Guía básica para no perderse con el 'lío' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

PSOE y Unidas Podemos registraron este martes en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una iniciativa que ha desatado la polémica en los últimos días.

Esto es todo lo que debes saber para no perderte:

¿Qué es el CGPJ?

El Consejo General del Poder Judicial se creó como un órgano constitucional, colegiado y autónomo integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Entre sus tareas se encuentra la de nombrar, ascender o trasladar cargos judiciales, inspeccionar el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera Judicial.

Mediante la atribución de este tipo de competencias al Consejo se pretende evitar que otro poder del Estado, particularmente el Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial.

¿Quiénes lo componen?

Está formado por veinte miembros (entre jueces y juristas) llamados vocales, nombrados por el rey y elegidos por las Cortes Generales (10 por el Congreso y 10 por el Senado en total, es decir, 6 jueces y 4 juristas por Cámara), y un presidente, que lo será a su vez del Tribunal Supremo, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. A día de hoy, ocupa este cargo el magistrado Carlos Lesmes.

Los vocales son nombrados por un período de mandato de cinco años. El CGPJ se renueva en su totalidad una vez transcurrido este periodo, aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

El actual CGPJ debería haber puesto término a su mandato a finales de 2018, pero pese a su solicitud de renovación, esta continúa sin llevarse a cabo ya que los partidos no han conseguido candidatos con apoyos suficientes.

¿Cómo se hace la elección de sus miembros?

En realidad, la Constitución Española sólo obliga a que 8 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por diputados y senadores. Sin embargo, la ley del poder judicial que fue aprobada durante la presidencia de Felipe González, estableció que todos los miembros del CGPJ deben elegirse por mayoría de tres quintas partes en el Congreso y en el Senado: 10 por cada Cámara.

¿Qué busca la nueva reforma?

Tanto PSOE como UP quieren modificar esta última parte. Su proposición de ley pretende que, en caso de no alcanzarse en una primera votación parlamentaria esa mayoría de tres quintos -cualificada, para la que necesita 210 votos-, se haga una segunda que sólo requiera la mayoría absoluta de las Cámaras, y de ese modo, que sea más sencilla su aprobación esquivando el veto del PP.

La reforma, presentada a iniciativa de los grupos y no del Gobierno para una tramitación mucho más rápida, deberá alcanzar la mayoría absoluta del Congreso, esto es 176 diputados.

¿Qué alegan para impulsarla?

Tanto desde la portavocía del PSOE como desde la de UP aseguran que el objetivo es “permitir el correcto funcionamiento de las instituciones”, algo que el PP está impidiendo con su “bloqueo” a la renovación del órgano.

“El Partido Popular lleva dos años incumpliendo la Constitución al no renovar el Poder Judicial. Estamos defendiendo el principio de legitimidad democrática. El actual consejo es fruto de una mayoría que ya no existe”, aseguraba Echenique exponiendo la decisión.

La hemeroteca, sin embargo, recuerda que la postura actual de Sánchez e Iglesias dista de la que defendían en el pasado, cuando optaban por recortar el poder de decisión parlamentario en el nombramiento de estos cargos.

¿Qué dice el PP?

“A mí no me presiona nadie” han sido las palabras textuales del líder del PP, Pablo Casado, en referencia a este asunto.

El ‘popular’ ya ha advertido a Sánchez de que “mientras no retire el atropello legal” que supone su propuesta “no habrá nada que pactar” y ha asegurado que su partido acudirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones necesarias hasta que el Gobierno rectifique.

En los meses de julio y agosto el PP y el Gobierno comenzaron una negociación que finalizó sin acuerdo, entre otros motivos por la petición de los primeros para excluir a Unidas Podemos de la misma.

¿Y los propios jueces?

Lo cierto es que tres de las cuatro asociaciones judiciales se oponen a cambiar la ley para desbloquear el Poder Judicial. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria- , su portavoz, Manuel Almenar, apunta que es una modificación  “inconstitucional” porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las Cortes. En la misma línea se han pronunciado la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

Sólo desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) la defienden y ven “lógico” que el Ejecutivo tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo.

¿Qué postura ha adoptado Bruselas?

El debate ha llegado hasta la Comisión Europea. Desde Bruselas, el Ejecutivo comunitario ha advertido que va a observar “con atención” el desarrollo de la reforma y ha instado a no comprometer la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como “vulnerable a la politización”.

La pasada semana la CE publicó su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, alertó de que la situación del CGPJ era un “desafío” que se debía afrontar.

¿Tiene la reforma apoyos para salir adelante?

Ahora, la propuesta busca el apoyo de los partidos de la investidura. Para ello, aluden al escrito firmado a finales de septiembre por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, PNV, Más País, Compromis, Teruel Existe y Nueva Canaria, exigiendo que se cumpliera el mandato legal de renovar el Poder Judicial. Todos los firmantes conformarían una mayoría total de 187 escaños.