Hasta dónde está dispuesto a llegar el fujimorismo

Una sensación de malestar, nerviosismo y hartazgo recorre Perú desde el domingo pasado. El 6 de junio se celebró la segunda vuelta electoral y este jueves la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que había procesado el 100% de las actas, según las cuales Pedro Castillo obtuvo un 50,17% de los votos y Keiko Fujimori, un 49,82%.

Aunque apenas los separan 60.000 votos, ya son 20.000 más que la ventaja con la que Pedro Pablo Kuczynski ganó a Fujimori en 2016. Pero esta vez es distinto. Si hace cinco años se presentaron 29 recursos de nulidad de mesas electorales —que finalmente no alteraron el resultado—, esta semana el partido de Fujimori, Fuerza Popular, ha solicitado la anulación de 802 mesas por “irregularidades”, con lo cual está pidiendo que se desechen unos 200.000 votos.

El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Jorge Salas, describió esta situación como “extraordinaria”, y no supo decir cuánto tiempo llevará al Jurado revisar todos estos votos. Organismos nacionales e internacionales descartaron la posibilidad de fraude desde el principio. Mientras tanto, la población espera en vilo, unos ya con pocas esperanzas de que Fujimori pueda dar la vuelta al resultado, los otros ansiosos por poder celebrar la victoria de Castillo, y temerosos de que el fujimorismo y sus seguidores traten de romper el tablero.

Este viernes, se supo por sorpresa que el JNE había ampliado el plazo para presentar estas solicitudes hasta las 20 horas del viernes —favoreciendo así a Fuerza Popular—, cuando en un principio terminaba dos días antes. Horas después, el presidente del Jurado anunció que dejaban sin efecto esta medida, y no admitirían pedidos de nulidad más allá de los presentados el miércoles antes de las ocho de la tarde. Según explica el medio peruano IDL - Reporteros, hasta el jueves se habían presentado 771 de estas solicitudes (741 por Fuerza Popular y 30 por Perú Libre), pero de estas, sólo 165 llegaron dentro del plazo establecido, con los cual 606 quedarían fuera (590 de Fuerza Popular y 16 de Perú Libre). Finalmente, sólo afectaría a algo más de 38.000 votos.

Retrasar la proclamación y sembrar el relato del fraude

La candidata de Fuerza Popular ha movilizado a los mejores bufetes de abogados de Lima para que la ayuden en esta hazaña. La motivación —apunta la socióloga Indira Huilca— no es tanto legal como política.

“Lo que busca el fujimorismo es retrasar el proceso final de proclamación, y sembrar el relato de que ha habido una situación de irregularidades sistemáticas, pero sólo con los votos de Pedro Castillo”, sostiene Huilca, excongresista peruana. 

En su opinión, la candidata sigue “una lógica de negarse a reconocer su derrota, y de paso marca también el curso del que va a ser su rol opositor, que es desestabilizar al nuevo gobierno y no reconocerlo de entrada”, prosigue. “Incluso si la ONPE y el JNE resuelven estas famosas actas, ella va a seguir insistiendo en su relato”, augura Huilca.

Fujimori, a lo Trump

Para Marco Sifuentes, periodista peruano y director del podcast La Encerrona, Keiko Fujimori está siguiendo los pasos de Donald Trump: radicalizar a su electorado con fake news, negarse a aceptar la derrota, alegar fraude y lograr que sus seguidores acaben convencidos hasta el tuétano de ese supuesto robo electoral. En Perú no se sabe cuál será el siguiente paso, pero en Estados Unidos acabó con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. 

Este viernes, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado la “falta de objetividad y equidad” de “algunos” medios de comunicación peruanos en la cobertura electoral. “Los medios tienen la responsabilidad de contribuir a un clima de respeto en la campaña electoral, debiendo respetar los principios de equidad, veracidad, objetividad y pluralismo democrático”, han pedido en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, en el que recuerdan que la “difusión de información inexacta y parcializada” constituye “una falta de ética” y “una vulneración al derecho a la información de la ciudadanía”.

Horas antes, el Tribunal de Honor del JNE ya desestimó las acusaciones iniciales de fraude por parte de Fujimori, pues “alimentan un clima de mayor polarización social y contribuyen al debilitamiento de la credibilidad en los organismos electorales”, y además apuntan a “la necesidad de salir a las calles sin mostrar evidencias fehacientes”.

“Keiko Fujimori quiere borrar los votos andinos”

Ante esta situación que vive el país, el periodista Marco Sifuentes se confiesa “honestamente, muy preocupado”. “Fujimori está intentando impugnar los votos de las zonas más pobres del Perú”, señala. 

No por casualidad, las zonas más pobres del Perú han votado masivamente a Castillo, con hasta el 89% de los sufragios en regiones como Puno, al sur del país. “Keiko Fujimori quiere borrar los votos andinos, de los cholos”, dice Sifuentes.

Las “irregularidades” que menciona el partido de Fujimori para aducir un “fraude sistemático” son defectos menores de forma, como que la firma de un miembro de mesa no era exactamente igual en su DNI y en el acta, o que tres integrantes de una mesa tenían el mismo apellido, o que los nombres no eran del todo legibles en un acta. Curiosamente, los abogados de Fujimori sólo han observado irregularidades de este tipo en lugares donde ha arrasado Castillo. 

“Están dando a entender que Perú Libre [el partido de Pedro Castillo] ha llevado a su gente a los pueblos de la serranía, que han copado las mesas y han hecho lo que han querido, como apuntando a que en las zonas alejadas de los Andes no hay vigilancia, y que el partido ha manipulado a la población a su favor”, explica Huilca. “Y eso es imposible”, añade. “Si hay una cosa que funciona bien en el Perú es la vigilancia del proceso electoral. Siempre hay personal de las dos instituciones electorales (ONPE y JNE) en todas las mesas del país, así sea en el lugar más alejado del mundo”, señala. Por otro lado, estas dos entidades son centrales, no dependen de gobiernos regionales.

Con estos pedidos de nulidad, Fuerza Popular está acusando también a los miembros de las mesas electorales, que podrían ser investigados. “Es algo muy provocador para los votantes del sur del país, que son los más antifujimoristas”, comenta Huilca.

Cuando el partido de Fujimori iba todavía en cabeza, lo primero que denunció fue que Perú Libre quería robarles las elecciones y por eso estaba impugnando “miles de actas” que los beneficiaban a ellos. Finalmente no eran “miles de actas”, sino 700 votos, y su revisión ha sido retransmitida por Facebook y televisión.

La segunda acción que promueve el fujimorismo, la de pedir la nulidad de 200.000 votos, es distinta, y en este caso las denuncias deben corresponder a casos graves y ajenos al contenido del acta, más relacionados con actos de coacción, amenaza o violencia contra los miembros de una mesa. Además, deben haber sido presentadas antes del miércoles.

Huilca sostiene que las reclamaciones que está haciendo ahora el partido de Fujimori son “muy vagas”, y no cree que salgan adelante, pero “como son tan numerosas, va a tomar tiempo”, y además este resultado se puede apelar después.

La derecha iberoamericana habla (Aznar incluido)

Para caldear el ambiente, a última hora de este jueves diecisiete expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, firmaron un documento en el que piden que no se declare ganador de las elecciones peruanas hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones. 

Dicen que se no se ha podido definir todavía “sin margen de duda” qué candidato debe ser proclamado presidente electo e instan, además, a que ambos aspirantes “contribuyan a sostener la paz ciudadana”.

La fractura social, aún más profunda

Mientras tanto, y ante el panorama de que esta incertidumbre pueda alargarse dos semanas más, “la gente ya tiene ganas de estallar”, constata Huilca. “Incluso los que no son partidarios de Castillo tienen la sensación de ‘hasta cuándo va a durar esto’, y así va aumentando la sensación de malestar y la situación de desestabilización del país”, avisa la socióloga.

Todo esto, coincide Marco Sifuentes, “podría ahondar aún más la fractura social que ya existe”. Al periodista le preocupa especialmente ver que en redes sociales se están haciendo llamamientos al Ejército para que actúe e impida la llegada de Castillo a la presidencia. “Básicamente están llamando a un golpe de Estado, y la cosa se puede poner seria”, advierte. 

“Parece ridículo, pero esto alimenta un ánimo, va sembrando un ambiente de tensión, de malestar y hasta de guerra. ¿Qué tendrán que ver las Fuerzas Armadas en esto?”, plantea Indira Huilca. Por si acaso, el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado para aclarar su “neutralidad” y pedir que se respeten los resultados electorales. 

Las posibilidades de que Keiko Fujimori se imponga en el recuento son ínfimas, “pero si tienes más de 30 años y eres peruano, sabes que en el Perú puede pasar de todo”, dice Álvaro Lasso, editor de Estruendomudo y director del documental El profesor.  

Hace veintiún años, el padre de la actual candidata, Alberto Fujimori, tuvo que huir a Japón en medio de las evidencias de corrupción y acusaciones de fraude, y después de ser elegido presidente por tercera vez, algo que hasta entonces impedía la ley peruana. Una vez en Japón, Fujimori dimitió por fax, se volvieron a celebrar elecciones y ganó su rival, Alejandro Toledo.  

“Yo creo que esta vez no va a pasar, y ese es mi deseo, pero prefiero esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones hable y, con eso, poder dormir tranquilo”, comenta Lasso. “Cuando has vivido en los 80, en los 90 y en los 2000, sabes que Perú es una novela de García Márquez, no de Vargas Llosa”.