El Gobierno y la Generalitat acuerdan "superar la judicialización" y avanzar en el "proceso de diálogo"
Ambos Ejecutivos prevén reunirse, como mínimo, dos veces en 2022 para plantear "su visión y sus propuestas" para intentar resolver el "conflicto político" en Cataluña.
El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Cataluña han cerrado este viernes un acuerdo con el que aseguran que desarrollaran un “proceso de diálogo y negociación” que arrancará con la reunión del próximo 15 de julio que mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Ambos Ejecutivos se han comprometido a “contribuir al fin de la judicialización del conflicto político” porque consideran que incrementa “la polarización de posiciones y dificulta la búsqueda de soluciones”, reconociendo la “plena legitimidad política de las diferentes ideologías”.
El acuerdo cerrado este viernes por la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también tiene como objetivo una “búsqueda de acuerdos”. ”Las partes se comprometen a apostar por la vía política y con la búsqueda de soluciones pactadas para la resolución del conflicto”, señalan en el texto.
Tanto Vilagrà como Bolaños han defendido que “Cataluña necesita diálogo” y según recoge el acuerdo, comprenden que hay que realizar un debate “en profundidad” sobre “las posiciones políticas de cada parte”.
“La voluntad de las partes es celebrar un mínimo de dos reuniones públicas de la mesa en lo que queda del año 2022, con acuerdos en cada una de dichas reuniones. En todo caso, las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considere necesario celebrar”, reza el quinto punto del texto.
Los dos gobiernos también han destacado su interés por “facilitar un buen clima para la negociación de las propuestas” para intentar “llegar a acuerdos parciales y, en su caso, a un acuerdo final”.
“La actuación de las instituciones garantizará en todo momento los derechos fundamentales, la privacidad y la libertad política e ideológica de todas las personas que se identifican con las posiciones políticas y democráticas presentes en Cataluña”, recogen en el acuerdo.
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