Europa convaleciente... y agravamiento del procés
La última semana de marzo arrancó marcada, en toda Europa, por la conmemoración en Roma del Tratado Constitutivo de la entonces denominada Comunidad Económica Europea, firmado en aquella ciudad el 25 de marzo de 1957. La construcción europea cumple 60 años surcada por las contradicciones entre sus declaraciones solemnes, sus objetivos proclamados y sus actuaciones más recientes, sus hechos y sus resultados. Dicho con otras palabras: por sus limitaciones en su capacidad para mostrarse como un poder eficaz en la intervención sobre los problemas que más acucian hoy a los/as europeo/as. Y cumple 60 años asediada como nunca, desde su fundación, por viejos demonios familiares jamás del todo extinguidos, como los del nacionalismo reaccionario, el populismo y el extremismo destructivo.
Tanto la teatralidad de esta cita en Roma, de 27 líderes europeos -descontado ya el Reino Unido- en audiencia con el Papa, como las manifestaciones de la ciudadanía proeuropea y del Movimiento Federal Europeo en favor de relanzar una UE mejor que ésta, han planteado ocasiones para discutir, de nuevo, la urgencia de rescatar la integración supranacional sin concesión al repliegue en lo que quiera que quede de las tradicionales soberanías nacionales en la globalización, ni resignación tampoco a ese dietario austericida y antisocial que ya ha hecho muchísimo daño a lo que los europeístas más apreciamos de estas décadas de trayecto compartido: la paz, la confianza mutua, la libre circulación, la cooperación, la solidaridad y la cohesión territorial e intergeneracional de nuestro modelo social, largamente postergado en la agenda de las promesas incumplidas de los últimos años.
Pero también fue intenso el fin de semana en España. La conversación abierta en el interior del PSOE a propósito del liderazgo que mejor pueda aspirar a reunir de nuevo a los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta. No deberíamos, sin embargo, perder de vista un segundo el agravamiento continuo de la cuestión catalana, tras las discutidas sentencias de inhabilitación de cuatro de los entonces miembros del Ejecutivo catalán que decidieron ignorar, desoír, desobedecer y violar la Constitución y las leyes. Una cuestión cuya reconducción pende, tanto de las determinaciones de la UE, como de la propuesta de reforma federal de la Constitución que el PSOE discutió en su Conferencia Política justo el pasado sábado 25 de marzo.
Es altamente llamativo que cuando tantos europeos se manifiestan en numerosas capitales europeas bajo el lema "Pulse of Europe", bramando justamente su protesta por la prolongada convalecencia del espíritu que un día inspiró la integración, y apelando con urgencia a su recuperación, diversos nacionalismos -aunque con aproximaciones y encuadres constitucionales distintos, ahí están Cataluña y Escocia para probarlo, dos casos muy diferentes- especulan con la idea de acrecer la UE llamando a la puerta del cada vez más complicado (y por lo tanto intransitable) procedimiento de adhesión.
La actual fatiga de la UE cierra cualquier perspectiva de ampliación a nuevos Estados miembros. Pero ni siquiera este contexto permite desconocer que la construcción europea descansa todavía en sus Estados miembros. En los que ya lo son. Nada en el Derecho Europeo permite sostener la tesis descabellada de que un territorio segregado unilateralmente de cualquier Estado miembro pueda permanecer en la UE ni disfrutar de ninguna de las libertades o logros derivados de su acquis: desde la ciudadanía hasta la moneda única, pasando por el acceso a las instituciones, a las cuatro libertades y al mercado interior, la incardinación de Cataluña a la UE dimana de su encaje en España en cuanto Estado miembro. Ni los Tratados de la UE ni por supuesto la Constitución española consienten ni sustentan ningún tipo de aventurerismo rupturista unilateral del respeto al "Rule of Law" ni a la identidad constitucional e integridad territorial de los Estados miembros.
Dicho esto, nada en la hora presente exime a ninguna fuerza política que aspire seriamente al Gobierno de España, de su deber de plantear una salida constructiva al laberinto catalán que el independentismo se ha empeñado en dibujar como un callejón sin salida. Es evidente que la estrategia del conglomerado secesionista y corrupto que ha timoneado el procés, busca con avaricia la provocación deliberada de lo que ellos llamarían un "acto de fuerza del Estado". Solo así cabe entender que se califique de "amenaza" cualquier anuncio de respuesta jurídica a sus desafueros: desde la impugnación constitucional (con una resolución judicialmente vinculante y autoejecutiva) de cualesquiera actuaciones para "poner las urnas" de un referéndum ilegal (y por lo tanto, ilegítimo, no cabe equivocarse al respecto...), hasta la aventada hipótesis del art. 155 CE cuya aplicación tanto desean.
Los independentistas al frente de la Generalitat han perseguido, y persiguen dolosamente, su "autopresentación" como falsarios "mártires" de una victimización esgrimida a efectos propagandísticos con tanta temeraria frivolidad, como ofensiva insistencia en la deslegitimación de la democracia española y de la Constitución en las cuantiosas y costosas tribunas públicas de que disponen, y en sus antenas y altavoces en toda España y en la UE.
Con todo, la situación ha llegado a ser lo bastante grave como para saber que ya no hay modo de que el dentífrico vuelva al tubo, ni de que el genio vuelva a la lámpara. La operación política que los españoles y españolas de nuestra generación tienen ahora por delante, es de enorme envergadura: explicar, también desde las instituciones libremente elegidas, y hacerlo en y desde toda España, que Cataluña reclama y merece una respuesta expresa a su demanda de encaje identitario y simbólico en una España federal, con una solución expresa en la Constitución, sin circunvalación, ni intentar su dilución en un "café para todos".
