Hacia un sistema público de cultura. Garantía de un derecho fundamental

España es una potencia cultural a nivel mundial. El segundo país con más patrimonio cultural del mundo, detrás de Italia; y el cuarto más influyente culturalmente según un estudio de US News and World Report; por detrás únicamente de Italia, Francia y Estados Unidos.

No obstante, los expertos nos advierten de que España es uno de los países donde menos se ha legislado para proteger la cultura. Y a diferencia de Francia, Colombia, Ecuador o Brasil; España carece de una Ley General de Cultura que garantice aspectos tan vitales como la libertad de creación artística, la autonomía de los museos y teatros públicos, la adecuada financiación del sistema cultural o la posibilidad de que todas las personas puedan participar en la vida cultural sin que influya el lugar en el que vivan, su capacidad adquisitiva, su nivel educativo, su edad o su origen

Es por ello por lo que, desde la sociedad civil, se viene reclamando desde hace algún tiempo que las administraciones públicas garanticen los derechos culturales de las personas a través del desarrollo de legislación apropiada.

Este empuje está produciendo que, poco a poco, los partidos políticos, el poder legislativo y las administraciones públicas avancen en este sentido. En 2021, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que definía la cultura “a todos los efectos, como un bien básico y de primera necesidad”. Esta declaración, junto a la conceptualización de la cultura como un derecho fundamental que emana de nuestra Constitución, sienta las bases para construir una nueva generación de leyes de derechos culturales.

Una de las dificultades que tienen estas leyes es encontrar la manera de pasar de los conceptos abstractos a medidas concretas de protección de los derechos culturales. La Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias, que ha servido de base para la proposición de ley de Sistema Público de la Comunidad de Madrid, nos da algunas claves que pasamos a analizar.

El concepto motor de estas leyes es entender la cultura como un sistema. Si decimos que la cultura es un derecho fundamental, como la sanidad o la educación, entonces también es necesario que estructuremos y ordenemos un sistema público de cultura, tal y como hacemos con las áreas más relevantes de nuestra organización social.

Esta organización y legislación del sistema cultural es una de las claves para garantizar que se cumpla nuestro derecho a la cultura. Y que, si este derecho no es satisfecho, tengamos una ley con la que respaldar nuestras demandas de cumplimiento.

Lo primero que hacen estas leyes es organizar un sistema de coordinación público-privado en el que participan las administraciones públicas, el sector organizado de la cultura, las empresas culturales, los representantes de los municipios y las asociaciones de profesionales.

Un organismo que se encarga de promover un plan de política cultural plurianual que sienta las estrategias, los objetivos, los calendarios y los recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. También se encarga de promover un órgano que lleva a cabo estudios de métricas, mapeos de infraestructuras culturales, mapeos del tejido artístico y cultural; y cualquier otro estudio o investigación necesario para conocer la situación de la cultura de la región.

Una oficina adscrita a la Consejería de Cultura, pero con independencia metodológica y técnica, que se encarga de recabar toda la información necesaria para elaborar políticas públicas apropiadas y eficientes. No se puede gobernar lo que no se conoce, ni evaluar los resultados de nuestras políticas sin capacidad de medición y análisis.

Otra de las claves del funcionamiento del sistema es garantizar que se dedica un presupuesto apropiado a cultura. El Parlamento Europeo ha establecido un mínimo del 2%, y estas leyes que estamos analizando marcan los tiempos necesarios para que en 2030 se pueda llegar ya a ese porcentaje. Esta es la clave para que la legislación de los derechos culturales de las personas pueda ir más allá de la mera enumeración de sus principios rectores.

Porque esta generación de leyes lo que consigue es garantizar, a través de medidas concretas principios generales de la cultura tales como la dignidad humana, la transmisión de valores democráticos, la cohesión social y territorial, la libre participación en la vida cultural, la justicia, la inclusión social, la diversidad, el pluralismo, la autonomía, la sostenibilidad o el progreso.

Creemos que la voluntad de garantizar estos principios debería de ser universal en democracia y, por ello, para el impulso de esta generación de leyes, buscamos suscitar el consenso de todos los grupos políticos. Nos consta que otros partidos políticos están también en ello, y nos gustaría pensar que todo el espectro ideológico puede llegar a un Pacto Regional por la Cultura con estas leyes como guion.

Queremos un compromiso legislativo que trascienda las ideologías, y que dé al sistema cultural una estabilidad suficiente como para florecer, para generar riqueza en nuestro país y para permitirnos aprender a ser mejores personas y a convivir en paz. Un sistema de cultura que complemente a nuestros sistemas educativo y sanitario. Un sistema que mejore nuestro Estado de bienestar, mejorando, por tanto, el bienestar de las personas.