Fernández Díaz se queja al juez de la Kitchen de que no le devuelvan su teléfono

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha remitido un escrito al juez que investiga el caso Kitchen donde denuncia la vulneración de su derecho de defensa al ver cómo algunas de las peticiones que formuló hace meses siguen sin resolverse mientras el juzgado sí ha acordado otras diligencias.

Fernández Díaz, imputado en esta causa sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos sensibles para el partido, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que dé “impulso procesal” a las solicitudes planteadas por su defensa, ejercida por el abogado Jesús Mandri.

Una de ellas, según el escrito, al que ha tenido acceso Efe, es la devolución del móvil que entregó hace meses en el juzgado para comprobar si tenía los supuestos mensajes incriminatorios sobre la operación que le atribuye el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado, y que el exministro niega.

Terminal durante la etapa de ministro

Fernández Díaz proporcionó el terminal que tuvo hasta abril de 2020, utilizado durante parte de su etapa como ministro, que duró hasta 2016, pero no cuando el juez sitúa el inicio de la operación Kitchen, en julio de 2013.

Tras rastrear el móvil, el letrado de la administración de Justicia pidió el 23 de febrero a la Policía que informase “sobre las diligencias” que podrían interesar para la investigación antes de devolverle el móvil, pero acabó anulando dicha decisión un mes después al admitir que “se excedió” y que en todo caso debería haber sido el juez quien la adoptase.

La defensa de Fernández Díaz ha vuelto a solicitar la devolución del terminal, como hizo el 25 de marzo. Un día después de esta petición, dice el escrito, el magistrado dio traslado a la Fiscalía para que informase “sin que hasta la fecha se haya resuelto nada al respecto”.

Pide también al juez que señale la fecha de declaración del perito que elaboró un informe pericial para el exministro en el que concluía que los citados mensajes podrían estar manipulados, una diligencia que acordó el 24 de febrero sin determinar el día de comparecencia.

Considera el exministro que “se está acordando la práctica de otras diligencias y resolviendo sobre peticiones formuladas por otras partes, sin que se haya resuelto sobre las cuestiones” que su defensa planteó desde hace meses “pese al tiempo transcurrido”.

Eso, dice, vulnera su derecho de defensa, sobre todo si, como dijo el juez en el auto donde imputó en la causa a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, “la pieza se vislumbra con la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria”.

El exministro también reclama que se dé impulso a su recurso contra la negativa del juez a requerir al Consejo General del Notariado que determinase el procedimiento que siguieron los notarios ante los que Martínez registró esos mensajes.