En la calle tras la construcción del metro: el drama de los vecinos de San Fernando de Henares

″Íbamos a tener el edificio más seguro de España y no volvimos a casa”. Desolados, así se muestran los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por la construcción de dos de las estaciones de la línea 7B de Metro de Madrid.

La inauguración de las estaciones de San Fernando de Henares y Coslada en 2008, ahora cerradas debido a la inestabilidad del lugar tras su construcción, ha provocado que, 15 años después, estas familias tengan que ver cómo sus hogares son derribados.

Iván Fuentes Medina, realizador de contenido audiovisual, es uno de los afectados. Hace justo un año que salió de su casa para no volver jamás. A raíz de lo sucedido, tuvo que buscarse junto a su familia un nuevo hogar que construir, lugar en el que ahora reside.

En un principio, él y sus vecinos iban a estar fuera solo tres o cuatro meses, el tiempo que duraban las obras para mejorar la estabilidad del inmueble. Sin embargo, tras tener que vivir en un apartahotel todo ese tiempo, ahora están en la calle.

Durante ese periodo, Iván ha podido recoger en un documental las #VidasRotas de 21 vecinos, las primeras víctimas de esta pesadilla, que salieron de su casa el 20 de septiembre de 2021. En la actualidad, las comunidades desalojadas ya ascienden a cuatro.

“Fue un desalojo inminente de 24 horas, por lo que solo cogimos lo justo y necesario, también porque se suponía que iba a ser poco tiempo”. Así comienza Iván el relato de su historia a El HuffPost. Y prosigue: “Pasaron cinco meses y seguíamos sin saber nada, hasta que un día nos comunicaron que no podríamos volver a entrar al edificio porque estaba en estado crítico y se iba a derruir”.

Uno de los peores dramas, según cuenta Iván, es que muchos de los vecinos de su edificio son personas mayores. Como Marciala, de 95 años, desahuciada de su casa hace un año y desahuciada ahora del apartahotel. Ha tenido que irse a casa de su hija porque no tiene otro sitio en el que vivir.

¿Qué objetos de tu hogar salvarías si solo tuvieses media hora para rescatar 30 años de vida? Esa fue la pregunta que Iván y otros muchos afectados como Marciala tuvieron que hacerse antes de ver su casa reducida a escombros. Una pregunta que se tendrán que hacer otros muchos vecinos de la zona si la Comunidad de Madrid, responsable del suceso, no ataja la situación con contundencia.

El origen de los desalojos

El problema se remonta a 2008 con la inauguración de las paradas de la línea 7B de Metro, que afecta al tramo completo desde San Fernando de Henares hasta Hospital del Henares. De hecho, no han parado de sufrir cierres desde entonces. Aunque al principio representaban un símbolo de “progreso” para los vecinos de la zona, lo cierto es que solo era el principio de una terrible pesadilla.

A pesar de las evidencias, algunos de los afectados, que han sido contactados por este medio, aseguran que la Comunidad de Madrid no admite que el problema proceda únicamente de las obras del metro, sino que alega que el fallo podría ubicarse también en la construcción de los propios edificios, al menos en el caso del último inmueble desalojado del 15 de septiembre de 2022.

Sin embargo, el viceconsejero de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, en una entrevista concedida a El HuffPost para tratar el asunto, admite la culpa de la administración por lo ocurrido: “Los vecinos de San Fernando sufren esos problemas derivados de la línea de metro”.

Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de afectados por Metro L7B y desalojado de su vivienda desde el 11 de abril de 2022, explica a El HuffPost que, cuando comenzaron las obras, allá por el 2005, “el contrato presupuestado era de 180 millones de euros a 30,5 meses, pero se rebajaron 10 meses de obra y al final se quedó en 20,5 meses, es decir, había que hacerlo a toda velocidad”, señala el coordinador. De hecho, para los vecinos, e incluso para algunos miembros de la administración, esa rapidez es el detonante de lo que ocurre actualmente.

En su opinión, y basándose en la información que ha ido recabando estos últimos meses, el portavoz estima que el motivo de este aumento de la velocidad se debió a que las elecciones a la Asamblea de Madrid se celebraban en mayo de 2007 y la finalización de dichas obras era una estrategia electoral y un punto a favor del Partido Popular de Esperanza Aguirre, que ese año arrasó en las urnas.

La denuncia de los vecinos del municipio, y la del propio alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), pasa también por el tiempo, ya que aseguran que el problema lleva candente 15 años, a pesar de que hasta ahora no había adquirido esta magnitud.

De hecho, la gravedad es tal que, según el alcalde del municipio, hay hasta 15 calles afectadas por dicha construcción y algunos centros como la Escuela de Idiomas o la escuela de adultos han tenido que ser trasladas de ubicación, asegura.

Javier Corpa admite que “hasta ahora (el ayuntamiento) se había mantenido al margen” debido a que la competencia reside en la Comunidad de Madrid, pero los datos son tan desoladores que desde el consistorio no han dudado en acudir incluso a las manifestaciones de los ciudadanos que exigen una solución firme.

El alcalde, además, critica que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, cifre en 32 las familias afectadas, un dato que ha causado mucho revuelo en el municipio debido a que desde el ayuntamiento local datan el número en 411. Es decir, existen viviendas afectadas que no han sido desalojadas, pero es que los casos más graves también comenzaron con pequeñas grietas.

Modus operandi

Aunque en su caso concreto el calvario comenzó hace apenas unos meses, Alejandro critica que “el modus operandi de la Comunidad de Madrid para todas las comunidades de vecinos ha sido siempre el mismo: una orden de emergencia”. En orden cronológico, el portavoz ha detallado los últimos pasos que ha dado la Comunidad de Madrid con el cuarto edificio desalojado a fin de entender cuáles son las líneas de actuación.

La consejería de Transportes e Infraestructuras emitió el 25 de agosto de 2022 unos informes en los que señala que “el edificio tiene daños leves y moderados y que, por ello, no tiene riesgo de derrumbe ni de colapso”.

El 6 de septiembre “se produjo un suceso crítico y se desprendieron del edificio unos adoquines hacia la vía pública”. Estos adoquines “pesan como 60 kilos y podrían haber impactado en cualquier persona” que pasase por la zona, “provocando su muerte”, asegura Alejandro.

A raíz de lo ocurrido, varios responsables de la Comunidad se acercaron al lugar junto a un grupo de bomberos. Los técnicos alegaron que “el derrumbe era producto de un desecho de construcción del edificio y no del metro”, y así lo detallaron en el informe que entregaron el 8 de septiembre.

Una semana después, el 15 de septiembre, se emitió otro documento que señalaba “riesgo de colapso” en el edificio, a pesar de que 7 días antes aseguraban que este peligro no existía, procediendo así al desalojo de otra comunidad de vecinos.

“Opacidad, parches y negligencia. Estas son las tres líneas de actuación que sigue la Comunidad de Madrid”, asegura el portavoz de la plataforma, quien lamenta que el cauce de este último suceso haya transcurrido prácticamente igual que en el de anteriores ocasiones.

La cuestión económica, otra traba más

Las quejas de los vecinos, además de sentimentales por la pérdida de sus hogares, son de índole económico: “Nos han dado 798 euros (al mes) para vivir y búscate la vida”. Iván se siente estafado, porque para mucha gente está siendo imposible encontrar un piso adecuado a sus necesidades con esa escasa cantidad de dinero, explica.

“Algunos se han visto obligados a pedir un préstamo para poder pagar el extra que supone un piso de alquiler, y a eso hay que sumarle las hipotecas que siguen pagando, abogados, comida, agua y luz... es que no dan abasto”, se lamenta Iván.

Según detalla el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, estos 798 euros mensuales, que se conceden durante seis meses, son un adelanto del dinero que “en teoría se abona al final (con el cierre del expediente), junto al resto de la indemnización por patrimonio”, lo que hacen un total de casi 5.000 euros más.

De esta forma, tomando como ejemplo la situación de los últimos desalojados, además de abonar la cantidad por la responsabilidad patrimonial del inmueble perdido, “se les iba a pagar casi 5.000 euros más por los gastos incurridos desde el día 20 de septiembre hasta el momento en que recibieran la indemnización”.

En cuanto a la cantidad de esta cuota mensual, el viceconsejero se defiende así: “Los técnicos no pueden inventarse una cifra, sino que se apoyan en unas tablas del ministerio del alquiler a las que les hemos incrementado el IPC actualizado. La ley no nos permite pagar más”.

En el caso de que los vecinos hayan tenido más gastos de los previstos, “si por ejemplo (una familia), en vez de pagar un alquiler de 800 euros, ha tenido que costearse uno de 1.000, cuando se abone la indemnización correspondiente, se pagarán también los 200 euros que le faltaron cada mes”, asegura el responsable de la consejería.

A la pregunta de cuándo recibirán los afectados esa indemnización de patrimonio de la que habla, el viceconsejero señala que “primero tienen que estar todos los expedientes completos y la documentación requerida”.

En este sentido, el responsable asegura que “los vecinos han pedido en varias ocasiones una ampliación del plazo para aportar documentación”, algo que, por el contrario, desmienten desde la Plataforma de afectados por Metro L7B, que aseguran que la documentación requerida está completa desde el primer momento.

“Se espera que (el pago) se ejecute en el menor tiempo posible”, augura el viceconsejero. Aunque la realidad es que no existe una fecha estipulada, el pago de las tasas que están recibiendo los vecinos mensualmente por alojamiento y demás gastos derivados de la situación representan un máximo de seis meses.

En cuanto al gasto, los afectados también critican con dureza la falta de una partida presupuestaria para este caso concreto, que ya podría haberse aprobado si todos los partidos de la Asamblea se solidarizasen y votaran a favor de ella, aseguran fuentes de la plataforma.

En cualquier caso, la indignación no solo pasa por los afectados, ya que en la movilización del pasado 20 de septiembre se presentaron más de 7.000 personas, una muestra más de la unión vecinal frente a las desgracias ajenas.