Estas son las medidas económicas aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias del coronavirus
Autónomos, trabajadores en paro o empresas son los destinatarios de estas medidas.
“No vamos a dejar a nadie atrás”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resumido con esa sencilla idea el objetivo del real decreto aprobado este martes por el Ejecutivo, que incluye un paquete de medidas para hacer frente a las graves consecuencias económicas que ya está dejando la epidemia del coronavirus en España.
“Debemos parar el virus y, a la vez, proteger nuestro empleo, nuestras familias, nuestras empresas, con un escudo social y económico que solo podemos forjar los poderes públicos”, ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Este paquete de medidas supone una importante inyección de dinero. “Vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, el 20% de nuestra riqueza anual [en referencia supuestamente al PIB], la mayor movilización de recursos de la historia de España”, ha afirmado. Esta cantidad se reparte en 117.000 millones, que serán públicos (100.000 en avales del ICO), y los 83.000 millones restantes, que serán recursos privados.
Estas son las medidas aprobadas:
Una de las medidas más importantes del decreto es una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas de la primera vivienda para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Una medida destinada a trabajadores que hayan visto reducidos sus ingresos o se hayan quedado en situación de desempleo como consecuencia del impacto económico del coronavirus.
El objetivo de esta medida es que ninguna persona pierda su vivienda a causa del coronavirus, como ocurrió durante la crisis económica. “Garantizaremos el derecho a la vivienda. Durante esta crisis nadie será desahuciado de su casa”, ha dicho Sánchez.
El Gobierno ha aprobado agilizar el proceso de autorización de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE), que muchas empresas están solicitando por el coronavirus. El objetivo es que las empresas hagan un paréntesis durante la crisis y se eviten los despidos definitivos masivos. “Los ERTEs causados por la crisis del coronavirus tendrán consideración de fuerza mayor”, ha afirmado.
Una vez aprobado este decreto, las autoridades laborales deberán aprobar las suspensiones de empleo a través de vías aceleradas en el plazo máximo de siete días, frente a los 15 días actuales.
Aquellos trabajadores que se vean afectados por un ERTE cobrarán una prestación por desempleo, aunque no tuvieran derecho a ella por no haber cotizado durante el tiempo suficiente.
El cobro de esta prestación por parte de los trabajadores no computará si después tienen que cobrar la prestación por desempleo (el paro).
Además, los empresarios no tendrán que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social si optan por un expediente de regulación de empleo temporal, en lugar del despido de los trabajadores.
El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos que sufran pérdidas de ingresos de manera drástica puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y queden exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social. “Facilitaremos que los autónomos cobren una prestación en caso de verse afectados”, ha afirmado Sánchez.
Esta medida beneficiará a aquellos autónomos cuya actividad haya quedado suspendida por la declaración del estado de alarma (los bares, los comercios...) o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Las compañías eléctricas, de gas y de agua no podrán cortar el suministro a aquellos consumidores que sean considerados vulnerables durante el próximo mes. Además, el bono social se prorroga hasta septiembre.
El Gobierno ha anunciado medidas para facilitar el teletrabajo para que los trabajadores no tengan que acudir a sus puestos de trabajo presencialmente durante el tiempo que dure la epidemia y así evitar los contagios.
Además, se permitirá a los trabajadores asalariados adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada. Esta es una medida importante para todas aquellas familias que se han visto afectadas por la suspensión de las clases en los colegios.
El Gobierno ha creado una nueva línea específica de avales y garantías del Instituto de Crédito Oficial, de 100.000 millones de euros, para empresas que atraviesen dificultades.
El objetivo es que las empresas dispongan de liquidez para poder hacer frente a sus compromisos de gastos fijos sin entrar en impagos y que no tengan que cerrar. “Las empresas solventes necesitan liquidez”, ha asegurado.
El decreto destina 30 millones a la partida de investigación de una vacuna contra el coronavirus. Este dinero se destinará al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII).
