La familia de Griñán presenta la petición de indulto por razones de "humanidad y equidad"
Los familiares del expresidente andaluz defiende que su petición está “alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial”.
La esposa y los hijos del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, han registrado este jueves en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial de la pena de prisión por razones de “humanidad y equidad”.
Según ha informado a Efe la familia, se trata de una solicitud “exclusivamente familiar” y basada en las “circunstancias personales excepcionales” de Griñán, “un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar” y por “un profundo respeto a las instituciones del Estado”, incluidos los tribunales de justicia.
El Tribunal Supremo ha dado a conocer este verano el fallo de la sentencia por la que condena al expresidente andaluz a seis años de prisión por un delito de malversación en el caso de los ERE, si bien aún no se conoce ni el contenido de esa sentencia ni el de los dos votos particulares de las magistradas que discreparon de esa resolución.
Los firmantes (la esposa de José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y sus tres hijos, Manuel, Ana y Miguel), aseguran en el comunicado remitido a EFE que la petición está “alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial” y se ampara “expresamente en razones de humanidad y equidad” desde “el total respeto a las instituciones”.
Recalcan en ese sentido que Griñán siempre ha mantenido “un prudente silencio” respecto a los tribunales “en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años”.
Y recuerdan que, “tras más de cuarenta años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar”.
En ese contexto, la familia subraya “la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión”.
Recuerdan los solicitantes que han pasado once años desde las primeras actuaciones en la instrucción del caso, período en el que Griñán “ha sufrido, y sigue sufriendo, el permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público, afectando ello a su intimidad, su honor, su imagen y a su presunción de inocencia”.
En la práctica, agregan, ha derivado en “una reclusión en el entorno familiar para protegerse en este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron, y en gran parte impidieron, disfrutar de un modo de vida ordinario”.
Los familiares inciden asimismo en la existencia de dos votos particulares entre los cinco magistrados que revisaron la sentencia y que son contrarios a la condena por malversación, que es la que implica la pena de prisión. Tampoco el instructor que investigó el caso en el Supremo en 2015 inculpó a Griñán por malversación, solo lo hizo por prevaricación.
