La Fiscalía no ve indicios de delito en Juan Carlos I y archivará la investigación sobre la fortuna de Jersey

El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios “que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón” y apunta que por lo tanto “procede acordar el archivo de las diligencias de investigación”.

Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope. Ésta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de ‘tarjetas black’ sufragadas por un empresario mexicano.

Una supuesta cuenta con 10 millones de euros

Sobre la investigación de Jersey, el Ministerio Público indagaba sobre la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

“Desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M.D. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas”, se recoge en las conclusiones del borrador.

Ese documento, que según explica dicho medio radiofónico consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado.

En las conclusiones del borrador, se indica que esa The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y “de los que fue beneficiario el entonces Rey de España”. Cabe recordar que hasta su abdicación en 2014, Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad recogida en la Constitución.

Luzón añade que no existe actualmente “documentación soporte disponible” sobre esos dos trust y que “probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados”.

El AVE a la Meca

Tras conocerse que los motivo que abocan a este borrador al archivo de diligencias, quedan por saber los argumentos que llevarán al archivo también a las dos otras vías de investigación. Una de ellas es la relativa a los 80 millones de euros que, según la examiga del rey emérito Corinna Larsen, se habrían repartido entre varios (incluido el propio Juan Carlos I) por la adjudicación en 2011 del proyecto del AVE a La Meca a empresas españolas.

El Ministerio Público asumió en junio de 2020 estas pesquisas, derivadas de las diligencias previas que Anticorrupción abrió en diciembre de 2018 a raíz de unas grabaciones incorporadas a la pieza 5 del denominado ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de los audios grabados en 2015 por el comisario jubilado en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna Larsen.

En dicha conversación, Larsen aseguraba que el rey emérito había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas. El juez del ‘caso Villarejo’ empezó a investigar las presuntas ‘mordidas’ y los supuestos testaferros, pero cerró la investigación a los dos meses por falta de pruebas y la inviolabilidad de Juan Carlos I y envió los documentos relativos a la causa a Anticorrupción.

Las supuestas ‘tarjetas black’

Otra de las patas de la investigación en estas diligencias eran los posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos y que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre de 2020 que existían diligencias de investigación sobre el uso de esas tarjetas y apuntaban que iban a tenerlo en cuenta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.

Esa primera declaración voluntaria llegó formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo en diciembre de 2020 a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014.

Fuentes próximas a la regularización confirmaron entonces que la cantidad abonada, que incluye intereses y recargos, según comunicó el despacho de Sánchez-Junco (que ejerce la representación legal del monarca), correspondería a donaciones superiores a 800.000 euros. La investigación debe concluir aún si esta cantidad se corresponde con la realidad de lo recibido en las supuestas donaciones, apuntan desde la Fiscalía.

Una hipotética vuelta de Juan Carlos I a España

Por otra parte, en los últimos meses se han intensificado las informaciones que apuntan a una hipotética vuelta a España por parte de Juan Carlos I, quien se encuentra en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Asimismo, la decisión final de la Fiscalía se prevé cada vez más cerca, sobre todo después de que a mediados de diciembre el Ministerio Público helvético remitiese a su homólogo español la documentación relativa a la Fundación Zagatka, que adelantó la Cadena SER.