El Gobierno se abre a cambiar la ley si el Supremo no apoya la alternativa al estado de alarma

El fin de semana ha dejado imágenes en España que han corrido como la pólvora en las redes sociales, causando indignación. Aglomeraciones en las principales capitales del país o botellones en plazas y playas que han hecho al Gobierno tomar buena nota. Tras las críticas recibidas, el ministro de Justicia y el titular de Política Territorial han mostrado la disponibilidad del Ejecutivo a estudiar y cambiar la ley si el plan alternativo al estado de alarma falla.

Juan Carlos Campo, el titular de Justicia, adelantó este planteamiento en una  tribuna en el El País, donde abría la puerta a actuar en caso de que el Tribunal Supremo tumbara los decretos que han lanzado varias comunidades para mantener algunas de las restricciones. Entre estas se encuentran los casos de Canarias, cuyo Superior impedía continuar con el toque de queda en las islas —no así la limitación de reuniones sociales— y ahora se ha visto obligada a interponer un recurso en el Supremo.

Sin embargo, posteriormente se ha matizado en una entrevista en Al Rojo Vivo (laSexta) donde ha aseverado que no hay prevista ninguna reforma legal, ya que la actual cobertura jurídica ofrece un “arsenal normativo” suficiente. También ha recordado que los ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.

“La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente”, ha dicho Campo, en una entrevista en La Sexta.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi que el Gobierno también estudiaría y apoyaría la petición de un nuevo estado de alarma, dejando claro que “en este momento no toca”.

Iceta ha explicado que también las comunidades pueden pedir que se aplique el estado de alarma en su territorio, aunque, por su parte, ha opinado que “no es momento de estado de alarma”. “Yo creo que en este momento no toca pero si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease, el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría”, ha asegurado.

Respecto a la posibilidad de un estado de alarma para todo el estado, ha manifestado que, “en estos momentos, no se plantea” y no se prevé que “se pueda reanudar en los próximos meses”, si bien ha precisado que “desde luego las autoridades sanitarias tienen que ir reaccionando conforme la evolución de la pandemia.

Precisamente, las claves del ‘plan B’ del Ejecutivo radican en esta vía, sintetizados en la elaboración de un decreto ley -Real Decreto ley 8/2021- que tiene como objetivo una unificación de una doctrina que se ha demostrado desigual. Si los tribunales superiores de Baleares y Valencia daban el visto bueno a sus mantenimientos de las restricciones, el de Euskadi fallaba lo contrario ante el plan de Íñigo Urkullu, un lehendakari que no ha interpuesto recurso al Supremo.

En este sentido, el ministro de Justicia ha vuelto a defender el argumentario del Gobierno, señalando que en el actual contexto de caída de los contagios y las muertes por la covid, España debía dar un paso hacia la nueva normalidad. No obstante, la clave la ha dejado en la siguiente frase. “Por supuesto, si de sus [las del Tribunal Supremo] resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”.

“El Gobierno entiende”, ha señalado también el ministro, “que el marco jurídico es adecuado para combatir la pandemia en la fase en la que estamos”. Precisamente, este lunes está previsto que se mantenga una reunión en Madrid para abordar las escenas de aglomeraciones vistas tras el fin del estado de alarma.

Después de su aclaración en declaraciones a La Sexta, Campo ha señalado que, en su opinión particular, un gobierno autonómico no puede acordar un toque de queda, pero ha insistido en que puede pedir al Ejecutivo central que se decrete el estado de alarma en su territorio para aplicar esa medida.

La delegada del Gobierno en Madrid pide toque de queda

El final del estado de alarma ha dibujado un mapa en el que las restricciones se reparten de forma desigual por el territorio nacional. No obstante, y ante las aglomeraciones que se han vivido el fin de semana en la capital de España, la delegación del Gobierno se ha pronunciado pidiendo el toque de queda.

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha sugerido al Gobierno regional que vuelva al toque de queda porque todos los ciudadanos estarían “más seguros”, después de las aglomeraciones y fiestas que se han producido esta madrugada tras finalizar el estado de alarma.

“Yo pensé que la gente iba a ser más responsable y no ha sido así. Con un toque de queda todos estaríamos más seguros. Hay comunidades que lo han conseguido y otras que no. La que lo han conseguido han tenido una noche más tranquila que las que desgraciadamente no lo tenemos”, ha trasladado la delegada en una entrevista con ‘Telemadrid’.

Este lunes, la delegada del Gobierno en Madrid ha vuelto a insistir en sus argumentos durante una entrevista en la Cadena Ser, donde ha reiterado que es necesario tomar decisiones ante el dispositivo que preparan para las fiestas de San Isidro.

”[En Madrid] Tenemos las ucis en situación crítica, tenemos que tomar decisiones valientes”, ha indicado González, puntualizando que la situación sanitaria en esta Comunidad no es la misma que en otras del país. Aunque ha reconocido que existen problemas de encaje legal, ha esgrimido que es necesario “tomar decisiones valientes”.