Giro de Exteriores para permitir 'embajadas' catalanas: obvió el contexto político y avaló textos que en 2019 rechazó

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación avaló en enero, por primera vez, la apertura de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero con un informe que se aparta por completo de los que el mismo Departamento había hecho en 2019. El informe aprobado este año obvia el contexto político y se ciñe a la literalidad de unos decretos en los que, además, Exteriores aceptó algunas expresiones que había rechazado solo unos meses antes.

Se trata de las delegaciones de la Generalitat en México, Argentina y Túnez, que cuentan con un informe a favor del Ministerio de Exteriores, obtenido por Europa Press, junto con otros informes del año 2019, a través del Portal de Transparencia.

Hace un año, Exteriores se pronunció en contra de estas tres oficinas con un duro informe en el que las tachaba de “lesivas” para España y subrayaba que las delegaciones estaban siendo un “instrumento fundamental” para internacionalizar el independentismo. La Generalitat las aprobó igualmente, el Ministerio las impugnó y logró su paralización cautelar.

Entonces, la Generalitat optó por volver a crearlas, con nuevos decretos que dejaron sin efecto el recurso contencioso administrativo. Esta vez sí logró el visto bueno de Exteriores, que destacó que la Generalitat había incorporado sus sugerencias a los decretos.

El Ministerio logró que la Generalitat aceptase en ellos que su ley de acción exterior debe interpretarte conforme al Tribunal Constitucional y que eliminase la expresión “relaciones bilaterales”. Propuso, como redacción alternativa, “facilitar la representación institucional del Gobierno” catalán “con relación a las materias que son competencia de la Generalidad o de interés para Cataluña”.

Sin embargo, apenas unos meses antes, en septiembre, Exteriores rechazó en otro informe la expresión “de interés para Cataluña”: “Desborda el ámbito competencial de la comunidad autónoma, pretendiendo dar base jurídica al tratamiento bilateral de temas que pueden estar fuera de la competencia del Gobierno regional por mucho que sean de su interés”. Estimaba así que suponía una “extralimitación clarísima” del Estatuto catalán.

Este documento lo elaboró el Ministerio en otoño para informar ―en contra― de otra serie de decretos con los que la Generalitat volvió a crear sus delegaciones en Londres, París, Washington, Ginebra, Berlín y Roma, que estaban recurridas ante los tribunales por motivos de forma.

En este informe Exteriores rechazaba también una atribución de las delegaciones que, sin embargo, en enero de este año aceptó sin objeciones, y es que las oficinas promoverán la colaboración con organismos internacionales situados en los respectivos países en relación con las materias de su competencia “o de interés para Cataluña y “según los principios de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos”.

En septiembre de 2019, Exteriores alegaba que tales conceptos generales, “aparentemente innecesarios por obvios”, no eran jurídicamente objetables, pero ponían de manifiesto la voluntad de la Generalitat de “ampliar de forma manifiesta el ámbito de actuación” de sus oficinas.

Y además, avisaba de que, ante el “hecho notorio de la política secesionista de la Generalitat”, incluir esas palabras “podría perseguir un uso interesado de conceptos jurídicos indeterminados” como son la dignidad humana, la libertad y la democracia.

Nuevas elecciones y nuevo Gobierno

Entre los dos informes contrarios a las delegaciones catalanas emitidos en 2019 y el favorable redactado en 2020 se produjeron unas segundas elecciones y un acuerdo del PSOE de Pedro Sánchez con ERC que permitió al líder socialista sacar adelante la investidura a principios de enero.

Entre los dos primeros y el último cambió también el titular del Ministerio de Exteriores, que pasó de estar en manos de Josep Borrell, muy beligerante en todo su mandato contra el independentismo, a las de Arancha González Laya, que se estrenó en el Congreso con una advertencia sobre las llamadas ‘embajadas’: “A lealtad, lealtad; a deslealtad, respuesta”.

No obstante, el giro había comenzado antes de la llegada del nuevo equipo, en septiembre de 2019, cuando la Generalitat decidió crear, de nuevo, las oficinas de Londres, París, Roma, Ginebra, Washington y Berlín.

A ellas se refiere el informe de Exteriores, muy crítico, que desgranaba los argumentos por los que consideraba las delegaciones una herramienta a favor de la secesión, se pronunciaba contra la nueva creación de seis oficina. Sin embargo, cuando la Generalitat siguió adelante con ellas Exteriores no las impugnó ante los tribunales.

2019: no cabe atenerse a la literalidad

En ese mismo documento se advertía también de que “el abanico constante y uniforme” de declaraciones “contundentes” de la Generalitat “contrarias al orden constitucional y a la más elemental lealtad institucional” son hechos objetivos que no debían ignorarse a la hora de emitir informes “y atenerse solo, y con desprecio de estos hechos, a la literalidad del decreto de creación para juzgar si está alineado o no con el reparto de competencias”.

En sus informes de 2019, Exteriores avisaba de que la actividad de las delegaciones abiertas se estaba “revelando perjudicial para los intereses del Estado”, si no bien en todos los casos “con la misma intensidad” y mencionaba aspectos como que trataban de entablar relación con embajadas extranjeras de manera que generaban confusión y que en las oficinas no ondeaba la bandera española.

Recalcaba además que la “actividad desleal” de la Generalitat exigía “un esfuerzo suplementario” del Servicio Exterior del Estado “para contrarrestar la propaganda secesionista y los ataques reiterados a la imagen de España”, detrayendo esfuerzos de otros objetivos “con el consiguiente perjuicio a los intereses del Estado.

Por otro lado, la primera vez que Exteriores informó en contra de las oficinas catalanas en México, Túnez y Argentina dedicó varios párrafos rechazar el contenido de una “memoria justificativa” de los decretos a la que no se alude en el último informe, sin aclarar si ésta ha dejado de existir.

En esa memoria, se hablaba de la necesidad de acción exterior de la Generalitat “con motivo de los procesos que se están desarrollando” y de “política exterior catalana”, un concepto que, recordaba Exteriores, no tiene competencia en el ordenamiento jurídico español.

Además, en el caso de la oficina en Túnez, su actividad pretendía extenderse a Marruecos, Argelia, Mauritania y Libia ―en la redacción actual solo a Marruecos y Argelia― “actores clave para el espacio de prosperidad compartida en el Mediterráneo al que aspira la Generalitat” y lo relacionaba con el Proceso de Barcelona.

Eso, advertía Exteriores, es contrario a los esfuerzos de dos décadas del Gobierno español para convertir a Barcelona “en capital política del Mediterráneo” y tratar de ejercer esas funciones desde Túnez puede “enviar un mensaje equivocado” a los socios del proceso euromediterráneo.