El Gobierno y los transportistas cierran un pacto de madrugada con rebaja en el carburante

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera —órgano en el que no están incluidos los transportistas que convocaron un paro que se prolonga desde hace once días— han alcanzado un acuerdo esta madrugada que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.

Así lo ha anunciado esta madrugada el Ministerio de Transportes después de casi doce horas de reunión —una vez excluidos los recesos—, un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad.

No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte insistieron el jueves en que descartaban “totalmente” poner fin al paro independientemente del resultado de la negociación, y de hecho para este viernes han convocado una manifestación frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

Las ayudas ascenderán a más de 1.050 millones

El documento suscrito por las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité especifica que las ayudas del Ejecutivo al sector ascenderán a más de 1.050 millones de euros.

Según el desglose del Ministerio, más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos —como mínimo— aportados por las petroleras. Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo.

Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). No obstante, se establece un límite de 400.000 euros como máximo por empresa.

El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros).

Asimismo, el Gobierno se compromete a enviar al CNTC antes del 31 de julio un borrador de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte “los principios de la ley de la cadena alimentaria” para evitar un abuso de la subcontratación y de que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes.

Todas estas medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el consejo de ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.

Raquel Sánchez apela a la “responsabilidad” para recuperar la normalidad

“El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (...) no es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad”, ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

En rueda de prensa tras dar por finalizada la reunión, Sánchez ha pedido a los transportistas participantes en el paro de estos días que se lean el acuerdo y ha apelado a su “responsabilidad” para recuperar la normalidad después de los problemas de suministro registrados como consecuencia de su movilización.

Sobre el anunciado rechazo de la Plataforma a las medidas consensuadas este viernes por no haber sido partícipe de la negociación, la ministra ha insistido en que “lo importante no es quién se sienta en la mesa”, y ha defendido que las asociaciones que forman parte del Comité son los interlocutores válidos debido a que fueron elegidas recientemente por todo el sector.

Preguntada por qué el Gobierno tardó en actuar más de una semana desde que arrancó el paro —el pasado 14 de marzo—, Sánchez ha subrayado que su incidencia fue “muy minoritaria” en un principio y que con el paso de los días ya se sumaron “muchos transportistas de buena fe” debido a que la subida del precio de los carburantes dificultaba su operativa.

No obstante, ha lamentado los actos violentos registrados desde que comenzaron las protestas, y ha recordado que se movilizaron en estos días 24.000 agentes para impedir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de 5.000 convoyes organizados para garantizar el suministro. El presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha precisado a los periodistas que el acuerdo se ha tomado “por unanimidad”.

La plataforma convocante ya había anunciado que seguiría hoy con el paro

Aunque el Gobierno ha logrado llegar a un pacto con las asociaciones que representan a la mayoría de las empresas del ramo, está previsto que el paro continúe este viernes con su duodécima jornada. Al menos, con los profesionales movilizados por la organización convocante, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte.

Dicha plataforma había descartado “totalmente” desconvocarlo el jueves, pasase lo que pasase en la reunión que mantuvo el Ejecutivo con diferentes asociaciones del sector, al considerar que los camioneros y conductores “de base” no están representados en ella.

Así lo había declarado el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien ha confiado además en lograr una asistencia “multitudinaria” a la manifestación convocada hoy en Madrid por esta entidad frente a la sede del Ministerio de Transportes. La marcha está prevista para las 10.00 horas con salida desde la plaza de San Juan de la Cruz.

“Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro”, ha advertido el presidente de la plataforma, que también ha subrayado que no reclaman “ni subvenciones ni limosnas”, aludiendo a la cantidad inicial propuesta de 500 millones de euros que finalmente ha sido doblada tras la negociación. El final del paro está ahora en manos de quienes lo convocaron desde el principio.

El plan estratégico para el Transporte

Desde el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana han destacado que las medidas que contiene el acuerdo se suman a otras impulsadas en esta legislatura que buscaron soluciones a demandas históricas del sector. Desde la cartera de Raquel Sánchez recuerdan que a comienzos de mes se aprobó el Real Decreto ley 3/2022, que constituye “el plan estratégico para el transporte más grande de la historia”.

Estas son las iniciativas que contiene dicho decreto:

-La prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores, salvo en casos muy concretos como mudanzas, entrega de paquetes, grúas porta vehículos u otros similares.

- La limitación a 1 hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, con derecho a ser indemnizados si se excede de este límite.

-El refuerzo de la inspección de transporte, que contará con más medios para luchar contra el fraude, la competencia desleal y la defensa de las condiciones laborales de los conductores. De este modo, la inspección podrá también reforzar el control de las condiciones en las que operan en España las empresas de otros países de la Unión Europea.

-La inclusión obligatoria en todos los contratos de transporte de la cláusula de revisión de precios por la variación del precio del combustible, aplicando la fórmula que aprueba la Administración.

-La previsión legal para el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que mejorará las condiciones de los transportistas.

-El mandato a MITMA para aprobar un estándar de zonas de carga y descarga en relación con las instalaciones y los servicios disponibles, tanto físicos como digitales, para impulsar las mejores condiciones y dotaciones para el bienestar de los conductores y la mejor operativa.

-El estudio para analizar la viabilidad de aplicar en el sector del transporte de mercancías por carretera los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria en relación con sus costes de producción, cuestión que el acuerdo presentado hoy avanza notablemente tal y como ya se ha indicado, con un primer borrador de texto presentado al Comité en un plazo de tres meses.