El ingreso mínimo vital ya está aquí: España empieza (por fin) a parecerse a Europa
Esta medida histórica pretende llegar a 850.000 hogares y sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de ciudadanos.
Por fin. Una vez se publique este sábado en el Boletín Oficial del Estado, los ciudadanos españoles van a tener un nuevo derecho. Esto es algo que no ocurre todos los días. A partir de ahora, si una persona se queda en situación de vulnerabilidad podrá solicitar una nueva prestación llamada ingreso mínimo vital (IMV).
“Hoy es un día histórico para nuestra democracia. Hoy nace un nuevo derecho social”, ha sentenciado el vicepresidente Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y razón no le falta.
Gracias a la aprobación de esta medida, España empieza a parecerse un poco más a Europa. Nuestro país pone fin a una anomalía, porque era uno de los pocos de la Unión Europea que no contaba con un programa de renta mínima a nivel nacional para proteger a las familias más vulnerables.
Esta anomalía no se debía a que España fuera un lugar maravilloso en el que hubiera ningún pobre. Más bien, al revés, el país destaca por sus malos datos, situándose como el quinto o el sexto país (dependiendo del año) con mayor tasa de la pobreza en la UE.
En concreto, el 21,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, según el INE. Estos ciudadanos tienen que sobrevivir con menos de 8.871 euros anuales si se trata de un hogar unipersonal.
Estas cifras de pobreza avergonzarían a cualquiera. Año tras año, las instituciones europeas tiraban de las orejas a los gobernantes españoles instándoles a mejorar los mecanismos de inclusión.
“Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades de acceso a los sistemas autonómicos”, señalaba el Consejo de la UE en sus recomendaciones de 2018.
Sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas
El ingreso mínimo vital aprobado este viernes pretende poner remedio a esta situación con la esperanza de llegar a 850.000 hogares, en los que viven 2,3 millones de beneficiarios..
Esta es la medida estrella del Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, que se ha visto adelantada en el calendario por la grave crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. El Gobierno prevé un desplome histórico del 9,2% del producto interior bruto y un aumento de la tasa de paro hasta el 19%.
El equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha trabajado durante las últimas semanas para diseñar este programa. Se han cruzado datos de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, el padrón... lo nunca visto en un país tan burocrático.
La Seguridad Social incluso pagará de oficio la prestación a unos 100.000 hogares, sin que tengan que solicitarla, porque ya están identificados como vulnerables porque cobran una prestación por hijo.
“Es muy significativa la simplificación de la burocracia, incluso algunas se tramitarán de oficio, y para que aquellos que la tengan que pedir no se vean ahogados por un montón de papeles”, asegura Liliana Marcos, especialista en políticas públicas y desigualdad de la oenegé Oxfam Intermón.
Ante las restricciones presupuestarias, el ingreso mínimo vital está muy diseñado para paliar la situación de los hogares más vulnerables. “Solo llegará a la población extremadamente pobre”, apuntaba Daniel Raventós, profesor en la Universitat de Barcelona. “El foco está situado en los hogares que tienen menos de 310 euros al mes”, explicaban fuentes gubernamentales.
A pesar de que no llegará a todo el mundo, el objetivo resulta bastante ambicioso: el ingreso mínimo vital quiere sacar de la pobreza extrema y muy alta a 1,6 millones de ellos.
¿De quiénes estamos hablamos? Se trata de 1,05 millones de personas que viven actualmente con una renta inferior a 2.950 euros anuales (pobreza extrema) y a otras 550.000 personas que viven con una renta entre 2.950 y 4.350 euros.
La ayuda beneficiará principalmente a los hogares monoparentales, que en su inmensa mayoría están encabezados por mujeres.
Una ayuda de 462 a 1.015 euros
Los ciudadanos a los que se conceda esta ayuda recibirán la diferencia entre sus ingresos y la renta mínima garantizada. Esta no es igual para todas las familias, ya que el proyecto define 14 tipos de hogares distintos, pero oscilará desde los 462 euros al mes para una persona adulta que vive sola hasta los 1.015 euros al mes para las familias con más miembros.
¿Cómo funciona? Si un adulto que vive solo tiene unos ingresos de 200 euros al mes y el umbral fija que debería tener unos 462 euros, la Seguridad Social abonará esa diferencia de 262 euros al mes.
Debido a su singularidad, los hogares monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.
Los solicitantes tienen que tener entre 23 y 65 años y ser ciudadanos españoles o extranjeros que sean residentes legales en el país desde hace, por lo menos, un año.
Únicamente si se tratara de un hogar con menores a cargo, el beneficiario podrá tener más de 18 años y más de 65 años, como pudiera ocurrir en el caso de los abuelos que cuidan de sus nietos.
A diferencia de lo que ocurre con otras ayudas, el importe mínimo vital también será compatible con el cobro de salarios y con otras prestaciones. El objetivo es evitar la “trampa de la pobreza”, que lleva a que algunos ciudadanos tengan que elegir entre la prestación o un sueldo.
Los ingresos mínimos vitales autonómicos
Antes de la llegada del IMV, ya existían otras rentas mínimas a nivel autonómico. El problema era la escasa cobertura, apenas llegaban al 15% o 20% de los hogares vulnerables.
“Los regímenes autonómicos de renta mínima en vigor solo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre comunidades autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación”, señalaba la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones a España, fechadas el pasado 20 de mayo.
Además, existían grandes diferencias a nivel autonómico. No tenía nada que ver ser pobre en Bilbao que en Sevilla. Mientras que País Vasco y Navarra llegaban prácticamente a todos las personas en situación de pobreza, ocurría prácticamente lo contrario en Andalucía o Castilla - La Mancha.
Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace.
El ingreso mínima vital viene a garantizar un suelo mínimo estatal. “Viene a acabar la brecha de las rentas mínimas autonómicas”, han señalado fuentes gubernamentales.
Gracias a este nuevo sistema, muchos más hogares vulnerables podrán acceder a una prestación. Los cálculos del Gobierno señalan que multiplicará por cuatro los hogares receptores de las rentas de inserción autonómicas, excepto en los casos de País Vasco y Navarra.
“Es un gran paso hacia adelante. Significa empezar a devolverle la deuda adquirida a las familias en situación de pobreza por parte de un Estado que no las ha tenido en cuenta, que ha tenido una política social regresiva durante años, en el que más recibe el que más tiene y menos recibe el que menos tiene”, señala Liliana Marcos.
Queda mucho por hacer
El ingreso mínimo vital es, sin duda, una buena noticia para los españoles y un gran paso para la inclusión. Pero no significa que, a partir de ahora, ya no habrá más ciudadanos pobres.
El Gobierno prevé que el ingreso mínima vital conlleve un gasto público de 3.000 millones de euros. Sin embargo, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que ese dinero representa el 46,8% del importe total necesario para que los cuatro millones de ciudadanos que viven en pobreza extrema salieran de esa situación.
En la misma línea se ha manifestado Oxfam, que cree que sería necesario el doble de ese dinero. “El ingreso mínimo vital nace en un contexto de limitaciones presupuestarias que ha marcado el diseño. Nosotros hicimos una estimación de reducción de la pobreza severa (los que viven por debajo del 40% de la mediana) y se necesitarían 6.000 millones al año”, asegura Marcos.
Además, los ciudadanos extranjeros que no tengan permiso de residencia legal en España no tienen derecho a esta prestación. “Nosotros queríamos que todos los niños estuvieran cubiertos, independientemente de la situación administrativa de sus padres. Esos niños van a crecer en España y se van a desarrollar aquí”, señala Marcos.
Paso a paso, pero todavía queda mucho por hacer.
