El Gobierno no planea presentar ninguna medida concreta contra los macrobotellones
El Ejecutivo no planteará acciones en el Consejo Interterritorial, ante escenas que sólo en Madrid dejaron 650 sanciones este fin de semana.
Mientras continúa prendiendo el malestar por las escenas de celebraciones masivas vividas en las principales ciudades españolas tras el final de estado de alarma, también lo hacen las críticas que claman por la implementación de medidas para ponerle freno. No obstante, y según ha podido saber la Cadena Ser, el Gobierno no planea presentar ninguna propuesta concreta para atajar el problema de los macrobotellones en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Sólo en Madrid se han puesto unas 650 sanciones por este motivo, así como por no llevar mascarilla, este fin de semana.
El objetivo del Ejecutivo pasa por esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos interpuestos ante las decisiones de varios tribunales superiores que han rechazado la prórroga a algunas de las restricciones, como ha sido el caso de Canarias o Euskadi. Precisamente, el Gobierno canario sí ha elevado al Supremo -el vasco no lo ha hecho- su recurso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazase mantener el toque de queda al decaer el estado de alarma.
Más de medio millar de sanciones
La delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha indicado este lunes que en la capital se han impuesto unas 650 sanciones por consumo de alcohol en la vía pública desde que la medianoche del pasado día 9 decayó el estado de alarma en el país.
En declaraciones a los medios tras la reunión del Platercam con la Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno, Sanz ha concretado que además de las sanciones por la práctica de botellones se han registrado otras 350 por no usar mascarilla y en algunos casos por incumplimiento en locales sobre horarios y aforos, entre otras cuestiones.
Cambios de postura en el Gobierno
Asimismo, este lunes el Gobierno de España ya ha dejado la puerta abierta a realizar cambios legislativos si el Tribunal Supremo no avalase su ‘plan B’ jurídico como alternativa al estado de alarma. Lo ha hecho a través de una tribuna del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el El País.
De igual forma, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi que el Gobierno también estudiaría y apoyaría la petición de un nuevo estado de alarma. Eso sí, dejando claro que “en este momento no toca”.
