Europa: Estado de derecho bajo presión
Los gobiernos de Budapest y Varsovia están violando los valores europeos comunes. Más allá de la pandemia, hay otras cosas en juego.
El Estado de derecho en la Unión Europea (UE) está en crisis. En algunos estados miembros, los derechos humanos y los principios del Estado de derecho están siendo objeto de un ataque cada vez más abierto, especialmente en Hungría y Polonia, donde la situación es particularmente alarmante.
En Hungría, el Gobierno está intentando intimidar, difamar y silenciar las voces críticas en el país. Leyes restrictivas obstaculizan y criminalizan el trabajo vital de las ONG. Se está restringiendo la libertad de prensa y no se respetan los derechos de las personas refugiadas ni de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). El Parlamento húngaro acaba de aprobar enmiendas anti-LGBTI que, entre otras cosas, prohíben que las parejas homosexuales adopten niños o niñas. El Gobierno también ha reforzado su control sobre los tribunales del país.
En cuanto a Polonia, también se han aprobado en los últimos años toda una serie de leyes y medidas que socavan la independencia del poder judicial y debilitan la separación de poderes. Las autoridades criminalizan cada vez más la protesta pacífica. Encontramos un ejemplo reciente durante las manifestaciones por el endurecimiento de las ya extremadamente estrictas leyes de aborto de Polonia, en las que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos y practicó detenciones arbitrarias. Las personas LGBTI en Polonia también están siendo objeto de campañas de odio y discriminación.
Hasta ahora, la UE no ha logrado frenar el deterioro de la situación. Si bien es positivo que el Consejo Europeo haya acordado un nuevo mecanismo a través del cual se podría recortar la financiación de la UE en caso de violaciones del Estado de derecho, el posible retraso en su implementación puede permitir que los gobiernos de Polonia y Hungría continúen su ataque a los derechos humanos.
Los instrumentos ya existentes se están utilizando de manera ineficaz. Los procedimientos contra Polonia y Hungría en virtud del Artículo 7 del Tratado de la UE están pendientes desde 2017 y 2018 respectivamente. Son los primeros países para los que se ha activado este mecanismo, que implica que los estados miembros de la UE debatan y decidan si existe el riesgo de que Hungría y Polonia violen gravemente los valores fundacionales de la UE. Pero mientras los estados miembros retrasan el proceso, los gobiernos de Budapest y Varsovia están acelerando el desmantelamiento del Estado de derecho y los derechos humanos.
Para su presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad de 2020, el Gobierno alemán había decidido promover el Estado de derecho, una decisión importante y justa teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación en algunos estados miembros. De hecho, en los últimos meses la UE ha debatido en numerosas ocasiones su capacidad para poner orden en sus propias filas con respecto al Estado de derecho. Así, a finales de septiembre, la Comisión Europea publicó su primer informe anual sobre la situación del Estado de derecho en la UE, que los estados miembros debatieron poco después.
Además, se inició un nuevo proceso de revisión en el Consejo de la UE en noviembre que incluyó un debate sobre el cumplimiento del Estado de derecho en cinco estados miembros. Esto se ampliará gradualmente para abarcar a todos los países, aunque se sabe poco sobre el nuevo mecanismo. Las discusiones fueron a puerta cerrada y apenas hubo oportunidades para que la sociedad civil contribuyera con su experiencia. A pesar de estas debilidades, es un paso positivo que se espera tenga un impacto preventivo, ya que ahora se va a examinar la situación del Estado de derecho en todos los estados miembros.
No obstante, la introducción de nuevas iniciativas no debe llevar al olvido de los mecanismos existentes. La última audiencia oficial de las autoridades húngaras con arreglo al procedimiento del Artículo 7 fue hace un año; en el caso de Polonia, fue hace dos años. La presidencia alemana del Consejo de la UE finalizará en unos días sin que haya habido una audiencia centrada en el Artículo 7. Esto suscita grandes dudas sobre la seriedad con la que los estados miembros de la UE están abordando estos procedimientos.
En vista del desprecio cada vez más abierto del Estado de derecho y de los estándares de derechos humanos en Hungría y Polonia, la UE debe actuar con más decisión. Esto debería incluir la suspensión de la financiación de la UE si un estado miembro viola el Estado de derecho. Sin embargo, también sigue siendo importante continuar y acelerar los procedimientos del Artículo 7. Deben organizarse nuevas audiencias lo antes posible y deben dirigirse recomendaciones concretas a las autoridades húngaras y polacas. El Gobierno alemán debería seguir desempeñando un papel de liderazgo una vez que finalice su presidencia del Consejo de la UE.
Si los valores comunes de la UE continúan siendo ignorados sin consecuencias, esto sólo profundizará la crisis del Estado de derecho, que ya está bajo presión en otros estados miembros como Bulgaria, Rumanía y, más recientemente, Eslovenia. Una UE basada en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho debe poner fin a estos ataques.
Los ciudadanos de Europa también lo ven de esta manera: como parte de una campaña de Amnistía Internacional, más de 64.000 personas han pedido a los estados miembros de la UE que adopten una posición para proteger el Estado de derecho en Europa. Ya es hora de que la UE escuche este llamamiento.
