El Gobierno anuncia un acuerdo con la Generalitat para ampliar el Aeropuerto de El Prat
La intención de ambos Ejecutivos es hacer del aeródromo barcelonés un 'hub' de la movilidad aérea.
Pacto. El Gobierno ha anunciado este lunes un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para ampliar el Aeropuerto de El Prat y convertirlo en un ‘hub’ de la movilidad aérea, según la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
El Ejecutivo ha celebrado el pacto para hacer más grande el aeródromo barcelonés por 1.700 millones de euros, porque movilizará 85.000 empleos directos y hasta 365.000 totales. Rodríguez ha asegurado que se trata de un “proyecto de posicionamiento” de España que tendrá un impacto de 2,1 puntos en el PIB catalán.
Lo cierto es que la ampliación de El Prat no se ha acordado en la Comisión Bilateral de la tarde, pero se ha conocido durante su desarrollo. Según eldiario.es, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró se ha visto esta mañana en la sede del Ministerio Transportes con la ministra, Raquel Sánchez; la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera; y el presidente de Aena, Maurici Lucena, para abordar la ampliación y cerrar el acuerdo. El encuentro no estaba previsto en la agenda oficial.
El propio Puigneró ha celebrado la obra que transformará El Prat y que, según ha dicho, servirá para hacer el aeródromo más accesible y para conectarlo mejor con la red europea, hasta el punto de hacer de El Prat será un aeropuerto “intercontinental”.
Rodríguez ha anunciado el pacto sobre el aeropuerto tras la primera reunión desde 2018 de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat catalana. El encuentro ha durado poco más de dos horas y ha sido un “buen comienzo de la reactivación del diálogo”, según la ministra Rodríguez, quien ha recordado que el foro bilateral está en el marco del desarrollo autonómico en respuesta a las críticas de algunos presidentes de comunidades gobernadas por el PP y que también reclaman esa bilateralidad.
En total, han sido cinco los puntos sobre los que ha habido acuerdo y que han llevado a Rodríguez a calificar el encuentro como “positivo” y “fructífero”. El primero ha sido “reducir la conflictividad institucional” y evitar los recursos sistemáticos sobre competencias al Tribunal Constitucional. El segundo ha sido la transferencia de las becas universitarias y de otras ayudas y esa es la única transferencia acordada.
El tercero punto de acuerdo ha sido un grupo de trabajo y análisis para abordar la viabilidad del resto de traspasos previstos (56) que el Govern quería completar este lunes pero que no ha podido. El cuarto acuerdo ha sido la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. Y el quinto, la reactivación de la Comisión de Inversiones de Infraestructuras para abordar la transferencia de la gestión de viajeros de ferrocarril. El próximo encuentro de la Comisión será en enero
La Comisión Bilateral se ha reactivado con la pretensión del Govern de desencallar los 56 traspasos y obtener más recursos para prestaciones sociales e infraestructuras. Pero según ha lamentado el Govern, no lo ha conseguido. Y, por eso, ha catalogado la reunión como “insuficiente”.
Pese a que el Gobierno dejó claro que no hablaría en la Comisión sobre los fondos europeos, de los que este lunes ya se han enviado 7.230 millones a las comunidades, el Govern catalán ha reivindicado que es el foro oportuno en tanto se trata de un asunto que afecta a la financiación de Cataluña.
Fuera del encuentro se han quedado reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación, cuestiones que el Gobierno catalán planteará en la mesa de diálogo de septiembre.
La reunión, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Política Territorial, en Madrid, es la primera desde el 1 de agosto de 2018 que se celebró aún bajo la presidencia del inhabilitado Quim Torra.
El Ejecutivo catalán temía que la reunión quedase aplazada hasta después del verano tras la remodelación del Gobierno central, pero Isabel Rodríguez acordó celebrarla este 2 de agosto.
La ministra ha encabezado la representación del Ejecutivo español. Y junto a ella ha estado la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.
La representación catalana ha estado liderada por la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, quien ha estado acompañada del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, del consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y de otros cargos de sus respectivos departamentos. También ha estado la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella.
En estos meses ha habido dos grandes cambios en la política catalana: la presidencia de la Generalitat ha pasado de Junts a ERC (ahora el president es Pere Aragonès, aunque los dos socios independentistas siguen compartiendo el Govern) y los nueve presos del 1-O han salido de la cárcel tras el indulto del Gobierno.
ERC quiere imprimir un mayor pragmatismo en la gestión del Govern y necesita evidenciar que la vía de la negociación con el Estado va dando sus frutos, con avances al menos en cuestiones del día a día, mientras que Junts muestra su escepticismo ante los acuerdos que se puedan alcanzar y ataca el diálogo con Moncloa.
