escasos 6.5kilómetros. Asomaron la patita, lo denunciamos y aun así siguen empeñados en convertir esta crisis sanitaria, económica y social en un jugoso negocio para unos pocos.

Si algo caracteriza las últimas dos décadas de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es la corrupción, individual e institucional. Si uno levanta la vista y mira a su alrededor, o piensa en su día a día, prácticamente no hay nada que no haya sido objeto de corrupción: el agua que sale de nuestros grifos a través del Canal Isabel II, el tren (que iba a unir Móstoles y Navalcarnero), las 3.000 viviendas de la empresa municipal de Madrid, los colegios concertados que incluían mordidas para Granados, el 1% de los hospitales públicos, el parque de Chamberí, la eficiencia energética de Parla, Casarrubuelos o Torrejón de Velasco y un larguísimo etcétera. En cada municipio, en cada pueblo, en cada barrio está la marca de la corrupción. Ni siquiera la pandemia ha sido capaz de frenarlos.

Y ni aún con todo esto estamos condenados. Encarar la corrupción sistémica e institucional en la que han sumido a Madrid como si de una maldición bíblica se tratase sólo conlleva a la frustración, el desencanto y la parálisis. Tengamos claro que no es perpetua, el ejemplo valenciano nos lo demuestra, ni inapelable, por eso hemos llevado varios asuntos a los tribunales, ni condición sine qua non del verbo gobernar. No lo asumamos como inevitable ni nos resignemos, porque tanto el sistema sanitario madrileño como Madrid en su conjunto necesitan y merecen un gobierno a la altura que forme parte del lobby del bien común y destierre, de una vez por todas, el malgobierno de la corrupción que lleva las siglas del PP.