Empresarios del juego y políticos del PP: una relación más allá del azar

La evidencia científica respecto a la propagación del coronavirus es contundente. Las probabilidades de contagio son mayores en espacios cerrados que al aire libre. Y, aún así, la Comunidad de Madrid mantiene cerrados parques y jardines en las 45 áreas sanitarias con mayor incidencia de contagios en la región, mientras que las casas de apuestas y los bares están abiertos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justificó su medida alegando que la mayor parte de los brotes se están produciendo en el ámbito privado, en parques y jardines, y en las “reuniones privadas”, y no en estas casas y locales. Pero los epidemiólogos advierten de que el 80% de los brotes se han producido en encuentros en lugares cerrados. Por eso, no es surrealista preguntarse si detrás de la medida se esconden intereses económicos.

La prohibición de apuestas y juegos de azar acabó en España en 1977, pero la gran eclosión de las empresas del juego se produjo a partir de 2011. Ese año, el PP, con Mariano Rajoy en el Gobierno, aprobó en el Congreso la Ley de Ordenación del Juego que reguló el negocio ‘online’. Desde entonces, las vinculaciones entre los populares y las empresas no han dejado de crecer.

La revolución digital, que ha puesto una ruleta en cada móvil, ha propiciado un boom del sector al calor de los gobiernos populares en Moncloa y en otras comunidades. También en la Puerta del Sol. La propagación de casas de apuestas y salones de juego ha sido rápida y sigilosa. Hay zonas en Madrid, como el distrito de Puente de Vallecas, uno de los afectados por las restricciones para frenar la segunda ola de covid-19, donde en apenas 250 metros se arremolinan hasta diez locales de este tipo.

Los populares gobiernan la Comunidad desde 1995. Entre 2008 y 2019, Fernando Prats, exdirector de tributos y ordenación del juego, fue el cerebro del avance del sector de en la región. Prats, funcionario del cuerpo de inspectores de Hacienda, fue destituido hace un año, pero en su despedida al sector del juego dijo sentirse orgulloso de haber propiciado ese avance desde el Gobierno madrileño.

Existen varias conexiones entre dirigentes del PP y las empresas del sector del juego, como señala el periodista Luis Díez en el libro ¡Jugad, malditos, jugad! (Akal, 2020), una radiografía de la evolución de industria en España. “Son los exministros Pío Cabanillas y Rafael Catalá; el presidente autonómico de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y, entre otros personajes relevantes, el exdiputado y responsable del Cargo Popular, una entelequia encargada de combatir la corrupción, Andrés Ayala Sánchez”.

Este periodista, con 20 años de experiencia como corresponsal político en El Periódico de Cataluña, señala que Catalá y Cabanillas están “al servicio” de Codere, una de las grandes multinacionales españolas del juego creada en los años 80 por los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, en colaboración con los también hermanos Franco Muñoz, propietarios de Recreativos Franco.

Los tentáculos de Codere en la política, no obstante, han intentado ir más allá de Catalá y Cabanillas. El diario estadounidense Bloomberg publicó en 2013 una información en la que señaló que Hacienda, capitaneado entonces por el también exministro del PP Cristóbal Montoro, dio trato de favor a la empresa en la concesión de licencias de juego con el argumento de que la compañía contaba entre sus asesores con la firma Equipo Económico, vinculada a un hermano del ministro. El revuelo fue tal que Hacienda se querelló contra el medio.

Catalá y Cabanillas apostaron a Codere

El desembarco de Rafael Catalá en el juego procedente de la política generó controversia. El exministro de Justicia fue fichado por Codere en 2019 como asesor jurídico, una vez José Antonio Martínez Sampedro fue relevado del control de la empresa por los fondos de inversión que tomaron el control de la compañía.

Fuentes conocedoras del sector lanzan la sospecha de que Catalá intentó con ese salto acceder a un puesto bien remunerado que no le ha salido del todo bien. En la práctica, el extitular de Justicia es un lobista valioso para la empresa tras años de dedicación a la política y de actividad en el Congreso, donde nacen las leyes.

No era, en todo caso, el primer contacto de Catalá con Codere. Entre 2005 y 2011, ya con el PP en manos de Mariano Rajoy, fue secretario del consejo de administración de la multinacional. “Los propietarios de Codere tenían hilo directo con el nuevo dirigente Rajoy a través de Catalá”, narra Díez en su libro.

Pío Cabanillas, exministro portavoz del Gobierno de José María Aznar, también se vinculó a Codere en 2016 como representante de los Martínez Sampedro en el consejo de administración. El excolega de Catalá entró en la empresa a través de Masampe S.L., una sociedad de los Martínez Sampedro que posee una parte minoritaria del capital de la multinacional del juego.

“Cabanillas se convirtió en mayordomo de confianza de los Martínez Sampedro, que le incorporaron a su sociedad patrimonial, Masampe, y le nombraron consejero de Codere. Además de su retribución obtuvo importantes contratos de la operadora para su empresa particular. En 2017 facturó 373.000 euros a Codere por servicios de ‘asesoría institucional, comunicación, marketing y otros’, según la documentación aportada por la sociedad de apuestas y juegos de azar. Los Martínez Sampedro atravesaban un momento delicado, Codere acumulaba pérdidas y necesitaban relanzar su imagen. Y para esa misión eligieron a Cabanillas”, cuenta Díez en el libro.

El nexo madrileño

Fernando Prats, el artífice de la eclosión del juego en la Comunidad de Madrid, ha sido uno de los invitados habituales a las conferencias de la industria. En algunas de ellas estuvo acompañado por el exministro de Justicia, Rafael Catalá. En 2009 compartieron mesa en un acto cuando Catalá era vocal del patronato de la Fundación Codere.

Cuatro años después, la escena se repitió. Los dos presentaron el anuario de la Fundación, que realiza en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid. La diferencia es que, en esta ocasión, Catalá ya estaba en el Gobierno de Mariano Rajoy. Era el flamante nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte.

La idea del Gobierno autonómico de Madrid es presentar una nueva ley del juego para la Comunidad que proteja especialmente a los menores y a las personas vulnerables de la adicción y la ludopatía. Una línea de acción diferente a la que mantuvo Prats hasta su cese. La oposición le ha afeado querer ir más allá incluso que la patronal del sector.

“Fue la correa de transmisión del sector del juego en Madrid. Solo respondía en revistas y medios del sector. No quiso ser entrevistado en Telemadrid, la televisión pública. Se vanagloriaba de haber bajado los impuestos al bingo y reconocer que, aunque quien salía perdiendo era la Comunidad, si al sector le iba bien él se daba por satisfecho. Quería trasladar máquinas de apuestas a bares... su enfoque fue meramente empresarial y no tuvo nunca una visión social sobre el juego. Él defendía que era un negocio como otro cualquiera”, cuenta Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid en la Asamblea que se enfrentó a él en algunas ocasiones.

Ayala y el gigante murciano Orenes

Codere, no obstante, no es la única gran empresa del juego que tiene nexos con los populares. El grupo de bingos y casinos murciano Orenes tuvo como consejera en tres filiales de la empresa a la esposa del entonces diputado del PP por Murcia Andrés Ayala, quien también fue jefe de ética del partido.

La empresa consiguió que Aena le adjudicara un contrato para explotar hasta 2025 dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga. Casualmente, Ayala era en ese momento portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso y socio de la empresa murciana en varios casinos.

“Los murcianos explotaban el Casino Rincón de Pepe, poseían influencia política en la región, convirtieron en socio de sus negocios al abogado cartagenero especialista en recalificaciones urbanísticas y concesiones administrativas Andrés Ayala, un preboste que fue diputado del PP, y tenían el viento a favor para ampliar su presencia (salones y casinos) en varias autonomías con Gobiernos de derechas”, cuenta Díez.

Núñez Feijóo, Luckia y la trama Gürtel

Las relaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente de Luckia, José González Fuentes, considerado el emperador gallego del juego son conocidas. Egasa, la sociedad matriz de los hermanos González Fuentes, aparece en el sumario judicial de la trama Gürtel como donante de 100.000 euros al PP. “Se trata de la única prueba de engrase o dopaje del partido conservador desde el emporio timbal de los González Fuentes”, detalla Díez, quien añade: “En la trama Gürtel aparecen los señores de Luckia como donantes de la ‘caja B’ del PP”.

En ese mismo año, con Alberto Núñez Feijóo ya en la presidencia del PP gallego, el grupo Egasa recibió la autorización para explotar las apuestas deportivas en Galicia. Y, en febrero de 2010, se hizo con el casino vigués de la isla de La Toja tras recibir la autorización de la Xunta vía concesión administrativa. Hace dos años, José González Fuentes, presidente del grupo Luckia, recibió el galardón Liderazgo Empresarial que concede la Confederación de Empresarios de A Coruña de la mano del presidente de la Xunta.

“Los narcos del juego —salones de apuestas, empresas operadoras de juego por internet— ofrecen su mierda a los más vulnerables. Instalan sus negocios en las zonas pobres de las ciudades, cerca de colegios, junto a institutos de secundaria, donde saben que venderán su mercancía con mayor facilidad y que conseguirán más clientes. Se anuncian en la televisión en horario infantil. Y contratan a ídolos de adolescentes como Cristiano Ronaldo o Rafael Nadal para que aparezcan en sus spots. Diseñan juegos cada vez más adictivos, con ciclos más rápidos, más trepidantes, y los ponen a disposición de cualquiera: en los teléfonos móviles, en las calles, sin que las restricciones a los menores supongan ningún problema”, lamenta Díez.

Mañueco trabajó antes en el juego

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, abogado salmantino de larga trayectoria política en el PP, se afilió al partido con 18 años. En 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo.

“Al colocarle al frente de la Fundación Social del Juego, el operador Ballesteros no sólo estrechaba sus relaciones de confianza con Mañueco, sino que le hacía partícipe de las decisiones de los patrones de la entidad sobre el destino de los donativos voluntarios y desgravables de los empresarios del sector”, cuenta Díez.

“El amarre de los Martínez Sampedro resistía bien los vientos”

El periodista Luis Díez señala más acercamientos de Codere: “Hay que sumar los fichajes de Juan Junquera, secretario de Estado con José Luis Rodríguez Zapatero de jefe del Gobierno, y José Ignacio Cases, secretario general de la Comisión Nacional del Juego en los años ochenta. El amarre de los Martínez Sampedro resistía bien los vientos. El profesor Cases impulsó informes y estudios muy valorados sobre el impacto social del juego antes de que los nuevos directivos de Codere liquidaran la fundación del mismo nombre”.

Uno de los grandes conocedores de la industria del juego en España es el sociólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, José Antonio Gómez Yáñez, señalado por el autor de ¡Jugad, malditos, jugad!, por ser un infiltrado del sector en el mundo académico junto con Cases, profesor emérito de Ciencia Política en la misma universidad. “A los Martínez les Sampedro gustaba tener relación con la política”, reconoce Gómez Yáñez a este diario.

El sociólogo en la Universidad Carlos III, autor de los informes de percepción social del juego en España que realiza la Fundación Codere, no titubea y cree que la medida de la Comunidad de Madrid de mantener abierto el juego en las salones de apuestas obedece a un intento de Isabel Díaz Ayuso de proteger a un lucrativo sector.

“Hace un año, siete patronales del juego en Madrid me preguntaron si tenía información sobre el juego en la región. Y redacté un informe en el que reflejé la realidad: que el problema del juego problemático lo tienen 93 personas y que la industria genera alrededor de 300 millones de euros, de los que 150 van a parar al Estado en forma de impuestos”, arguye Gómez Yáñez, quien es visto como una especie de emisario del sector en el mundo universitario por Luis Díez; algo que el propio profesor universitario califica de “teoría de la conspiración”.

Dentro de dos semanas se sabrá si ha estallado la mezcla explosiva de casas de apuestas y bares abiertos con parques cerrados en los lugares confinados. Los locales de apuestas se amontonan, precisamente, en los sitios cerrados de la región, que, de nuevo, coinciden con los de menor renta, mayor inmigración y mayor incidencia de coronavirus.