Raquel Sánchez: "Si el PP se opone a la ley de vivienda, perjudica a los ciudadanos"

En el número 67 del Paseo de la Castellana de Madrid se mueve parte del futuro del país. Literalmente. Allí está la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Obras son amores. Y desde el pasado mes de julio el despacho principal está ocupado por Raquel Sánchez, que desembarcó desde el Ayuntamiento de Gavà (Barcelona).

Raquel Sánchez es hoy una de las piezas clave del Gobierno. Y tiene ahora bajo el brazo la ley de vivienda, que fue objeto de tensiones dentro de la coalición pero que ya ha pasado el primer paso en el Consejo de Ministros con el visto bueno de los dos socios. Una ley que cuenta con el rechazo frontal del Partido Popular, que la llevará al Constitucional. Y con sus administraciones, especialmente Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, diciendo que no la aplicarán. “Se retratan ellos mismos”, apunta la ministra durante esta entrevista, en la que señala que si el Partido Popular se opone, “a quien perjudica es a los ciudadanos”. “De eso deberán rendir cuentas”, lanza. Para remachar que Pablo Casado viven en “otra realidad paralela”.

Son días en los que se rebaja la tensión dentro de la coalición después del choque por la reforma laboral. La ministra subraya que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos “goza de buena salud” y considera que esta polémica ha sido más ruido que otra cosa. Ella vivió sus más y sus menos con Derechos Sociales también por la ley de vivienda, pero deja claro que tiene una relación “estupenda, cordial y fluida” con Ione Belarra. Su hoja de ruta pasa por mandar el texto a las Cortes antes de que acabe al año, con la idea de que pueda aprobarse definitivamente en el segundo semestre del año que viene.

Asimismo, Sánchez explica que se sigue estudiando “sin prisa pero sin pausa” un modelo para financiar las autovías, como tienen en el resto de países europeos. La ministra subraya que tampoco descarta la ampliación del Prat, pero que depende de que la Generalitat rearme el consenso. 

La semana pasada se daba el primer visto bueno en el Consejo de Ministros a la ley de vivienda, usted la calificó de histórica. ¿Por qué?

Es la primera ley de vivienda de la democracia, supone construir el quinto pilar del Estado del Bienestar y realmente garantizamos un derecho recogido en la Constitución, que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna y asequible. Por lo tanto, se da un salto cualitativo en ese problema y en esa emergencia habitacional que hemos estado sufriendo hasta ahora muchos españoles y hacemos posible que al final la vivienda sea algo accesible para la mayoría, pero sobre todo para los más vulnerables y los jóvenes. Ha sido una ley que hemos trabajado mucho, han sido muchos meses de trabajo intenso. Estamos en esa fase de aprobación de una ley que es histórica.

¿Cuándo calcula que será su tramitación en el Congreso? ¿Y cuándo la verán los españoles en el BOE?

Aprobamos tramitarla por urgencia, la intención es que se pueda remitir a las Cortes antes de final de este año. Si se aprueba una tramitación de urgencia en el Congreso, estaríamos hablando de que durante el segundo semestre podríamos tener aprobada la ley de vivienda. A partir de ahí, hay una serie de plazos también para establecer y aprobar los índices de referencia, que son una de las cuestiones que contempla la ley, pero no toda la norma versa sobre esa materia. Por lo tanto, las primeras medidas que se activan en esa ley, las relativas a incentivos fiscales, por ejemplo, podrían empezar a operar durante finales de 2022 o 2023.

El PP ya ha dicho que va a llevar al Tribunal Constitucional esa ley, ¿qué le parece que nazca sin consenso? ¿Espera que el PP pueda apoyarla finalmente?

Del PP pocas cosas se pueden esperar. El Partido Popular se limita, en fin, a mantener su estrategia del no a todo y del bloqueo. Y, sobre todo, incluso en cuestiones como esta. En definitiva, su posicionamiento contrario, su inactividad y su política previa perjudican en materia de vivienda a los ciudadanos y los pone en una situación de indefensión. Les pediría que como mínimo esperen a conocer el texto de la ley, aunque ya conocen el proyecto, y que en el proceso de tramitación parlamentaria puedan hacer las aportaciones. Pero deben tener claro que si se oponen a esta ley, a quien perjudica es a los ciudadanos. Y de eso deberán rendir cuentas. Su modelo ya lo conocemos: el de la liberalización del suelo, de enajenar el patrimonio único de vivienda y generar inseguridad e indefensión a los más vulnerables. Esperamos contar con los máximos consensos posibles, pero les pedimos, cuanto menos, una actitud mínimamente responsable al PP.

Este Ministerio está situado en una de las zonas con los precios más desorbitados para alquilar. En cambio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que no piensa hacer nada. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que esta ley es un ataque frontal a la propiedad privada. ¿Teme que ese boicot de las autoridades de Madrid lleve a que se rebajen los efectos de esa ley?

Se retratan ellos mismos. Cuando Almeida dice que no va a hacer nada, eso ya es muy preocupante. Ante la situación de alarma y esta problemática tan grave que sufren los ciudadanos, decir que no va a hacer nada es una muestra de su actitud y de sus prioridades. Es decir, sitúa sus prioridades en dejar en una situación de desamparo a los más vulnerables y proteger a aquellos que ha venido protegiendo hasta ahora. Creo que al final se verá y se comprobará que las medidas son eficaces. Confío, sin muchas esperanzas, en que el PP recapacite y acabe aplicando y asumiendo medidas y leyes que en este país han sido impulsadas y aprobadas por el PSOE, que han servido para avanzar. Me gustaría señalar que no es una ley del alquiler, no contempla únicamente medidas que tienen que ver con la limitación de los precios de referencia o con la declaración de áreas tensionadas, sino que regula otra serie de cuestiones que en su conjunto van a tener un efecto positivo en la moderación del mercado de la vivienda. Ofrecemos un marco que va a cambiar un sistema y, por lo tanto, es una muy buena noticia. Insisto en que será el PP el que tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no aplica medidas que les podrían beneficiar.

Estos días se inicia el juicio por la venta de pisos públicos a fondos buitre durante la época de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Con esta ley se prohibirá eso y no volverá a pasar?

Es una de las cuestiones más importantes que regula esta ley, el parque público de vivienda es un patrimonio que está sujeto a permanente protección. Lo que significa es dar seguridad a todas aquellas personas que tenían a su disposición un piso de estas características y que se vieron expulsadas de la noche a la mañana por una decisión política que suponía venderlo a fondos buitre. Por lo tanto, esta ley blinda, limita y prohíbe esa posibilidad. Es un claro ejemplo de la diferencia entre el modelo del PP -de la liberalización del suelo- y el de este Gobierno, que pone la atención en los más vulnerables y en proteger a los ciudadanos.

En el sentido contrario, desde Barcelona han llegado críticas de Ada Colau diciendo que es poca ambiciosa esta ley y acusan al PSOE de venderse a los lobbies, ¿qué contesta?

Nosotros no nos hemos vendido a ningún lobby, siempre hemos fijado como prioridad una ley de vivienda que protegiera sobre todo a los más vulnerables y cambiara un sistema que a todas luces era imperfecto. Evidentemente siempre puede haber críticas, unos lo hacen por defecto y otros por exceso. Hemos llegado a una ley que permite garantizar esos derechos, que no vulnera las competencias autonómicas y supone un elemento de protección para los pequeños propietarios (que es el mayor porcentaje que alquila). Con los incentivos fiscales conseguimos que al propietario le salga a cuenta y rentable poder bajar los precios del alquiler. 

Los ‘comunes’ dicen que van a presentar enmiendas a la ley, ¿confía en que salga un texto consensuado?

Sí. Siempre lo hemos dicho, esto es un proyecto que sacamos del Gobierno, fruto de ese acuerdo con UP. Se ha trabajado muy intensamente por parte de este ministerio y del de Derechos Sociales, pero obviamente durante todo el trámite parlamentario esperamos incorporar las aportaciones que puedan redundar en una mejora de la ley. Es lo deseable. Estamos hablando de una ley histórica, trascendental. Por lo tanto, abiertos a sumar todos los consensos que sean posibles.

Fueron duras las negociaciones con Unidas Podemos, ¿no? Casi un año han tardado en lograr el acuerdo. ¿Cómo fue esa negociación y la tensión?

Más que tensión, creo que ha sido un trabajo muy intenso y muy riguroso, en el que ha habido que valorar muchas variables y analizar muchas situaciones para conseguir una ley equilibrada. Conseguir un objetivo que compartimos la parte del PSOE como de UP y que ofreciera un marco estable y de seguridad jurídica a todos los agentes que actúan en esta materia. Ha habido momentos de mucho trabajo y discrepancia, pero lo importante al final es el resultado que hemos conseguido. Las cosas no son fáciles, pero creo que es enriquecedor en cualquier caso que podamos incorporar visiones diferentes para al final llegar a un buen texto.

¿Cómo es su relación con Ione Belarra, que es muy combativa en este tema?

Estupenda, muy cordial, en lo personal y en lo político. Es una relación muy fluida, siempre hemos intentado que pudiéramos aportar diferentes perspectivas y puntos de vista, que es lo que hemos conseguido al final.

¿Cómo está la coalición después de estos días de tensión por la reforma laboral?

Es una coalición que goza de buena salud. Evidentemente el trabajo en coalición debe entenderse de esa manera, hay que mantener siempre esas relaciones, esa intensidad en el trabajo. A partir de ahí toda la polémica que ha salido estos días por la reforma es más ruido que otra cosa, también en los objetivos. Creo que estábamos absolutamente de acuerdo, hay que huir de los debates nominalistas. Todos estamos de acuerdo en que lo que estamos dispuestos a trabajar es en aprobar una regulación que sea acorde con el nuevo mercado del siglo XXI y que ayude a conseguir la recuperación justa. Al final hemos establecido cierta metodología de trabajo y eso está dando sus primeros resultados. La reunión del martes fue muy bien y, sobre todo, nos marcamos ahora como escenario temporal poder sacar esta reforma de la normativa laboral antes de finalizar este año.

Es ministra de Transportes, pero también es experta en temas laborales. ¿Cree que habrá acuerdo tripartito con los sindicatos y la CEOE?

En eso se está trabajando. Partimos de un modelo de negociación, no sólo en el tema de la reforma laboral, sino en todos los ámbitos, que parta del diálogo. Es una premisa y una gran diferencia respecto al modelo que aplicaba el PP, para ellos nunca ha sido un requisito imprescindible para abordar grandes cuestiones de este país. Estamos trabajando en que eso sea posible, máximo acuerdo y consenso con los agentes sociales. Todos somos conscientes de que el mercado laboral ha cambiado, que estamos en el siglo XXI. Lo deseable es que sea un texto que para dar seguridad y garantía de cierta permanencia en el tiempo cuente con el acuerdo de los agentes sociales y económicos.

¿Va a haber peaje o tasa para las autovías?

Ya hemos dicho que pensamos que hay que hacer un planteamiento del sistema de mantenimiento de las infraestructuras, de las carreteras. Nos tenemos que poner también al nivel del resto de países de la UE. Hay que hacer ese planteamiento desde un debate transparente, leal, también acordado con todos los agentes que intervienen en este marco. Tenemos que asumir un déficit en el mantenimiento de las carreteras y, por lo tanto, estamos analizando cuál es el mejor modelo, que sea un sistema justo y que acabe con los desequilibrios territoriales del modelo anterior de autopistas concesionadas. Es el planteamiento que estamos haciendo, que es acorde con esa estrategia de vaciar las carreteras de vehículos, también pasa por sacar los máximos vehículos pesados de las carreteras que son los que más desgastan, y producir el trasvase modal hacia otros medios de transporte más sostenibles como el ferrocarril. Por lo tanto, creo que hay que hacer mucha pedagogía en este tema, pero, insisto, tenemos que abordar un debate leal, transparente y sosegado, que nos haga responsables a todos. Estamos asumiendo ahora el mantenimiento de las carreteras con cargo a los presupuestos generales y eso supone detraerlo de otras partidas que podrían ir a gasto social. No parece justo cuando pagamos por el uso del resto de infraestructuras que no pase lo mismo respecto a las carreteras.

¿Se fijan un horizonte temporal para ese debate?

Dentro del plan de recuperación y resiliencia ya fijamos el compromiso en establecer y analizar un modelo. Estamos trabajando en ese modelo sin prisa pero sin pausa. Esto requiere de aprobar un modelo que reúna el consenso necesario.

Pablo Echenique (UP) dijo que era un globo sonda. 

No, no, saben que no es un globo sonda porque en el propio plan de recuperación y resiliencia, que es un plan del Gobierno que se ha presentado a Europa, se ha planteado esta cuestión. Incluso desde el sector de UP en algún momento se había llegado a plantear que había que analizar el sistema, para que fuera justo, progresivo y corrigiera agravios territoriales. Hay que buscar el modelo, pero creo que todos podemos estar de acuerdo, incluso el PP, que en su día planteó la necesidad de abordar la cuestión e incluso había realizado estudios que profundizaban, en que es un tema sobre el que hay que trabajar y reunir consensos.

¿Se da por descartada la ampliación de El Prat?

No es un proyecto que descartemos en absoluto. Seguimos defendiendo que era un proyecto muy positivo, no sólo para Cataluña, sino para el conjunto de España, que nos hacía más competitivos, que reforzaba la red de aeropuertos estatales y además permitía que fuera un hub intercontinental. Tenía muchas externalidades positivas, en términos de inversión, de creación de empleo, pero también siempre hemos dicho que requiere del consenso de las administraciones. En este caso, del Gobierno de España pero también de la Generalitat de Cataluña, que es donde se ubica. Se quebró ese consenso y ese compromiso de la Generalitat. Confiamos en que ese consenso se pueda rearmar y recuperar. Si eso es posible, seguimos apostando por ese buen proyecto para Cataluña y para España.

¿Cómo se conjuga decir que es un Gobierno verde con ese proyecto del que eran reacios los ecologistas? ¿Defiende que era medioambientalmente sostenible?

Claro, precisamente lo que decíamos es que es posible defender unas infraestructuras competitivas haciéndolas con las máximas garantías medioambientales. Nos dábamos de todo este tiempo que habría que trabajar en la elaboración del plan director para poder analizar las medidas compensatorias que había que aplicar en este proyecto. Sabíamos que necesitaba del aval y de la aprobación de la CE. No tiene sentido que planteemos un proyecto si no estamos dispuestos a demostrar que es posible. Es el desarrollo sostenible que defendemos desde este Gobierno.

Es una de las interlocutoras con los grandes empresarios de este país, ¿España va camino de la quiebra como dice Pablo Casado?

No, en absoluto. Los datos económicos son muy positivos, ha bajado el número de desempleados, ha sido un dato histórico desde 1975. La primera vez que baja en octubre, ocho meses consecutivos. Los datos de afiliación son buenos. Los organismos internacionales dicen que España se está recuperando, que se está saliendo de una crisis, y que lo está haciendo de una manera diferente a la anterior. Una recuperación justa, que alcanza a todo el mundo. El señor Casado vive en otra realidad, sigue intentando desacreditar por todos los medios a nuestro país. Este Gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para hacer posible que esa recuperación sea justa, estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Lo que creo es que el señor Casado está nervioso básicamente, porque no le salen los números, porque no acierta, porque además tiene una crisis interna que le preocupa mucho, está permanentemente preocupado en mantener su silla y su cuota de poder cuando desde su propio partido está viendo amenazado por sus propios compañeros, que están cuestionando su liderazgo y su falta de proyecto. Es algo, en definitiva, que no sólo ven sus compañeros, sino el resto de ciudadanos. Casado vive en otra realidad paralela, no es lo que necesita este país. Esos mensajes catastrofistas o negativos no se ajustan en absoluto a la realidad.

Viene de la administración más cercana, la local, desde el Ayuntamiento de Gavà. De repente, en el mes de julio aterriza en el Ministerio de Transportes, en la mayor remodelación de un Gobierno durante la democracia. ¿Cómo es el clima político que se vive en el Congreso? ¿Cómo es la oposición? 

La verdad es que es una oposición que no ayuda, sobre todo, el PP no ayuda como principal partido de la oposición. Es lo peor que le puede pasar a este país en un momento tan importante como el que se está viviendo, después de una pandemia. Este Gobierno ha hecho los deberes, ha cumplido los compromisos, adoptó las medidas necesarias durante la crisis sanitaria y ahora para que la recuperación y la salida sean justas, y por otra parte nos encontramos un PP que en ningún momento ha arrimado el hombro. Eso no es lo mejor que le puede pasar a este país, es una mala noticia que el PP no sea mínimamente responsable y no arrime el hombro para sacar adelante a este país. Es un déficit que podemos observar clarísimamente, con un debate muy bronco en el Congreso. No es lo que los ciudadanos merecen. Se puede hacer oposición política y ser vehemente, pero hay que mantener, cuanto menos, un tono de mínimo respeto institucional que el PP ha perdido desde hace mucho tiempo.

Después de las elecciones de 2023, ¿se ve como ministra de Transportes? ¿Sigue viendo un Gobierno de Coalición? ¿Yolanda Díaz, amiga o enemiga electoral?

Díaz es vicepresidenta segunda de este Gobierno. Es uno en coalición, hay que asumirlo con normalidad. Ese pacto nos ha permitido conformar el primer Gobierno de coalición de izquierdas y progresista, eso es algo bueno. Desde el Gobierno estamos impulsando leyes históricas como la de vivienda. Cumplimos con la aprobación de la ley de eutanasia, con la subida del SMI, con el ingreso mínimo, con la revaloracizión de las pensiones. Hemos hecho posible y cumplido los compromisos del PSOE y del acuerdo de investidura. Es una buena noticia que los gobiernos sean progresistas y de izquierdas. Mi situación de aquí a unos años, no lo sé. Estoy a disposición del presidente en primer lugar, a disposición de mi partido, Intentaré trabajar para ser útil allá donde se me requiera, es mi única aspiración personal y política. En eso fijo mi horizonte.