Hacienda propone subir el sueldo a los funcionarios 7,25% en tres años
El salario de los funcionarios públicos se incrementaría desde 2018 hasta 2020.
El Gobierno ha ofrecido a los sindicatos mayoritarios del sector público un acuerdo salarial a tres años con subidas fijas del 1,5 % para 2018, el 1,75 % para 2019 y el 2 % para 2020, a lo que suma un alza variable que dependerá de la evolución de la economía.
Según han explicado los sindicatos tras la reunión mantenida con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la oferta del Gobierno establece un tope a la subida salarial, con lo que en el mejor de los escenarios el alza acumulada entre 2018 y 2020 sería del 7,25 % (5,25 puntos fijos más 2 puntos variables a repartir en tres años).
Para CCOO, UGT y CSIF, la oferta fija es adecuada porque permitirá cubrir la inflación prevista para esos años, si bien considera que el Gobierno tiene que mejorar la subida variable sujeta al PIB para que los empleados públicos puedan comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010.
Según los sindicatos, Hacienda se ha comprometido a presentar mañana en otra reunión vespertina una nueva oferta respecto a la subida variable para tratar de cerrar el acuerdo antes de la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas del próximo jueves.
La reunión de este martes ha tenido lugar después de que el jueves pasado se evidenciasen las discrepancias entre Hacienda y los sindicatos sobre el incremento y se avanzase en cambio en materia de empleo. Hacienda ofreció una subida moderada del sueldo de los funcionarios para el año 2018 y un incremento más abultado para los ejercicios 2019 y 2020.
En un principio, la subida salarial contendría una parte fija, relativa al IPC, y otra variable, que podría estar vinculada al PIB, y Hacienda plantearía una subida salarial que no superase el 2% al año, según las cifras sobre los costes que entregó a los sindicatos en la última reunión. Fuentes conocedoras de la negociación señalaron a Europa Press que la subida ofrecida por Hacienda sería del 1,95%.
Hacienda cifra en 1.120 millones de euros el coste que supone cada punto de subida salarial para los tres millones de funcionarios y empleados públicos en España, por lo que con ese margen la subida "no podría superar en ningún caso el 2%" al año, según indicaron los sindicatos en la última reunión.
En cualquier caso, la cifra definitiva se fijará definitivamente en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que previsiblemente se convocará para el jueves y en la que están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre y en el que se incluirá la subida salarial de los funcionarios para 2018.
La subida salarial de este año será el tercer alza consecutivo tras los incrementos del 1% aprobados tanto para este año como para el ejercicio 2016. Sin embargo, los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, que cifran entre un 13% y un 20%.
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO SUPERIOR AL 14%
Precisamente CC.OO. ha publicado este martes unos cálculos sobre la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos desde el año 2010, que, según sus cálculos, alcanzaría el 14,42%, con una previsión del IPC del 2% para este año.
Por su parte, los sindicatos mostraron el pasado jueves su pesimismo sobre las posibilidades de poder alcanzar un acuerdo si el Gobierno no acepta su petición de recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.
Además, Rajoy suprimió la paga extra de Navidad de 2012, si bien posteriormente fue devuelta en su totalidad.