La Generalitat aprueba un decreto por el que asumirá la responsabilidad ante la sentencia del 25%
El nuevo decreto ley también fija que no habrá porcentajes de lenguas en la enseñanza.
La Generalitat ha aprobado en un Consejo extraordinario el decreto ley sobre el catalán que sirve de respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a que un 25% de la enseñanza sea en castellano.
El decreto atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir “la responsabilidad sobre la legalidad” de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que este martes los centros recibirán las instrucciones para poder elaborar estos proyectos lingüísticos por los que se establecerán los criterios para la enseñanza en catalán y castellano en los colegios e institutos.
Además, con este decreto, el Govern de la Generalitat fija explícitamente la “inaplicación” de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza con el objetivo de “proteger a los centros de injerencias judiciales”.
La portavoz ha defendido que “la realidad de los colegios e institutos en Cataluña es única” por lo que eso “imposibilita que se pueda aprobar un decreto monolítico que sirva para todos los centros” catalanes. Plaja también ha recordado que al final de la etapa escolar los alumnos podrán expresarse perfectamente “en castellano y catalán tanto de manera oral como escrita”. “Como pasa ahora”, ha zanjado.
La intención inicial del Govern era que antes de aprobar este decreto el Parlament diera luz verde a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comuns, y que quedara aprobada esta doble respuesta a la sentencia del 25% antes del plazo fijado por el TSJC.
Sin embargo, la petición de Vox, Cs y el PP de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha retrasado la aprobación de la ley del catalán en el Parlament y el Govern ha decidido anticiparse e impulsar el decreto antes de finalizar el plazo del TSJC.
Sobre qué apoyos prevén en el Parlament para convalidar el decreto, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que ya están trabajando para lograr estos votos y ha defendido que es un buen decreto, por lo que cree que se podrá validar “sin problemas”.
