Granados también estalla tras ser procesado y apunta a Esperanza Aguirre y a Ignacio González
El ex secretario general del PP en Madrid recurre su procesamiento, documento al que ha accedido la 'Cadena SER', por la supuesta financiación ilegal de la formación: "No soy el artista principal de toda esta copla".
Después de que la exjefa de prensa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre estallase tras ser procesada en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid y señalase a los exlíderes de la formación que fueron exonerados en su recurso, ahora le ha llegado el turno a otro de los actores políticos que sí ha sido procesado. El ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados también ha recurrido su procesamiento y en el documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, apunta directamente a la propia Esperanza Aguirre y a su sucesor, Ignacio González.
Con frases tan reveladoras como “no soy el artista principal de toda esta copla” o “fui decapitado por Aguirre y González”, Granados ha recurrido ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional su procesamiento en la pieza de la financiación ilícita del PP en Madrid, en el que está acusado de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias.
Según el escrito de 115 páginas al que ha tenido acceso la SER, Granados esgrime que no ostentaba ninguna función al respecto como director de campaña, describiéndolo como cargo “honorífico”, y descargando la responsabilidad en el “administrador electoral”, el gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez Moliner, a quien asegura que no podía “controlar o desacreditar” como director de campaña.
Aguirre y González “tenían la competencia” de controlar la financiación
En este sentido, en el recurso de Granados también se apunta a que la responsabilidad de supervisar la financiación debía recaer en los dos expresidentes madrileños, quienes, indica, tenían la “competencia” y podían haber “tutelado”, “gestionado” o “conocido” la propia función de Beltrán.
En el documento, se subraya que es un “contrasentido y contradicción” del juez Manuel García Castellón mantener la acusación contra “alguien que orgánicamente carece de potestad y competencia”. Es decir, contra él mismo, a quien se describe como “alguien que orgánicamente carece de potestad y competencia”.
Granados también asegura que fue “decapitado” por Aguirre y González a los dos meses de las elecciones de 2011, argumentando que eso demuestra que no era “persona de confianza” y que “difícilmente” le hubieran revelado detalles comprometedores relativos a la financiación ilícita, cuando después sería cesado “con tanta rapidez, frialdad y alegría”.
Y en el mismo documento, Granados pone el foco en uno de los argumentos que desencadenó la exoneración de Esperanza Aguirre en la causa, la conversación intervenida de la expresidenta con Francisco González en la que negó que la fundación Fundescam hubiese participado en la financiación ilegal, pero sí admitió que pudieron haber sobrepasado el límite electoral en campaña. “Denota al menos un conocimiento de esa posibilidad [por parte de Aguirre]”, precisa en el recurso.
La libreta de Granados
Por otra parte, Granados también sostiene que debería eliminarse el único indicio que se tiene contra él, la libreta incautada con supuestos registros de entradas de dinero. Se defiende alegando que han sido exonerados los empresarios pagadores Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid que figuran en las anotaciones.
Villar Mir ha señalado a El HuffPost que “nunca” participó “en esta clase de operaciones que se me atribuyen, no he visto en mi vida ni conozco de nada a ese don Beltrán Gutiérrez Moliner y con el señor Granados he tenido algunos encuentros sociales, sin familiaridad alguna y sin haber pasado de las fórmulas de cortesía en su anterior etapa en un banco privado”. El empresario reivindica su “honorabilidad, que en ninguna ocasión ha sido puesta en duda por los tribunales, siempre que he sido víctima de acusaciones infundadas de esta índole”.
Granados también pide al juez que debería considerar prescritos los hechos porque el delito electoral tiene un plazo de prescripción a los tres años. Recuerda que desde 2011 hasta que fue informado de la imputación en diciembre de 2016, transcurrió un lustro.
