La exhumación de Franco es sólo un punto y seguido

El día en el que Francisco Franco deje De estar enterrado junto a sus víctimas, “España habrá cambiado y se cerrará el círculo de la Transición”. Las palabras del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, son tan contundentes que pueden interpretarse como un punto y final. Pero no. “Aún quedan muchos cabos sueltos”, advierten las asociaciones que pelean por la verdad, la justicia y la reparación, las memorialistas.

El dictador ha salido este jueves del Valle de los Caídos para ser reinhumado nuevamente -viaje en helicóptero mediante- en un panteón en Mingorrubio (Madrid). Un gesto que España llevaba casi 44 años demorando, de enorme simbolismo —un paso que “fortalece” la democracia, como defiende Sánchez—, pero que no puede entenderse como un punto final, sino un punto y seguido.

Sacado Franco, hay tres grandes bloques de asignaturas pendientes: decidir el futuro de los otros enterrados en Cuelgamuros (33.833 personas, según los cálculos más conservadores), pensar un nuevo uso para el recinto (desacralizar, hacer un centro de memoria, volarlo por los aires...), y dar respuesta a las peticiones de los represaliados del franquismo y sus familias, que siguen en el limbo (desde el propio reconocimiento como víctimas a la apertura de fosas, pasando por la derogación de la ley de amnistía o la retirada de símbolos fascistas).

El HuffPost ha consultado a la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Asociación Nuestra Memoria y hay, de partida, una lectura común de la exhumación de Franco: es un “logro innegable” del que ningún partido político debería colgarse la medalla. Desenterrar al dictador no hubiera sido posible si estas entidades y las familias no llevasen más de una década movilizándose para ello —incluyendo frecuentes concentraciones en el Valle de los Caídos—, por lo que reclaman que no se haga un “uso político” de un acontecimiento que es “de justicia”, y menos aún con una campaña electoral a poco más de dos semanas.

Es más, la ARMH la batalla no está acabada con Franco reposando en Mingorrubio-El Pardo, porque ese panteón en el que ya se encontraba su esposa, Carmen Polo, es también de titularidad pública; esto es, le seguiremos pagando la tumba al dictador, aunque sea en otro lugar. “No es un lugar privado. Lo vamos a seguir manteniendo con nuestros impuestos. Si cedemos, aceptaremos que las víctimas sigan pagando su enterramiento. Que sea la familia la que financie el lugar donde reposa su allegado, que bastante se han beneficiado de las arcas del Estado ya”, denuncia Emilio Silva, su presidente.

Más allá de esa importante precisión, en las asociaciones quieren dejar claro su papel en este proceso. “Si no lo hubiéramos movido, no creo que nadie diera este paso, como no se ha dado antes en más de cuatro décadas. No es el PSOE el que saca a Franco, sino la presión y la señalización que se ha hecho. Lo vergonzoso no es que este hombre estuviera ahí, que ya lo es y mucho, sino que esté rodeado de las víctimas de cuya muerte y asesinato él es el responsable. Eso sí que duele. Que cuatro ‘fachas’ vayan a la tumba me molesta, claro, pero lo que más me hiere son las 30.000 personas que hay allí, con sus huesos sin identificar, sin respeto, al lado del verdugo”, resume Paqui Maqueda, presidenta de Nuestra Memoria y alma de proyectos como El silencio de otros.

Mete el dedo en la llaga del primer reto que han de encontrarse las autoridades: Franco estaba en el altar, junto al creador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera -cuya exhumación ya empieza a moverse-, pero con ellos han estado casi 34.000 personas, según Patrimonio Nacional (hasta 50.000, dicen algunos historiadores). Son fallecidos durante la Guerra Civil, tanto militares como civiles, de los dos bandos, y proceden de unos 480 enterramientos, de todo el territorio nacional. España metida en una fosa común gigante.

Los restos son muy difíciles de identificar, ya que se encuentran entremezclados, unos apilados, otros en columbarios destrozados, en cajas abiertas por la humedad y el paso del tiempo. Un caos que no es sólo una queja de una parte interesada, sino que ha quedado constatado en las revisiones que han hecho en el recinto los equipos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Entraron, por ejemplo, ante la petición de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña para que sean exhumados sus restos. Un juez dio permiso para ello en 2016, pero parece ser el cuento de nunca acabar. Habían sido fusilados en el verano de 1936 por las fuerzas franquistas y sus restos fueron enviados en 1959 al Valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de sus familiares, que no se enteraron de dónde estaban hasta 2008, gracias a una tesis doctoral. En la misma época, se accedió a desenterrar a Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, pertenecientes al bando nacional. Ninguno descansa aún donde quieren los suyos.

Justo la pasada semana, una familia valenciana empezó los trámites para pedir la exhumación de un hombre, Ángel Fernández, que se pensaba que estaba enterrado en Teruel y ahora se ha sabido que está en la zona posterior a la cripta de Cuelgamuros. Se espera que el caso Franco multiplique las peticiones de este tipo.

Qué hacemos con aquello

“Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado”, escribió Pedro Sánchez en un tuit al informar del proceso de exhumación de Franco. Para llegar a esa paz, hay que decidir qué se hace con el más grande complejo levantado en Europa para honrar a un dictador. Las opciones son variadas y enfrentan a la clase política. Van desde los que no quieren hacer nada con el Valle y dejarlo todo como está (pese a que el santuario vacío puede ser aún más simbólico que lleno, denuncian las asociaciones), a quienes apuestan por derrumbarlo y olvidarlo.

El término medio, la opción más repetida, es la de crear un espacio de memoria, un centro de interpretación y concordia que sirva para aprender de los errores del pasado. “Hay que replantear el estatus del recinto, no puede seguir siendo una fundación. También hay que definir el papel de la Iglesia, desacralizarlo todo y resignificar esas piedras, quizá creando un lugar de memoria”, explica Arturo Peinado, presidente del Foro por la Memoria, resumiendo el sentir de la mayoría de asociaciones. Proyectos como un macrocementerio a lo Arlington (Washington, EEUU), tampoco se descartan, aunque tienen menos partidarios.

“Que el Valle de los Caídos se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior”, se decía ya en el decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros a finales de agosto del pasado año para dar cobertura legal a la exhumación de Franco y que entreabría esta vía para el futuro del recinto, de 1.340 hectáreas.

Naciones Unidas ha llamado expresamente a “reconsiderar” el espacio, porque no se trata de un asunto de “política partidista”. Hay que “contextualizarlo todo” en “favor de la promoción de la verdad y la memoria con una función preventiva”.

Y lo que no es Franco ni Valle...

El tercer grupo de asignaturas pendientes en cuestiones de memoria histórica ya no tiene que ver con Franco o el Valle de los Caídos, pero es igualmente peliagudo. Se compone de todo lo que no se ha hecho aún con la Ley de Memoria de 2007 -se ha actuado mucho, se ha mejorado mucho, pero no es suficiente-, de las cosas que deberían añadirse en una revisión de ese articulado y de las amenazas que se ciernen con propuestas como las de la alianza PP-Ciudadanos-Vox en Andalucía de desterrar las normas pasadas y cambiarlas por unas de “concordia”, descafeinadas.

Maqueda y Peinado coinciden en señalar que la falta de reconocimiento de las víctimas es la principal laguna. Asesinados, represaliados, encarcelados, apaleados... No están jurídicamente asumidos como “víctimas”. No se les puede igualar en derechos a otras, como las del terrorismo. Un reconocimiento que sí ha venido de fuera, de la justicia argentina que estudia diversos casos de crímenes franquistas a la ONU, que va a escuchar a los torturados por el policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, en su Comité de derechos Humanos. Es un problema jurídico de fondo, del que nacen los demás, sostienen, y por eso reclaman una ley integral de víctimas del franquismo.

“Parece que la estrategia de que se fuera muriendo la primera línea de personas que fueron víctimas ha fallado. Se fueron los hijos, las viudas, los abuelos… pero seguimos los demás, reclamando, y sin un reconocimiento claro”, denuncia Maqueda.

Lo segundo que reclaman es la exhumación de las más de 2.000 fosas comunes que hay en España, que entienden que se debe llevar a cabo cuanto antes, con un censo de víctimas actualizado. “Es un imperativo -sostiene Peinado-. No puede haber todavía más de 130.000 personas desaparecidas en un estado democrático”. El Gobierno anunció en febrero pasado que está estudiando un plan urgente de exhumaciones para recuperar 25.000 cuerpos en los próximos cinco años.

Desde 2000 sólo se han exhumado 740 fosas comunes y se han recuperado más de 9.000 esqueletos. No hay permisos ni dinero y cada apertura de fosa se hace, casi siempre, a base de esfuerzos particulares de familias y asociaciones. La AHRM ha detectado movimientos del Gobierno para financiar exhumaciones en tiempos de campaña electoral y lo ha denunciado en sus redes sociales.

Las asociaciones también estiman que es necesario que las víctimas sean homenajeadas y reconocidas en sus propios pueblos y ciudades y que se les deje de “ofender” con simbología fascista que aún no se ha retirado o con homenajes a colegas golpistas de Franco como Gonzalo Queipo de Llano, enterrado aún en la Basílica de la Macarena de Sevilla. Precisamente este domingo se celebrará una concentración ante esta iglesia, reclamando que el carnicero de Sevilla sea el siguiente en cambiar de tumba.

Y avisan de las llamadas leyes de concordia, con las que “trifachitos” como el de Andalucía tratan de acabar con normas regionales que complementan e incluso mejoran la nacional. Sería una “recuperación de la visión mítica de la Transición”, justo lo contrario de lo que las familias necesitan, dice Peinado. “No nos vamos a concordiar con nada ni con nadie, ni olvidamos ni perdonamos ni nos reconciliamos, como dicen las abuelas argentinas de la Plaza de Mayo”, apuntala Maqueda.

Abundan las tres entidades en que, aunque se ha avanzado mucho en la llamada “verdad histórica”, que rebate el relato de los vencedores, “falta mucho” porque quedan archivos por abrir, por digitalizar, jueces que no acuden a las aperturas de fosas, no se pueden inscribir desaparecidos fuera de plazo, ni hay equipos forenses especializados, ni un currículum escolar que explique lo ocurrido en la Guerra Civil, esa a la que casi nunca se llega, porque atropella el final de curso.

Y hace falta, insisten, derogar la Ley de Amnistía (1977), que consideran el germen de la impunidad franquista, que debía vaciar las cárceles de aquellas personas que habían luchado contra la dictadura y que acabó siendo un escudo protector para los que torturaron, asesinaron e impusieron el terror entre los que no comulgaban con el régimen. Reclaman la nulidad de las sentencias impuestas por los tribunales franquistas, la eliminación por ley de los títulos nobiliarios aprobados por el dictador, el fin de las ayudas públicas a Fundaciones como la Francisco Franco...

Silva dice, gráficamente, que la salida del dictador del Valle de los Caídos es como quitar un tapón en un desagüe, pero que ha de ser, “sin excusas”, sólo el primer paso de un proceso que termine con toda la restitución, todo el conocimiento y todo el fin de la impunidad que necesita el país.