El informe de la Guardia Civil, a la jueza del 8-M: "No se debería haber realizado ninguna manifestación"
El documento de la Benemérita indica que la Delegación del Gobierno era consciente del peligro de las concentraciones a principios de marzo.
El polémico informe de la Guardia Civil enviado a la juez que investiga la manifestación del 8-M recoge que no se debería haber celebrado ninguna concentración en la Comunidad de Madrid desde el 5 de marzo “con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19” y no haberse producido “unas y cancelar otras. como al final terminó ocurriendo”.
Se trata de un informe elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid solicitado por el Juzgado de instrucción número 51 de Madrid para investigar supuestos delitos de prevaricación administrativas y lesiones por imprudencia.
La jueza se lo encargó a la Guardia Civil, como consta en el propio documento de 83 páginas, para saber el curso dado en España al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía sobre el coronavirus, qué organismo lo recibió y si se remitió a la Delegación del Gobierno.
La magistrada reclama en el informe a la Guardia Civil conocer si las autoridades competentes españoles dieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación a las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo hasta el 14 de marzo -cuando entró en vigor el decreto del estado de alarma-.
Este informe ha provocado un auténtico terremoto político en en el Ministerio del Interior, con el cese del responsable de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por falta de confianza del titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska. Además, se ha producido la dimisión del ‘número dos’ de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que ha sido un rostro habitual durante las ruedas de prensa en Moncloa por el coronavirus.
En el informe, según consta en la página 63, se señala que gracias al análisis documental se “ha constatado que la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma de las que había tenido conocimiento y por ende había permitido autorizar su celebración”.
Estas consideraciones se deducen, recoge el informe, “del estudio de los expedientes de comunicaciones de reuniones y manifestaciones gestionadas por la Delegación del Gobierno y aportados en esta instrucción”. Especialmente, el documento se basa en los argumentos dados a los responsables de concentraciones que fueron desconvocadas antes del estado de alarma.
Según los expedientes analizados, en este periodo de tiempo hubo 177 actos en la Comunidad de Madrid, de los que 130 fueron realizados, en tanto que 35 fueron desconvocados, 8 no celebrados y de cuatro no consta información.
De los desconvocados, 26 fueron por motivo de la crisis sanitaria. Y detalla la Guardia Civil que 14 fuero de motu propio por los organizadores y 12 por la Delegación del Gobierno “mediante llamada telefónica a los promotores”. El informe puntualiza asimismo que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, imputado por la juez, tenía conocimiento de las 130 celebradas “en las que motivó la inobservancia” de elementos previos “que puedan obstaculizar el legítimo derecho fundamental de reunión”.
La unidad de la Guardia Civil también habló con promotores de concentraciones desconvocadas en calidad de testigos, señala el propio documento. Y se recoge que hubo llamadas telefónicas por parte de la Delegación del Gobierno a los convocantes “con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas” por el Covid”.
Añade el informe que en el caso de que la intención no fuera suspender, la Delegación, a través de un funcionario, “les instaba a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que cancelaran las mismas”.
Apunta además la Guardia Civil de que la inexistencia de un registro de llamadas telefónicas oficial y el “especial interés” de la Delegación del Gobierno de que fueran los promotores los que cancelaran “hace considerar la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; por otro lado, el amplio conocimiento de la DG de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contactos generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran”.
Para la Guardia Civil, existía por parte de las autoridades”profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.
“El Gobierno conocía desde enero la gravedad”
Asimismo, el polémico informe sostiene de manera taxativa: “El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”. Lo hace basándose en una noticia de Ok Diaro sobre una rueda de prensa en la que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, “reconoció en la tercera semana del mes de marzo la gravedad del coronoavirus desde enero de 2020″.
El informe también habla del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el contraste entre permitir el 8-M, cuyo promotores esperaban un millón de personas, y a la vez pedir que no se celebrara un congreso evangelistas, al que iban a asistir unas 5.000 personas los días 19,20 y 21 de marzo.
Se recoge el testimonio de algunos de los organizadores de este último evento, que narran reuniones aquellos días con el titular de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón. Según Manuel Cerezo, secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico en Madrid, en una cita el 5 de marzo -tres días antes de la manifestación del 8-M, con estos dos responsables sanitarios les dijeron: “Deberían suspenderlo”.
En otra reunión al día siguiente, según los testigos, Fernando Simón insistió: “Que ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto”.
