Enrique López, el cerebro de la estrategia judicial del Partido Popular
El consejero de Ayuso en el recurso contra Illa y el hombre de Casado para bloquear el Poder Judicial.
Enrique López casi puede oler el turrón desde su despacho. Casa Mira ha visto pasar a muchos políticos por su puerta y dentro. Hasta la propia casa real, de la que es pastelería proveedora. Frente a ella, en la misma Carrera de San Jerónimo, se alza un edificio forrado de espejos. Desde allí se dirige la política de Justicia de la Comunidad de Madrid… que ahora marca también el litigio político entre Sol y La Moncloa.
Apenas 400 metros separan los despachos de Ayuso y López. Y un kilómetro y medio más allá está el de Pablo Casado en la calle Génova. López habla con los dos a diario, se ha convertido en el cerebro judicial de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Los dos le escuchan y le hacen caso.
El polémico juez llegó al Gobierno de Madrid bendecido por Casado el pasado verano y con la idea de ser uno de los pilares de una Ayuso sin experiencia de gestión. Con el tiempo, la presidenta de Madrid apenas escucha a los miembros de su Ejecutivo. Sólo atiende a su todopoderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez… y a Enrique López.
El juez conservador se ha convertido en una pieza clave, especialmente desde que el Gobierno regional se pusiera rebelde y decidiera desafiar al Ministerio de Sanidad llevando a los tribunales la orden para confinar Madrid y otros nueve municipios. Y cada hora que pasa su figura también es potenciada mediáticamente por Sol y la calle Génova: todos los días entrevistas en televisión, canutazos y ruedas de prensa.
Puente de Cs y polémico pasado
Un hombre que además está jugando un papel interno que no se ve: templar las aguas entre el PP y Cs en el movido Gobierno de coalición en Madrid, según fuentes del Ejecutivo regional. Tiene buen trato con los miembros ‘naranjas’ y mantiene hilo directo con el vicepresidente, Ignacio Aguado. No para: además ha sido el ariete para bloquear las negociaciones del Poder Judicial por parte del Partido Popular y el encargado de lanzarse al cuello contra Pablo Iglesias exigiendo su dimisión tras elevar el juez Manuel García Castellón el caso Dina al Tribunal Supremo.
La carrera de López siempre ha estado envuelta en polémica, con su máximo episodio cuando dimitió de su puesto como magistrado del Tribunal Constitucional por la denuncia de la Policía Municipal tras conducir en moto sin casco, saltándose un semáforo y cuadruplicando la tasa de alcohol permitida. Siempre ligado a los sectores más conservadores de la magistratura, vinculado al PP y a la Faes de Aznar.
Con trajes a medida, pelo engominado y nudos de corbata perfectos, se trata del juez más vinculado a un partido en España y su paso a la política como consejero de Ayuso fue visto como algo natural. Siempre se ha movido muy bien entre bambalinas y entre la sociedad poderosa capitalina. Como uno más en los círculos más elitistas vinculados a la derecha. Ese vínculo con el PP lo llevó a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008.
Esa relación hizo incluso que la Audiencia Nacional decidiera apartarlo como juez en el caso Gürtel, ya que la mayoría de la sala dudada de su imparcialidad a la hora de abordar el enjuiciamiento de esta red corrupta y el PP. El pleno de la Audiencia accedió así a las peticiones de las acusaciones populares por “afinidad ideológica”.
“Es un arribista de toda la vida”, comenta un juez que lo conoce desde hace años, que señala: “en el CGPJ actuaba más como portavoz político que como portavoz de política judicial”. En el ámbito judicial, señala, se le conoce más por un papel político que por sus sentencias. Sus puestos en el Constitucional y en la Audiencia, señala este juez, “no han estado exentos de disputas judiciales”.
En estos últimos meses fue el encargado por Casado de negociar tras los focos la renovación del Poder Judicial junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Al final, el PP decidió no pactar y la excusa que se ha dado es que no puede participar Unidas Podemos en ese acuerdo. La consecuencia: el CGPJ lleva casi dos años en funciones y la mayoría conservadora sigue imponiéndose frente a una composición en la que ahora debería prevalecer la progresista.
Días de tensión en la Consejería de Justicia
Su círculo intenta quitarle esa pátina de partido. Fuentes de su departamento, en cambio, señalan a El HuffPost que López ya ha dicho que el recurso ante la Audiencia Nacional de la Comunidad no se trata de un tema político, sino jurídico. La idea que trasladan es que este contencioso es como cuando España pide que se dirima en los tribunales cuestiones que afectan a la UE. “Y eso no quiere decir que España esté atacando a la UE”, comentan las fuentes a modo de símil.
No obstante, a pesar de que es López el responsable de Justicia, el recurso fue presentado a través de Presidencia de la Comunidad porque de ella dependen los servicios jurídicos de la autonomía. Estos días, reconocen en su entorno, han sido de mucha “tensión” en la Consejería de Justicia. Se muestra López muy sorprendido por la “dureza” del Gobierno y los “planteamientos” de Moncloa respecto a Sol. Especialmente le ha chocado la actitud del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a pesar del perfil “moderado”.
López y los suyos están convencidos de que el Gobierno ha seguido criterios “políticos” hasta llegar al decreto del estado de alarma. Una de las cosas que más preocupa al consejero es la incertidumbre que se ha vivido en la calle, cuentan fuentes cercanas a él. El juez fue uno de los pocos que estuvo reunido con Díaz Ayuso en Sol en las horas clave del viernes por la mañana, elaborando el plan que pareció insuficiente a Moncloa y en el que se rechazaba cerrar perimetralmente la capital. Una postura que sabían que abocaría al estado de alarma, no atendieron ni siquiera a los intentos de mediación del propio vicepresidente Aguado.
Al mediodía Sánchez y Ayuso hablaron: se aprobaba el estado de alarma, Moncloa no podía esperar más.