¿Hacen presagiar las huelgas en Francia un otoño caliente en Europa?

La segunda legislatura de Emmanuel Macron al frente de la presidencia de Francia está viviendo su primera crisis social de peso. Si en la primera los chalecos amarillos le demostraron que la calle siente, padece, reclama y presiona, ahora se suceden las protestas y los paros parciales para reclamar actuaciones que ayuden a afrontar la inflación y a no perder poder adquisitivo, el principal problema del país según respondían los franceses a los encuestadores ante las dos elecciones de este año, las presidenciales y las legislativas.

El país encadena ya tres semanas de paros en las refinerías de TotalEnergie, que tienen sin gasolina a más del 28% de las gasolineras del país (sube al 40% en París y su área metropolitana), ya el 29 se septiembre vivió una huelga intersectorial y este martes se ha producido una segunda convocatoria, con especial incidencia en el transporte público, la educación -a todos los niveles- y la sanidad. La izquierda reclama una huelga general, aunque aún no hay unidad sindical para ello ni ha calado tantísimo la indignación entre los ciudadanos.

A la duda de si irá a más se añade la pregunta de si contagiará a Europa, de si habrá otoño caliente comunitario. La respuesta, a grandes rasgos, es que esa es, hoy por hoy, una previsión un poco agorera. Que el malestar está, porque la pobreza se agranda, y puede haber contestación puntual, pero no las “masivas protestas contra la gestión de la crisis” que narran medios rusos como Sputnik.

Una fragilidad evidente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó ya en abril del riesgo de tensiones sociales en los países europeos ante la escalada de precios de la energía y los alimentos en la región, al calor de la invasión rusa de Ucrania. Pronosticaba especiales problemas en los países receptores de refugiados. Eran los tiempos de las huidas masivas y la situación, en lo social, en el asilo, se ha estabilizado por completo. No así los precios. Según Eurostat, la inflación de la eurozona marca un nuevo récord con el 10% en septiembre. La principal causa de la subida fue el incremento de los precios de la energía, que se aceleró hasta el 40,8% poniendo fin a la ligera moderación que se había registrado en julio (39,6%) y agosto (38,6%), tras haber alcanzado un 42% en junio.

La situación es grave, roza la recesión. La actividad económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más acentuada de lo previsto por culpa de esa inflación. “La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistencia de la pandemia de covid-19 inciden notablemente en las perspectivas. Según los pronósticos, el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023. Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de covid-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001”, indica el FMI en su último informe de perspectivas económicas.

“Incertidumbre” es la palabra que más repite. Por eso los analistas coinciden en señalar que los escenarios están muy abiertos pero, también, en que no se espera para ya ni cierre de empresas, ni despidos masivos ni racionamiento de energía ni desabastecimiento de bienes básicos, todo lo que puede hacer saltar a los ciudadanos y echarlos a la calle.

“Será normal que haya protestas ante esta vida cara que sufrimos, porque todos estamos perdiendo con esta subida de precios y hay personas en riesgo de entrar en la pobreza, directamente. Sin embargo, hablar de revueltas sociales organizadas no lo veo acertado, sino exagerado”, explica el economista sevillano Martín Recio. Recuerda que las encuestas nacionales en los países de la eurozona “evidencian un apoyo a sus respectivos Gobiernos aún sólido, aunque a la baja, lo que no quiere decir que estén satisfechos”. En España, también.

“No se puede minimizar el problema, el alza de precios y la pérdida de poder adquisitivo es un drama en muchos hogares, pero los países en Occidente están realmente tratando de atajarlo. Nunca antes se han visto medidas de ahorro energético como las actuales, líneas de ayudas o pagos directos como los que se están aprobando estado a estado o en el marco de la Comisión Europea. “Los Ejecutivos pueden hacer que ese malestar sea contenible a base de pasos, siempre que sean sensatos y solidarios, y no lo que quería hacer Liz Truss en Reino Unido. Lo que no pueden es pensar que ya está todo hecho, porque 2023 será un año dificilísimo. Todo depende de la duración de la guerra y de cómo vayan aguantando los distintos países”, matiza Recio.

Avisa también de la necesidad de “una enorme transparencia en la información de las medidas que se tomen” y “mucha pedagogía” porque la crisis presente “no viene únicamente de la capacidad de gestión de los ejecutivos, mejor o peor, sino de consecuencias sobrevenidas como el covid-19 o la guerra. “Los Gobiernos han de responder, empezando por los más débiles. Incuestionable. Pero la dramatización también sobra y es la ultraderecha, sobre todo, la que está empleando esa etiqueta de “otoño caliente” en países como Alemania. Hay que ser prudentes y no alentar otros fantasmas”, remarca.

La analista madrileña María Andrada comparte esta visión. “La guerra en Ucrania no tiene visos de acabar pronto, por lo que el gas y el petróleo seguirán subiendo en Europa. La recesión puede frenar la inflación, porque los precios han subido mucho y los hogares tienen que hacer un gran esfuerzo para pagar cosas esenciales como la calefacción de casa o la gasolina del coche. No tienen tanto para consumir y los precios bajarán, pero a costa de una pérdida generalizada de la actividad económica. ¿Eso puede hacer estallar las costuras de la paz social de un país? Por descontado. ¿Es eso lo que vemos de cara a este otoño? No, por ahora”, indica.

Sostiene que esta “estanflación”, como la llaman algunos teóricos, suma del estancamiento de la economía del tiempo postpandemia -que remontaba pero no había llegado a su cénit cuando Ucrania lo zarandeó todo- más la subida de precios, tiene una doble vertiente sociológica “importantísima”, clave para entender lo por venir. “Por un lado, hay una clara crisis de confianza. El mundo que conocemos, el que te permite abrir la espita de gas y tener calor sin más preocupaciones, está cambiando, necesitamos medidas para amortiguarlo y lo pedimos. Tenemos miedo a perder un estatus o unos derechos, a que el estado de bienestar peligre, porque la base económica se ha vuelto frágil”, desarrolla.

Por otro, hay mala sensación general, pero la doméstica, la particular, aún no ha dado el giro de crisis como la de 2008-2012. “Una cosa es llevarse las manos a la cabeza cuando vemos la nota de la compra y otra, salir a la calle. Están cambiando hábitos, seguro que se están reduciendo gastos o comprando otros productos o marcas, posiblemente el ocio que acabe viendo afectado, pero eso en contextos como el español no está pasando aún de ahí. Hay que ver también cómo acaba afectando todo al mundo hipotecario”, dice.

Y, a la vez, “se nota un elevado grado de concienciación de la ciudadanía, porque esta no es una crisis de la que culpar sólo al Gobierno de turno, sino que es global, en una buena parte forzada por un actor autoritario, externo, como Vladimir Putin, y pesa la sensación de que hay que compartir la carga entre todos. Pero entre todos es, por supuesto, también el mercado energético, las grandes firmas, quien tiene beneficios extraordinarios”, concluye. Eso no quita para que haya y vaya a haber “resistencia” a la política, hasta “resentimiento”, pero defiende alejarse de una visión “catastrofista”.

El caso de Francia

En Francia, este martes se han vivido hasta 140 manifestaciones, más allá de las protestas más prolongadas en el mundo de los carburantes. Estaban convocadas por la Confederación General del Trabajo (CGT); Fuerza Obrera (FO); la Federación Sindical Unitaria (FSU); Solidarios y cuatro sindicatos estudiantiles. En su llamamiento conjunto enfatizaban que su lucha es “por el aumento de los salarios, de las pensiones y de los subsidios sociales y la mejora de las condiciones de vida y estudios”.

A ello se suma algo básico: el derecho a la huelga. Y es que a raíz de las protestas en las refinerías, el Ejecutivo galo ordenó una serie de servicios mínimos forzosos para mantener el flujo de combustible, lo que ha llevado a los sindicatos a enfadarse enormemente. El pasado julio, Macron aprobó ya una ley en favor del poder adquisitivo, con 20.000 millones de euros, que contemplaba una subida del 4% en las pensiones, hasta 6.000 euros de bonificaciones libres de impuestos a empresas privadas y un tope del 3,5% del precio de los alquileres, entre otras medidas.

Pero con las subidas de la inflación ha resultado ser insuficiente. Por eso l líder de la CGT, Philippe Martínez (por cierto, hijo de un francés que luchó en la Guerra Civil en las Brigadas Internacionales y de una santanderina), que es quien encabeza la movilización, exige nuevos compromisos concretos, que ayude “a todos los niveles” y que incluyan, por ejemplo, 300 euros más de salario mínimo, hasta los 2.000 brutos.

Habrá que ver el impacto de las protestas de esta semana y las negociaciones con Total (se ha avanzado en una mejora de salarios, pero aún se debate si de un 7 o un 10%, pese a que Macron esperaba avances ya) para vislumbrar los siguientes pasos, esto es, si las cosas se calman, si hay una huelga general, si hay una explosión social sostenida. El país está a las puertas de las vacaciones escolares de otoño y las prisas aumentan. Esta estación, dicho sea de paso, es históricamente la de las protestas en el país, la vuelta al cole en la que toda exigir a los que mandan, con lo cual estas protestas sin importantes, sin duda, pero no insólitas, ni están paralizando Francia.

“Yo estoy al lado de nuestros compatriotas, que lo pasan mal y están hartos de esta situación”, dijo el lunes el presidente”. “Seguiremos haciendo lo máximo”, prometió. Tendrá que moverse rápido porque con esta coyuntura hoy por hoy no puede sacar adelante el presupuesto para el año que viene, la ley que más estabilidad da a un Gobierno. Macron ya no cuenta con la mayoría absoluta en la Asamblea que otrora le facilitaba la dirección del país, la perdió en verano. Con una oposición fortalecida en el Legislativo y representada por dos importantes rivales, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, no se ha llegado a un acuerdo para los fondos necesarios.

Ese bloqueo que impide la aprobación de ciertas medidas o el cumplimiento de las promesas hechas en campaña crea incomodidad entre los franceses, por lo que el Gobierno intenta aprobar el plan de presupuestos por la vía rápida establecida en la constitución, por decreto. “Sin duda tendremos que usar el (artículo constitucional) 49.3, pero no será mañana”, dijo el domingo la primera ministra Élisabeth Borne. Sin embargo, de utilizarlo, tienen la advertencia de Le Pen y Mélenchon de que presentarán sendas mociones de censura contra el Ejecutivo.

La jefa de Gobierno hizo saber que existen “conversaciones de calidad” en curso con la oposición, por lo que no cree que se vaya a llegar a ese escenario, pero la demostración de fuerza de la izquierda, también el domingo, en las calles de París, evidencia que los progresistas están tensando la cuerda, sabedores de su buen momento electoral y del serio momento de la economía nacional. De ir adelante con la moción de censura planteada por sus adversarios, se forzaría a la disolución del Parlamento y posteriormente nuevas elecciones legislativas, así que todo el mundo con la mirada puesta en Francia...