La Fiscalía investiga los avales del Govern ante el Tribunal de Cuentas tras la denuncia de Cs
Investiga la decisión del Instituto Catalán de Finanzas, pero archiva la denuncia a los miembros del Ejecutivo porque son aforados.
La Justicia escudriña la legalidad de los avales de la Generalitat a sus ex altos cargos. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto, tras una denuncia de Cs, una investigación sobre los avales que Institut Català de Finances (ICF) aprobó para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos del Govern encausados por la acción exterior de la Generalitat.
El fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue. El pasado viernes, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Gobierno del ICF y contra el propio Govern catalán ―al que tacha de cooperador necesario― por los avales a los investigados por el Tribunal de Cuentas. Los naranjas los consideran una “absoluta ilegalidad”.
La denuncia se centra en la decisión del Instituto que aprobó avalar las fianzas de los investigados a raíz de un decreto que el aprobó el Govern unos días antes con el que que creó un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros para evitar que el Tribunal de Cuentas embargara los bienes de los encausados, entre los que se encuentra los expresidentes Carles Puigdemont y Arutr Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras.
Según Cs, el decreto del Govern fue “el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta” con la que avalar las fianzas.
Cs también dirige la denuncia contra el Govern por alumbrar el decreto, aunque el fiscal ordena archivar la denuncia para los afectados que sean aforados ya que investigarlos a ellos es competencia judicial.
El Govern no ve “ninguna razón técnica” para rechazarlos
La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha dicho este miércoles que no hay “ninguna razón técnica” para rechazar los avales del ICF para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos del Govern.
En una visita este miércoles a Menàrguens (Lleida), donde se ha reunido con alcaldesas de la zona, Vilagrà se ha referido a las dudas del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de los avales, por las que ha solicitado un informe urgente a la Abogacía del Estado.
“Estamos convencidos de que se aceptarán, no hay ninguna razón técnica para que no sea así”, ha afirmado Vilagrà, que considera “perfectamente legales” los avales del ICF.
El informe de la Generalitat al respecto “era positivo” en relación con la legalidad del mecanismo y Vilagrà está convencida de que el dictamen que está elaborando el Consejo de Garantías Estatutarias también irá en esta línea. El líder de la oposición en Cataluña, el socialista Salvador Illa, también aseguró que los avales eran legales. El Gobierno, no obstante, estudia si se ajustan o no a la legalidad. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas que en caso de que no lo sea, a Moncloa no le quedaría más remedio que recurrirlo.
El presidente de Omnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto al presidente de su partido, Oriol Junqueras, a las puertas de la cárcel de Lledoners.
La exconsellera Dolors Bassa a su salida del Centro Penitenciario de Puig de les Basses.
La exconsellera Dolors Bassa junto a los simpatizantes que se han congregado a las puertas de la prisión.
El exconseller Raül Romeva se dirige a los simpatizantes que se han congregado a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners.
