La pinza en la nariz: PSOE y UP tragan con el polémico Arnaldo y el PP lanza a un candidato incoherente con la independencia judicial
Malestar entre los diputados de la coalición pero las direcciones ordenan votar para preservar el acuerdo de renovación de los órganos constitucionales,
“Con la pinza en la nariz”. Odón Elorza ponía la expresión en su boca que recorre a muchos diputados del PSOE y de Unidas Podemos. Los parlamentarios de la coalición apoyarán al polémico Enrique Arnaldo, propuesto por el Partido Popular, para el Tribunal Constitucional a pesar de que dudan de su idoneidad, con el fin de no romper el pacto alcanzado para renovar los órganos constitucionales tras años de estancamiento.
La figura de Arnaldo ha provocado mucho malestar en la bancada de la izquierda, por sus posicionamientos ideológicos a favor de la derecha, su vinculación con FAES y por los dudosos episodios conocidos estos días sobre sus actividades. Es decir, una imagen que daña, para muchos, al propio Tribunal Constitucional, máximo garante de que se cumpla la Carta Magna. Y, mientras, el PP como quien oye llover.
Arnaldo es uno de los nombres que se tienen que votar este jueves en el Pleno del Congreso para renovar varios órganos constitucionales. Ese grupo fue pactado por el Gobierno y por el Partido Popular. La figura de Arnaldo la puso encima de la mesa Tesoro García Egea (PP), y Génova 13 no ha querido retirarla a pesar de las polémicas. O entra él o no se renuevan los órganos constitucionales.
La votación se hará este jueves y será secreta. Los diputados deberán escribir los nombres de los candidatos (cuatro para el Tribunal Constitucional, seis para el Tribunal de Cuentas y uno para el Defensor del Pueblo). A pesar de que no será pública, las direcciones de PSOE y de Unidas Podemos confían en la disciplina de voto y en la “responsabilidad” como grupos para sacar adelante la votación (en la que hacen falta sus votos juntos con los del Partido Popular). De hecho, sólo estos tres partidos votaron a favor de los nombres para que se diera el visto bueno en la pasada Comisión de Nombramientos, paso previo al Pleno. Para dar luz verde hace falta una mayoría de tres quintos (210 diputados), algo que sólo se logra con los votos de socialistas, populares y ‘morados’ (entre los tres suman 244).
El Partido Popular ha impuesto este nombre para poder llevar a cabo esa renovación de varios órganos, siendo algo contradictorio dentro de sus continuas llamadas a la independencia judicial. Supone colocar a un jurista marcado por sus vinculaciones con los populares y que no representa el perfil que teóricamente debería tener un magistrado sentado en el Constitucional. Y refuerza esa idea de que el Partido Popular busca una justicia a su medida con nombres cercanos a su partido, frente a lo que dice Pablo Casado.
¿Y quién es Arnaldo? ¿Qué le liga con el PP? ¿Por qué no es idóneo? Un primer dato: administraciones controladas por el Partido Popular contrataron durante años a la empresa de Arnaldo por valor de 979.000 euros. Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, desvelado por la Cadena Ser, que fue encargado por el juez José Castro dentro del caso Palma Arena para rastrear la actividad entre 2003 y 2008. 51 de los 75 contratos fueron menores, lo que hacía que no tuvieran que salir a concurso público. Fueron relaciones contractuales con ayuntamientos, autonomías y empresas públicas en Madrid, Baleares, Canarias y Castilla y León. Asimismo, hizo negocio con AENA y los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente al final de mandato de José María Aznar.
Un nombre se repite en su carrera, el del expresidente del PP de Baleares Jaume Matas (condenado varias veces por corrupción). El futuro miembro del Tribunal Constitucional estuvo imputado por sobornarlo. Fue en la pieza número cinco del caso Palma Arena y el juez en el auto hablaba de un “amaño”. El modus operandi fue el siguiente: Matas encargó a Arnaldo un informe sobre los “límites institucionales en las campañas electorales” y ese mismo 2007, cuando perdió las elecciones, fue el juez el que fichó al político para supuestamente abrirle las puertas en EEUU con sus contactos. Se archivó la investigación por la prescripción de los hechos.
El sapo se hace más grande conforme se han conocido más noticias. El candidato propuesto por el PP infringió la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo, según informó El Confidencial. Vulneró la ley de Universidades al haber estar vinculado a la vez con la universidad pública Rey Juan Carlos y con el centro privado Cardenal Cisneros -centro donde consiguió su título Pablo Casado tras aprobar 12 de las 25 asignaturas en cuatro meses-.
La figura de Arnaldo se vuelve todavía más turbia con otra información de la Cadena Ser: mintió en el currículum enviado al Congreso de los Diputados antes de su evaluación. En la documentación remitida a la Cámara Baja decía que había sido abogado-socio del despacho Estudios Jurídicos y Procesales entre 2001 y 2017, fecha en la que pasó supuestamente a ejercer la abogacía de forma autónoma. Pero en 2019 fue el encargado de presentar como coordinador para la adjudicación de un contrato para la defensa jurídica del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), también gobernado por el Partido Popular.
Sus tentáculos con el Partido Popular no se quedan ahí. El candidato propuesto por el Partido Popular tuvo negocios con el testaferro confeso de Eduardo Zaplana. En 2009 firmó un convenio de colaboración con el abogado uruguayo Fernando Belhot, especializado en la creación de sociedades offshore. El objetivo era compartir clientes en España, Brasil, Panamá y Uruguay.
Y no podía faltar otro nombre en esta turbia trayectoria: Ignacio González. En el sumario de Lezo aparece una conversación interceptada por la Guardia Civil entre el expresidente de Madrid y el jurista a finales de 2016. En ella comentaban “los nuevos nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia y la supuesta influencia que Arnaldo tendría al respecto”.
González le llega a decir: “Estarás ahí moviéndote como corresponde”. Su respuesta: “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora -la fiscal Concepción Madrigal- sea bueno”. A lo que añade: “Si yo tuviera algo nuevo, te llamaría enseguida”.
Además, el jurista ha dejado muy claro lo que piensa en los artículos que ha publicado durante años en El Imparcial, con una obsesión muy clara y que ha indignado a muchos socialistas: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, llegó a escribir: “El legado es patético en todos los órdenes”.
Esto decía sobre el expresidente: “Le vuelve loco nombrar ministros que se lleven mal entre sí, que debatan abruptamente, que se peleen, que se zancadilleen, que se contradigan en las declaraciones públicas. Así se siente más fuerte por cuanto además se convierte en árbitro, en hacedor y alfarero. Les deja que se calienten, que sus equipos intercambien notas de prensa y busquen, con nocturnidad, titulares afines. El presidente disfruta, se ríe a mandíbula batiente. Les deja que se devoren, y él se reserva para el momento final, el oportuno: el oráculo dixit y la discusión se cierra”.
Más expresiones del futuro letrado del Constitucional: “Quizás, en fin, a Rodríguez Zapatero no le queda más remedio que imitar a Evo Morales. La matemática parlamentaria (nunca fue muy ducho en Ciencias) le es poco favorable y los tres años de legislatura que le quedan van a ser un suplicio para el leonés”.
Asimismo, dejaba clara posturas contrarias contra la ley del aborto y “el reconocimiento” de la eutanasia: “se violentan algunos principios o alguna jurisprudencia por el camino”. Esto tiene vital importancia porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene todavía que dirimir sobre el recuerdo presentado en su día por el Partido Popular contra la ley de interrupción del embarazo aprobada por el Gobierno de Zapatero. Asimismo, también tendrá que pronunciarse sobre otro recurso del Partido Popular admitido ya contra esa ley de eutanasia.
Esta suma de actividades, declaraciones y pasados judiciales han llevado a un profundo malestar entre los diputados del PSOE y de Unidas Podemos. Hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no le gustan “algunos nombres”, pero que su “deber” como Gobierno es respetar el acuerdo al que se llegó para poder renovar algunos órganos constitucionales (en el caso del TC desde finales de 2019).
Las direcciones del PSOE y de UP confían en esa disciplina de voto. Durante la Comisión de Nombramientos en el Congreso el portavoz del PSOE en el órgano, Odón Elorza, fue el más duro contra Arnaldo. Y ha tenido sus consecuencias, según revelaba él mismo en una entrevista en la Cadena Ser. Ha sido apartado del debate de este jueves y desde el grupo socialista se le trasladó que había sido “muy crítico”. Él ha dicho que tará con “la pinza en la nariz”, una expresión que también ha utilizado el líder de los ‘comunes’ en el Congreso y presidente del grupo confederal, Jaume Asens.
Además de Arnaldo, el nombre de la polémica, La otra candidatura propuesta por el Partido Popular, Concepción Espejel, tampoco se escapa de las sombras aunque no ha generado tanto revuelo. La magistrada fue apartada del caso Gürtel en la Audiencia Nacional por sus vínculos con el Partido Popular. Ahora pasará a formar parte del Tribunal Constitucional.
Los que no van a tragar con estos dos sapos tan grandes serán los socios de investidura. ERC, Más País o Compromís no darán sus votos y ya están advirtiendo incluso de que los ‘morados’ se arrepentirán de ese voto a favor. Lo que intentan los altos mandos del PSOE y de Unidas Podemos es echar la culpa al Partido Popular y decir que la responsabilidad es del proponente. Lo que está claro es que se va a renovar el Constitucional, pero dentro habrá miembros no idóneos. Críticas de todos los ámbitos de la izquierda, pero se intenta apelar a ese sentido de Estado de renovación. Y Arnaldo en breve estará decidiendo que es constitucional o no en este país.
