Ángel Hernández: “María José me decía: ‘Después de lo que me has ayudado, que no te empapelen’”

Si la ley de eutanasia hubiera estado aprobada en 2019, probablemente María José Carrasco habría muerto igual que lo hizo hace dos años, pero lo habría hecho tranquila, sabiendo que su compañero, Ángel Hernández, no se expondría a una posible acusación, a un posible juicio y a una eventual condena por ayudarla a morir cuando ella ya no podía moverse. También se habrían ahorrado ambos toda la exposición mediática a la que se sometieron, por voluntad propia pero por una finalidad mayor: que la ley de eutanasia saliera adelante.

“Nadie se expone a los medios de la forma en que nosotros lo hicimos, mostrando todo el dolor y el sufrimiento, si no es por un motivo importante”, cuenta Ángel Hernández por teléfono este martes a mediodía, poco después de saber que ha quedado absuelto del delito de cooperación al suicidio del que lo acusaba la Fiscalía.

“Ella no quería que me imputaran”

Hernández reconoce que está “contento”, aunque no tanto por su absolución en sí, que ha sido concedida gracias a la reciente Ley de Eutanasia; más bien, por el hecho de que la Ley sea una realidad desde el 25 de junio, y por su pareja, María José. “Hoy me acordaba de mi compañera María José, porque lo que realmente ella quería era esto, que no me pasara nada”, explica el hombre, de 72 años.

María José Carrasco sufrió por los dolores que le provocaba la esclerosis múltiple que padecía desde 1989, pero también lo pasó mal por Ángel, que le prestó sus manos para morir quebrantando así la ley. “Ella me decía: ‘Después de lo que me has ayudado, que no te empapelen’”, recuerda su compañero. “Ella llevaba muy mal lo de que me pudieran llevar a juicio, no quería que me imputaran”, dice.

Hernández nunca ocultó que ayudó a morir a su mujer aquel 3 de abril de 2019; de hecho él mismo llamó al Servicio de Emergencias y a los medios para contar que María José había muerto después de darle un vaso con pentobarbital sódico que ella ingirió con una pajita. 

La noticia causó conmoción pero no sorpresa, pues tanto Ángel como María José llevaban tiempo denunciando su situación en vídeos, incluido uno, el último, grabado entre el 2 y el 3 de abril, en el que la mujer pide la muerte y su compañero accede, con las manos temblorosas. 

Un tribunal de violencia de género a cargo

El Servicio de Emergencias lo comunicó al Juzgado de guardia, y una semana después el caso de Hernández acabó en un tribunal de violencia de género, al considerarse que cualquier acto violento contra una mujer por parte de su pareja o expareja tenía que ser tratado como tal. 

En octubre de 2020, la Fiscalía pidió seis meses de prisión para Ángel Hernández, aunque al mismo tiempo el Ministerio Público anunció que no se opondría al indulto. El 30 de junio de 2021, la acusación fue retirada por la entrada en vigor de la Ley de eutanasia, promovida por el PSOE y aprobada en el Congreso el pasado 18 de marzo, con los votos en contra de PP, UPN y Vox. Y finalmente este 6 de julio, Hernández ha sido absuelto.

El hombre se ha tomado estos meses como una espera relativamente tranquila. “Una vez aprobada la ley, yo me imaginaba que esto [la absolución] iba a ocurrir”, reconoce Hernández, que a renglón seguido matiza: “También es verdad que, sabiendo cómo funciona a veces el sistema jurídico, podía ocurrir cualquier cosa”. En todo caso, asegura Ángel, “no tenía miedo de ir a juicio”.

Tanto él como su abogada, Olatz Alberdi, incluso creen que una parte de la Ley, la disposición primera que modifica el artículo 143 del Código Penal, se incorporó pensando en su caso. “No incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia”, reza la disposición. 

Por si acaso, Ángel Hernández ya había pensado qué hacer si finalmente tenía que declarar ante a un juez. “Iba a utilizar mi derecho a la última palabra, e iba a sacar muchas cosas que no he podido sacar en este tiempo”, afirma. 

El hombre se refiere a toda la documentación con la que pretendía demostrar una supuesta dejación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto a la situación de dependencia de María José. 

Una plaza en un centro que nunca llegó

Desde 2007, Ángel tenía pedida una plaza de residencia para su compañera que nunca les fue concedida. En 2018 recibieron otra negativa que, según cuenta el hombre, aceleró el deterioro de María José.

En enero de ese año, a él le diagnosticaron una hernia umbilical de la que tenía que ser operado. “Mi médica de Atención Primaria me dijo: ‘Esta hernia es peligrosa, sobre todo por los esfuerzos que tienes que hacer con tu mujer’”, explica. Entonces solicitaron una plaza en un centro para María José mientras Ángel se operaba y se recuperaba. De nuevo, se la denegaron. 

“No tuve más remedio que contárselo a María José, y eso la puso peor, la evolución de los síntomas fue a peor”, lamenta el hombre. “A finales de 2018 ya estaba muy mal, muy mal, muy mal. Ahí es cuando ya tomamos la decisión”, dice. “De alguna forma, fueron corresponsables de su empeoramiento”, sostiene.

María José Carrasco estuvo segura de su decisión hasta el final, pero también murió con el dolor y la duda de las consecuencias a las que podía enfrentarse su compañero. “Si hace dos años la ley hubiera estado aprobada, María José se habría podido acoger a ella y, por lo menos, se habría ido feliz de que a mí no me iba a pasar nada, y yo no tendría que haberme comprometido a lo que me comprometí”, reflexiona Ángel Hernández.

Con todo, el hombre cree que ese enorme compromiso finalmente ha merecido la pena. “Nuestra lucha era que se aprobara la ley”, afirma Hernández rotundo. “Todo lo que hicimos —el grabar todo su dolor, todo su sufrimiento— fue porque ella me lo permitió. La gente dice ‘yo no quiero que me vean así’. Y, sin embargo, María José dijo: ‘Si vale para que la ley de eutanasia salga adelante, grábame’”.