Por qué es importante el techo de gasto que aprueba el Gobierno este martes

La maquinaria del Gobierno para alumbrar los presupuestos generales para 2022 ya está en marcha. El Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero de las administraciones públicas para el año que viene, el primer paso para pergeñar las cuentas del país.

La pandemia vuelve a marcar un año más el techo de gasto, es decir, la cantidad de recursos que el Estado puede gastar una vez estimados los ingresos y siempre en cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lo explica así: “El techo de gasto es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad”.

No obstante las reglas fiscales de déficit, deuda y gasto público están suspendidas. Esto significa que un ejercicio más no habrá un objetivo de déficit que cumplir, algo que permite al Gobierno eludir el test de aprobar en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El techo de gasto de 2021 fue de 196.097 millones de euros y ya fue el más elevado de la historia gracias a la previsión de la lluvia de millones del fondo de recuperación europeo. La Airef aclara que “el límite de gasto no financiero se calcula, con carácter general, en el segundo trimestre del año y, en cualquier caso antes de 1 de agosto, de cara a la elaboración del presupuesto del año siguiente”.

¿Qué cambia con respecto a 2021?

La incorporación de la financiación del Plan de Recuperación, que vehicula los fondos europeos, volverá a marcar el techo de gasto. En 2021, los Presupuestos incluyeron unos 27.000 millones de euros en concepto de adelanto de los fondos europeos que en ese momento estaban pendientes de aprobación. El problema es que finalmente España recibirá este año un desembolso inferior: 19.000 millones.

Además, la cantidad consignada por Hacienda para los proyectos del Plan de Recuperación en los Presupuestos de 2022 podría no coincidir con los desembolsos previstos de los fondos europeos, estimados en 18.000 millones de euros (12.000 en junio y 6.000 en diciembre), siempre que se cumplan los hitos comprometidos.

El Ministerio de Hacienda estudia si es necesario que el Congreso de los Diputados vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cualquier caso, el calendario que maneja el departamento que dirige María Jesús Montero es que llegue al Congreso de los Diputados, para su presentación o votación, después del verano, en el mes de septiembre.

¿Qué hará el Gobierno?

El Ejecutivo, previsiblemente, también revisará las previsiones del cuadro macroeconómico para ajustarlas a las novedades surgidas desde abril: el rápido avance de la vacunación y la quinta ola del coronavirus y su impacto en el turismo.

En las previsiones de abril, el Gobierno esperaba un crecimiento económico del 6,5% para este año y del 7% para 2022, un repunte mayor al estimado por Banco de España (6,2% y 5,8%) y por la Comisión Europea (6,2% y 6,3% respectivamente)

El cuadro macroeconómico actual proyecta una corrección del déficit público hasta el 8,4% del PIB este año y de la deuda pública, hasta el 119,5% del PIB. Pero esos objetivos no son vinculantes, ya que las reglas fiscales están suspendidas en toda la UE y previsiblemente continuarán sin efecto en 2022.

Para el próximo año, las previsiones publicadas en abril esperan que el déficit se reduzca al 5% del PIB y la deuda, al 115,1% del PIB.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales “más prudentes” que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.

Preocupación por la deuda

Según la Airef, En España, la ratio de deuda sobre PIB se situó en 2020 en el 120%, lo que supone un incremento de 24,5 puntos respecto al nivel del año anterior. La fuerte caída del PIB por la pandemia contribuyó con 10,5 puntos a este aumento, mientras que el déficit público sumó otros 11 puntos.

La autoridad fiscal constató que, en el primer trimestre de 2021, la deuda pública siguió creciendo con intensidad, al sumar 47.126 millones de euros y alcanzar los 1,393 billones en total. Esto ha supuesto un incremento de la ratio de deuda de 5,2 puntos respecto al cierre de 2020, hasta un nuevo máximo del 125,2% del PIB. Sin embargo, el rebote de la actividad económica esperado en los próximos trimestres indica que posiblemente se haya alcanzado un techo en el corto plazo.

¿Qué espera el Gobierno con el nuevo techo de gasto?

La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que “va a permitir desplegar uno de los Presupuestos más expansivos de la historia del país”. La voz principal de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición dice que las cuentas de 2022 buscarán resolver los problemas “de la mayoría social” e influir “en la vida cotidiana de la gente”.

Tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno tendrá que negociar su aval con los grupos del Congreso, el primer hito para los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2022 que, según las normas aprobadas por Hacienda en junio, estarán centrados en “seguir apoyando la recuperación” económica.

Con los presupuestos en mente

Los presupuestos de 2022, según el Gobierno, irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando “una retirada prematura” de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.

Los socios de la coalición (PSOE y Unidas Podemos) ya han iniciado las negociaciones para la elaboración de las cuentas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó que sería el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encargado de la negociación con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al igual que ocurrió el año pasado.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, así como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones que se pretende abordar la reforma fiscal, uno de los ejes prioritarios para los morados, una vez se haya recuperado la economía.

Según el Ejecutivo, ya se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener listas sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.