¿Esto es todo por hoy? Lo que sus señorías no quieren que entiendas

Escuchar hablar de energía, gas y electricidad a diputados y líderes políticos que traducirían mejor el chino que el mercado español de la energía, y comprender porqué las compañías les colocan su mensaje con tal facilidad, convirtiéndose en voceros que contribuyen a la desinformación del consumidor. Su falta de conocimiento no se debe a que sea imposible que entiendan su funcionamiento, como así lo reconocen algunos en los corrillos de prensa buscando complicidad, pero es más fácil justificar posturas insostenibles escudándose en la ignorancia.

Escuchar a Espinosa de los Monteros y a Macarena Olona leer precipitadamente sus intervenciones procurando que se les entienda lo menos posible para que no trascienda que Vox no está en el Congreso para proponer, sino para tensar y dinamitar las instituciones desde dentro. Por eso solo se hacen oír cuando, como esta mañana, se refieren a Alberto Rodríguez (Podemos) como el ‘diputado delincuente’ o a Yolanda Díaz como ‘ministra comunista’, buscando permanentemente que les apunten las cámaras y auparse a los titulares. “¿Va a sacar al diputado delincuente o va a obligar a Vox a sacarle a golpe de recurso?”, amenaza la portavoz de ultraderecha con esa actitud para la que sobran las palabras mientras su bancada corea al unísono “delincuente”.

Sentarse en la tribuna de prensa que cuelga sobre el hemiciclo y observar la sesión de control de los miércoles y no dejarse arrastrar por lo que sus señorías quieren que cuentes es fácil, demasiadas veces tienes la sensación de que los expertos no están ni se les espera. La banalización ha ido ganando terreno, un efecto post pandémico.

Escuchar a Pablo Casado ofrecer un pacto, por fin, para renovar parcialmente altas instituciones cuya credibilidad se deteriora cada día más por el bloqueo político de la Oposición, en el que el CGPJ queda fuera. ¿Hay algo más allá del titular o se trata un nuevo capítulo en la política de desgaste? Se admiten apuestas sobre cuánto tiempo tardará en dinamitarse la negociación con Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que ha recogido el guante con la euforia del que quiere creer pese a qué le cuesta fiarse.

Escuchar, sentada ahora entre los compañeros fotógrafos a pie de hemiciclo, cómo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defiende la ley de la Vivienda, que tanto afecta a los ciudadanos que votan, frente a Vox. Cuando Belarra insiste en que hay que intervenir para defender a la gente de la voracidad de los fondos de inversión y de los grandes propietarios, más de uno a mi lado se identifica con los millones de afectados por unos precios incompatibles con un sueldo medio.

Suena extraño que diputados de Vox, Ciudadanos y el PP lo consideren una aberración. Se trata de poner techo a alquileres abusivos ahora que una nueva burbuja inmobiliaria amenaza, con los precios de los pisos subiendo al mayor ritmo de los últimos 30 años en las principales economías. No son solo los jóvenes, a los que les vendrá muy bien una ayuda de 200 euros para el alquiler. El problema no tiene edad. No quieren que entiendas que tienen tu voto para abanderar los intereses de fondos buitre en vez de los tuyos.

La mañana transcurre con la resaca del puente de la Hispanidad, a las 12 sobran dedos de las manos para contar los diputados que siguen en su escaño. A una parte considerable de la Cámara le parece lógico que se abuchee e increpe al presidente del Gobierno en el desfile de las Fuerzas Armadas, de eso ya se han pronunciado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo interpreta como una falta de respeto a las Fuerzas Armadas que celebraban su día. Que se pueda acabar asociando actos militares con conductas antidemocráticas, no ayuda.

A última hora, una moción que defiende el diputado canario Pedro Quevedo de Nueva Canarias para reducir los ahogamientos en espacios acuáticos parece que logra el acuerdo de todos. Unas 500 personas pierden la vida cada año. Ay, no, que Vox saca a relucir las muertes de los inmigrantes frente a las costas canarias “por un negocio de mafia alentado por el gobierno de Canarias y el de España”. No hay que perder la oportunidad de confundir.