Los ex altos cargos de la Generalitat pagarán con sus bienes la fianza del Tribunal de Cuentas

La mayoría de los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros por la promoción exterior del procès pagarán con sus bienes la fianza después de que el Govern no haya encontrado ningún banco que les avale cuando faltan menos 24 horas para que venza el plazo límite este miércoles.

Los afectados han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumarían el dinero recaudado en la llamada “Caja de Solidaridad”. Los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Govern sigue buscando una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el ejecutivo catalán.

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha explicado que su administración evitará comprometer a los profesionales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en la operación. Es decir, que la Generalitat descarta avalar de manera de directa a los afectados.

Los 5,4 millones deben ser abonados, de forma solidaria, por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación, después de que otras 8 personas fueran exoneradas tras escuchar el Tribunal de Cuentas sus alegaciones.

La instructora fijó una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado, con el ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) Albert Royo con la mayor suma, un total de 3,6 millones.

Al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras les exige 2 millones a cada uno; al también expresidente Artur Mas, 2,8 millones; a Francesc Homs, 2,9; al exconseller Raül Romeva, 2,1; y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, 3,1.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha apostado este martes por recurrir a bancos extranjeros para poder lograr las cantidades millonarias que pide el Tribunal de Cuentas si las entidades españolas se siguen negando a avalar.

Bel ha atribuido la negativa de bancos españoles a proporcionar ese dinero a la campaña en su contra que podrían lanzar algunas formaciones políticas si lo hicieran, pese a que esta operación no supone “ningún riesgo para las entidades”.

“Si ahora no hay ningún banco español que esté facilitando esta situación, habrá que buscar un banco fuera del Estado español”, ha resumido Bel, quien también ha cargado contra el Tribunal de Cuentas por su negativa a conceder un aplazamiento para la entrega de las fianzas.

“Todo esto no ayuda a que se vaya normalizando la situación de las relaciones entre España y Cataluña”, ha lamentado el portavoz del PDeCAT.

El lío entre el Tribunal y el independentismo

El tribunal entiende que hubo un uso irregular de esos 5,4 millones porque se emplearon para promocionar el procès en el extranjero a través de las embajadas catalanas y el Diplocat, el servicio exterior del Govern de Cataluña entre 2011 y 2017.

El Tribunal de Cuentas dio 15 días a los afectados para hacer frente al pago, que actuaría como fianza, hasta que se emita una sentencia. El problema, según fuentes próximas a los ex altos cargos citadas por La Vanguardia, es que la caja de solidaridad que abrió el independentismo —Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana— para pagar el coste del procès está vacía tras asumir la causa por el referéndum del 1 de octubre y por la consulta soberanista del 9-N.

Ese es el motivo por el que el Govern creó un fondo de 10 millones mediante un decreto ley para ayudar a los afectados a hacer frente al pago que deberá ser convalidado en el Parlament para su entrada en vigor. Un mero trámite pues en la Cámara catalana hay una mayoría independentista formada por ERC, Junts y la CUP.

La creación de ese fondo, que cubriría los pagos de los empleados públicos que no cubran las pólizas por responsabilidad civil de la Generalitat, ha abierto la primera confrontación directa entre Moncloa y Generalitat tras los indultos a los condenados del procès y el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, del que salió el compromiso de reactivar en septiembre la mesa de diálogo entre gobiernos.

El Ejecutivo ya estudia si el decreto del fondo se ajusta a la ley, pese a que el portavoz del PSC, Salvador Illa, dijo que el decreto se ajusta al marco legal. No obstante, el propio Sánchez advirtió de que en caso de que no cumpla las normas, a Moncloa no le quedará más remedio que recurrir. Y todo porque la fórmula que ha encontrado la Generalitat para “cubrir provisionalmente la responsabilidad de los funcionarios públicos”, según contó el consejero de Economía catalán, Jaume Giró, va a llevar al Tribunal de Cuentas a una situación “inédita” como reconoce una fuente del organismo citada por La Vanguardia.

Lo cierto es que es muy poco habitual que el Tribunal de Cuentas se tope con que la parte afectada por el uso irregular de fondos públicos, en este caso la Generalitat, sea la que afronte el pago de la liquidación provisional. Esa misma fuente del órgano citada en el diario catalán sostiene que, en principio, el tribunal no puede aceptar un aval cuando está detrás la Generalitat porque es un “fraude de ley”.