Así será la ley que permite crear empresas por un euro

La ley ‘crea y crece’ ha sido aprobada este martes en consejo de ministros con el objetivo de facilitar la constitución de nuevas empresas y fomentar que ganen tamaño. Esta nueva normativa cuenta con medidas como reducir el mínimo de capital social exigido de 3.000 euros a uno, así como no dar subvenciones a las firmas morosas.

Lo ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien en rueda de prensa se ha mostrado confiada en que esta norma contribuya a “mejorar el clima de negocios, reforzar el tejido productivo y atraer inversión y talento”.

Fomento del emprendimiento

La gran meta de esta iniciativa enmarcada en el Componente 13 de Impulso a la Pyme, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas es la de fomentar el emprendimiento.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha recalcado que, con esta norma, España “reduce los costes económicos” de crear una empresa y alinea el marco legislativo al de “los países más avanzados en este terreno”.

Lucha contra la morosidad

La ministra ha incidido en que la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales es clave para el crecimiento de las pymes, por lo que se impedirá el acceso a subvenciones públicas a aquellos que incurran en esta situación.

Además, también se creará un observatorio de la morosidad, que vigilará los plazos de pago, y se extiende la obligación de expedir factura electrónica en todas las operaciones entre autónomos, grandes y pequeñas empresas para garantizar su trazabilidad.

Simplificación de trámites y ordenanzas estandarizadas

Calviño ha defendido que con este proyecto de ley, todavía pendiente de tramitación parlamentaria, se simplificarán los trámites administrativos que afrontan las compañías y se agilizan algunos procedimientos. Entre ellos, el de completar el proceso de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (Circe).

Además, se desarrollará junto a comunidades autónomas y municipios “ordenanzas estandarizadas” para favorecer el desarrollo de la actividad comercial y se refuerza la posibilidad de acceder a financiación alternativa a la bancaria, como el micromecenazgo (crowdfunding), la inversión colectiva o el capital riesgo.